En segunda instancia, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, ordenó al Instituto de Vivienda de Paipa (Boyacá), restablecer a los dineros de la fiducia que corresponde al proyecto Torres del Silencio (dineros públicos de Casanare), los cuales estaban embargados como parte de los bienes del constructor Iader Barrios.

La decisión se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por la Gobernación de Casanare, y revocando el fallo en primera instancia del 27 de diciembre de 2016, proferido por el Juzgado Primero Penal de Adolescentes de Yopal, donde se negaba el amparo de los derechos de los beneficiarios.

Estos dineros estaban bajo medida de embargo desde el mes de septiembre de 2016, informó la jefe de Defensa Judicial del Departamento, Nidia Larrota, quien resaltó que en la segunda instancia se tutelaron derechos fundamentales como la vida, la vivienda en condiciones dignas, así como los de niños, niñas y adolescentes y demás personas en especial protección.

Dicho embargo se hizo contra Barrios por incumplimientos en proyectos de vivienda en el municipio boyacense, pero se incluyó el contrato con la Fiduciaria Sudameris, que se refiere a Torres del Silencio, por lo que la Gobernación de Casanare interpuso la tutela.

Jefe Defensa Judicial sobre tutela

La querella de lanzamiento

Por otro lado Larrota confirmó que está radicada la solicitud de lanzamiento del proyecto, ante la Inspección Segunda de Policía de Yopal, considerando además que en los apartamentos están viviendo personas ajenas a la lista que tiene el Idury de los adjudicatarios de los 400 subsidios.

“Con ellos se ha venido conciliando, pero hay quienes han venido incentivando a terceros ajenos al proyecto para que vayan y se asienten”, dijo la jefe de Defensa Judicial.

Sin embargo está en manos de la inspectora de policía el desarrollo del desalojo, del que están sujetos todos los actuales habitantes, pero respetando los derechos (en especial de niños y personas protegidas).

No obstante Larrota resaltó que “la consigna del señor Gobernador es que los beneficiarios no salgan por ningún motivo damnificados”.

Larrota explica solicitud de desalojo