Las vías de hecho tomadas por los beneficiarios de Torres del Silencio al posesionarse de los apartamentos sin estar finalizada la obra, son un problema social ocasionado por la mala planeación de las administraciones anteriores en el manejo de un convenio de cogestión colmado de inconvenientes e incumplimientos, todo el estudio jurídico y técnico levantado por la Gobernación ha sido socializado en una mesa permanente donde participan los representantes de los beneficiarios. El convenio continúa suspendido y las razones han sido totalmente públicas e informadas a la comunidad.

Se debe recordar que Josué Alirio Barrera gobernador de Casanare, se ha reunido en cuatro ocasiones buscando soluciones de todo tipo, se consiguió una pre-aprobación por parte de la aseguradora, de poder realizar entregas parciales, para que las familias beneficiadas puedan hacer ocupación de los apartamentos que ya están terminados, pero a la fecha no se ha podido realizar, a causa de la falta de un cronograma de actividades por parte del cogestor y su posterior aprobación por parte de la interventoría.

Recordemos que las familias la cuales realizaron su posesión de forma indebida, están faltando a uno de los compromisos pactados en las reuniones, y ponen en peligro su vida e integridad, adicionalmente entorpecen más el proceso que se surte para poder terminar el proyecto de Vivienda.

Por otra parte, la Fiduciaria no ha dado una respuesta definitiva a la petición de devolución de los recursos girados por concepto de subsidios, con los cuales se podrán culminar las obras faltantes, dicha solicitud expiró y la única respuesta de la fiducia es que el proceso está en estudio por parte de su Oficina Jurídica.

El trabajo de la actual Administración se evidencia en las mesas técnicas, en las cuales participan la Gobernación de Casanare, el IDURY y los líderes de los beneficiarios. Donde se ha estado a la espera de la respuesta tanto de la aseguradora como de la fiducia y del cronograma por parte del cogestor y la interventoría, con el fin de poder firmar la octava prorroga a dicho convenio, que sería supervisada y se exigiría su estricto cumplimiento, manteniendo la mesa técnica permanente, con participación de la comunidad como veeduría.