De los aproximados ocho millones de víctimas del conflicto armado que existen en el país, 70 mil pertenecen al departamento de Casanare.

Según Diana Patricia Puentes, Defensora del pueblo en el departamento, en ese órgano constitucional, se atienden cerca de 50 víctimas por desplazamiento, que provienen en su mayoría del departamento de Arauca y de otros municipios del interior de esta localidad, hacia Yopal.

La cifra fue dada a conocer en el marco del primer foro que se desarrolló para examinar estrategias de empleo para las víctimas del conflicto armado. Gabriel Bustamante, Subdirector de participación para la Unidad Nacional de Víctimas, dijo que la situación para éste tipo de población está en una etapa de cambios institucionales.

El procedimiento para aplicar la estrategia de empleabilidad se realizará según diagnostico que tiene por objetivo combatir la miseria rural.

Teniendo en cuenta que “no es lo mismo hablar de empleo en Bogotá que hablar de trabajo en otros departamentos, las estrategias de empleabilidad serán aterrizadas a las necesidades, características y fortalezas de cada región” indicó el funcionario de la Unidad Nacional de Víctimas.

Lo anterior de cara a la política pública de empleo que ordenó la Corte Constitucional y que el Gobierno Nacional deberá trabajar en complemento con las alcaldías y la administración departamental.

Dijo Bustamante que aunque en éste gobierno las víctimas del conflicto son prioridad, los vacíos siguen siendo inmensos.

Según la Defensora, un proceso de reparación es todavía demorado. “Se hace la solicitud por parte de la víctima, se hace luego la declaración, luego el sistema se tarda seis meses para declarar la condición y otro tanto para la indemnización dependiendo el caso”.

Todas las declaraciones que se reciben en la Defensoría del pueblo son remitidas a la Unidad Nacional de Víctimas, la cual se encarga del resto del proceso.

La estrategia de empleo tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes víctimas del conflicto a manos de los grupos al margen de la ley que existen en el país.