Debido a una tutela emprendida por la Defensoría del Pueblo con respecto a la problemática de salud, seguridad alimentaria y agua potable y saneamiento básico de los resguardos indígenas de Caño Mochuelo, se cumplió ayer una audiencia informativa en el Tribunal Administrativo de Casanare.

Cada entidad involucrada respondió dentro del marco de sus competencias y con ocasión a ellos el magistrado Nestor Trujillo hizo solicitudes puntuales frente a los informes presentados por las mismas.

El gobernador del resguardo, Gerardo Alí Rodríguez indicó que lo que se busca es que haya un diálogo directo entre la comunidad y las entidades para que se conozcan y a su vez se concrete conjuntamente soluciones aplicables a su territorio de las problemáticas que afectan la calidad de vida de los 3350 indígenas. 

En la audiencia se conoció por parte de la ingeniera Pilar Perilla sobre una planta potabilizadora a la cual se le dio continuidad en esta administración para el tema del agua en el resguardo la Esmeralda, que tiene comunidades divididas entre Paz de Ariporo y Hato Corozal.

En cuanto al tema de salud se indicó que es urgente la atención en primer nivel y de urgencias así como de evacuación de pacientes a Capresoca.

Por otro lado,  el representante de Acuatodos expuso en la audiencia que se está haciendo un estudio en el resguardo para ver la situación de pozos que se construyeron en años anteriores y según los resultados poder arrojar un plan de acción.

En la audiencia se dio a conocer sobre una sanción que tiene el territorio debido a unas inversiones que se hicieron por parte del Gobierno Nacional y que no mostraron resultados.  Por esta razón el Ministerio no tiene contemplado el giro de recursos para ayudar a mitigar el impacto de las problemáticas de salud pública que afronta esta comunidad.

También se dio a conocer sobre una situación que tiene que ver con el hurto de paneles solares y filtros  que no aparecieron en una verificación que se realizó después de haber instalado unas plantas para el tema del agua en el lugar. Se culpa de la desaparición de estos elementos a los mismos indígenas teniendo en cuenta que al lugar nadie más tiene acceso. Frente a éstas conjeturas el gobernador dijo que “hace seis años  fueron entregadas dichas  plantas y debido a que  cumplieron su ciclo de vida  y se dañaron cada familia utilizó esos equipos como ellos creían que podían funcionar, ese es el resultado de que no se socialice ni se concrete antes de realizar o entregar cualquier obra a la comunidad”.

Y es que según el gobernador del resguardo, todas las inversiones y decisiones  que han tomado las Administraciones  Departamentales y Municipales se han hecho sin consultar a los indígenas de sus necesidades y estas tienen que ser aplicables de acuerdo al territorio y a su cultura.

El magistrado Néstor Trujillo indicó que se está trabajando en la logística para el desplazamiento y realización de una inspección judicial en el lugar con el fin de oír a los capitanes y verificar directamente en la fuente el estado de la situación  y así tomar una decisión la próxima semana con respecto al caso.