Como fallida, fue decretada la audiencia de pacto de cumplimiento entre las empresas C&C, Pacific Rubiales Energy  y  habitantes del estero Matemarrano del municipio de Orocué, por el presidente del Tribunal Administrativo de Casanare,  magistrado, Héctor Alfonso Ángel Ángel.

La diligencia responde, a la  Acción Popular presentada  por la procuradora Ambiental Jenny Mancera y  representantes de la comunidad,  contra las  compañías operadoras  por supuesto daño ecológico  al pantano, causado por la cercanía de la plataforma de operaciones a menos de 100 metros de la cuota de inundación permitida por la norma, el comportamiento de la cañada aledaña al estero y que fue afectada a través del desvío del cauce, y el puente sobre el caño Canacabanare, que  no cumple condiciones técnicas  en invierno y provoca represamiento de agua e inundaciones en sectores aledaños.

De otra parte, se cumplieron dos visitas   del Tribunal Administrativo de Casanare al estero  en épocas de verano e invierno para  observar el comportamiento del sector y  sumar pruebas  que permitan comprobar los daños al ecosistema  y se convocó a las partes al pacto de cumplimiento.

De la audiencia

El pacto de cumplimiento se sustenta  Ley  472 de 1998, que regula las acciones populares, permite que las parte involucradas en  proceso que protege os derechos colectivos y  del medio ambiente, puedan llegar a un acuerdo para cómo hacer cesar o remediar los daños ocasionados.

Según el magistrado  Ángel Ángel, las empresas presentaron durante la audiencia propuestas aceptables, pero  los autores de la Acción Popular no las admitieron,  por lo que se les concedió a las partes 45 minutos para que  evaluaran, pero finalmente no llegaron a un acuerdo, razón por la cual se declaró fallida la diligencia  de  pacto de cumplimiento  por lo que se  procederá   a continuar el proceso y decretar las pruebas.

Agregó el juez, que  es posible que en las pruebas la acción popular tenga una duración bastante larga, considerando que es primera instancia y tendrá una segunda instancia ante el Consejo de Estado, no se puede calcular el tiempo en que se remedie la situación.

Accionantes

De otra parte, Gustavo  Adolfo Torres, accionante  y representante  de la comunidad del sector indicó que no estuvieron  de acuerdo con la propuesta de las empresas operadoras, puesto que se trataba de construir con sacos de arena un dique para dividir las aguas de la piscina donde está ubicada la plataforma para evitar que las aguas se mezclen con las del estero.

Agregó el  ambientalista, que en este caso es una división aparente puesto que  las corrientes internas  de agua finalmente  permitirán que se filtren y mezclen las aguas nuevamente y de otra forma las aguas siempre buscaran su cauce en el afluente.

Indicó el líder que se exigieron ahora pruebas en  concentración de HidrocarburosAromáticos Policíclicos (HAP)  yFenoles.

En cuanto a líneas de flujo, aceptaron  la propuesta de  levantarlas en los marcos H, pero no se escuchó ninguna oferta en cuanto al desvío del cauce y puente sobre el caño Canacabare.

Concluyó el ambientalista que espera se acepten las pruebas solicitadas y hacer un estudio técnico para recuperar el  estero Matemarrano.