El presidente del Tribunal Administrativo de Casanare, magistrado, Héctor Alfonso Ángel Ángel, decretó fallida la diligencia de pacto de cumplimiento, entre la empresa Perenco y los demandantes de la comunidad del Tesoro del Bubuy del municipio de Aguazul, por contaminación al medio ambiente, a través de las operaciones de la  compañía en el sector.

Según Ángel Ángel, a pesar de los argumentos y propuestas  de la compañía para remediar  los perjuicios al ecosistema del lugar, no se  cumple con las exigencias de la comunidad.

Concluyó el magistrado que a través de un auto se decretarán las pruebas para practicar dentro del resto del proceso.

Qué dice Perenco

Durante la diligencia, Santiago Reyes, representante de  Perenco, consideró que el resultado del procedimiento se debió a la falta de voluntad de los autores de la acción popular  de llegar a un acuerdo, lo que seguramente responde a intereses distintos.

Agregó el  profesional que dentro de los compromisos la empresa  ha realizado el repoblamiento forestal de áreas afectadas   superior a las exigencias de  la norma, repoblamiento de fauna silvestre propia del lugar,  revisión anual a las tuberías instaladas a través de un  equipo trabajo especialistas  y una suficiencia en reportes y planeación que permite una operación óptima.

Concluyó que no es cierto que Perenco esté tomando represalias contra los demandantes, incluyéndolos en listas negras para que se les niegue el trabajo en la compañía.

Habla la comunidad

Para  Germán Ladino, coadyuvante de la acción popular, la empresa Perenco, sigue incumpliendo los compromisos y causando un daño ambiental de impacto nacional y avanza en un solo punto  de los  40 compromisos acordados.

Agregó el líder que la compañía ha soslayado la disponibilidad de tiempo que han brindado la comunidad para reunirse y conocer con detalles de la información del desarrollo de los compromisos  que según las directrices del ANLA, deben ser  enviada 15 días antes  para ser evaluada por la comunidad, presentando un paquete extenso de información durante la audiencia.

Concluyó el coadyuvante, que se les ha negado a los autores de la acción popular la posibilidad de trabajar en el sector  y enfatizo en que las pruebas serán contundentes para dar la razón a la comunidad en cuanto a las arbitrariedades de la operadora.