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La lluvia no fue impedimento para que más de 1.200 presidentes de las Juntas de Acción (JAC) Comunal de las 18 veredas del corregimiento El Morro y de todo el departamento se
 movilizaran pacíficamente para sentar su voz de protesta en contra de la Ley 1636 de 2013 del Gobierno Nacional, la cual regula la intermediación laboral de la industria petrolera a través de las bolsas públicas de empleo.

Los dirigentes de las JAC armados con pancartas, de a caballo y con arengas alusivas a la función comunal se concentraron desde las 8:00 de la mañana en inmediaciones del puente La Cabuya a la altura de la Marginal de la Selva en Yopal, punto de encuentro donde se inició un recorrido pacífico por las principales calles del municipio y que terminó hacia el mediodía con un plantón a las afueras del edificio de la Gobernación de Casanare.

Lucas Mendoza, dirigente de la vereda La Vega aseguró que la marcha es justificada “porque con la expedición de esa Ley se están vulnerando los derechos de las Juntas de Acción Comunal en los manejos de la territorialidad, por lo que se está arrebatando la autonomía de los organismo comunales. Nos quitan de lado”.

El dirigente fue claro al señalar que “es un llamado para que el Gobierno Nacional en aras de sentarse a dialogar con las Juntas de Acción Comunal, busque un mecanismo en igualdad de condiciones que les permita garantizar la oportunidad de empleo de la mano no calificada y calificada de las comunidades que estas representan, lo que se busca es que se no se expidan leyes desde un escritorio”.

Asimismo, aseguró que la movilización es el escenario propicio para que los comunales rechacen los señalamientos y calificativos de corruptos a los que se han visto expuestos ante la presunta compra y venta de cupos laborales.

“Exigimos respeto, no pueden señalarnos y estigmatizarnos a todos, si se está incurriendo en irregularidades para eso están los organismos de control competentes que se encargarán de realizar las investigaciones, pero no pueden partir de supuestos sin las averiguaciones pertinentes”, añadió.

A pesar del anuncio hecho en Yopal en días anteriores por el del Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón de prorrogar por dos años la aplicabilidad de esta Ley Lucas Mendoza señaló que, “debe consolidarse una iniciativa tendiente a apoyar a los comunales y no que se someta a través de mecanismos jurídicos que no nos sirven”.
Reiteró que, “movilizaciones pacíficas como estas se seguirán dando en el departamento, al punto que se pretende ampliarlas hasta tanto se llegue a la mesa de concertación en la que se trataran los puntos de convergencia”.

 

 

En el marco del debate para evaluar y conocer los avances de la negociación en relación con las instalaciones de la Institución Educativa Centro Social  La Presentación, el Concejo de Yopal pidió a la Diócesis  ceder los terrenos del colegio al Municipio.

“La comunidad educativa del Centro Social es la más afectada  pero tratándose de un bien inmaterial colectivo, de gran arraigo y tradición que ha representado un gran aporte a la academia es necesario que Monseñor, consulte con sus superiores y se devuelva  esta propiedad al municipio para que el Colegio pueda crecer y se fortalezca”, dijo el concejal Fabio Suárez

Por su parte  Monseñor Misael Vacca Ramírez dijo que algunas personas desconocen  el aporte histórico a la educación de la Iglesia , “se ha realizado en Casanare un importante aporte, llegando a donde el Estado no llega por las distancias, con alta calidad académica, ética y moral”.

Agregó que en relación con el  Centro Social  La Presentación, ha participado personalmente o a través de sus delegados en las reuniones convocadas para dar solución a la situación  y recordó que en la reunión realizada en octubre con el  Alcalde de Yopal se acordó un canon de arrendamiento.

Concluyó que no puede hacer obras de caridad con lo ajeno, “quisiera regalar a la comunidad este bien, pero no lo puedo hacer, por no soy el dueño  de los bienes de la diócesis, soy administrador  de los mismos y no puedo comprometerme de manera irresponsable”, indicó.

Los padres de familia, docentes, el personero y la rectora del Centro Social, afirmaron que hay desconcierto total por  los oídos sordos que la Administración y la Diócesis han hecho a sus constantes peticiones para que se defina la situación de la institución que  requiere la propiedad de las instalaciones, para brindar estabilidad a los más de 2000 alumnos, poder ampliar la planta física y aumentar el cupo de alumnos.

 

Quedó ejecutoriada la  resolución de la Delegación Departamental de la Registraduría, sobre  el proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Paz de Ariporo Edgar Bejarano, con lo que se da vía libre para que la actividad se cumpla y se inicien los trámites para efectuar la votación respectiva.

Julio Balanta Mina delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, explicó que la resolución quedó ejecutoriada, con fecha 21 de octubre y ahora se enviará la documentación sobre esta decisión, al registrador municipal, para que una vez recibidos documentos, se de trámite a todo el calendario y demás aspectos técnicos que tienen que ver con la realización de la elección, con la que los paz de ariporeños definirán el futuro de su alcalde.

Julio Balanta precisó que ejecutoriada esta sentencia en la vía gubernativa  administrativa, por parte de la Registraduría no se tienen más recursos en este caso.

Explicó  Balanta que ahora deberá  venir la convocatoria para efectuar el proceso respectivo, en un término no superior a 60 días.

Obviamente en los tribunales y justicia ordinaria, se podría eventualmente presentar alguna acción, que pudiera admitirse, pero esto tendría otro trámite y sus términos corresponderían al tipo de recurso que se presentase.

Edgar Bejarano ha manifestado que se han tenido más de 1600 inconsistencias con las firmas recogidas y ha buscado alargar en el tiempo la realización del proceso.

El delegado de la Registraduría manifestó al respecto, que todas esas solicitudes de revisión de firmas se hizo por parte de la Registraduría, con presencia de los abogados de Bejarano y no se comprobó ninguna de estas apreciaciones.

Frente a una nuevo intento por impedir la realización de la revocatoria, con una acción, como la antes referida,  que se pudiese presentar por parte de los abogados del alcalde, analistas del tema le ven pocas probabilidades de salir avante.

A esto se suma el actual paro judicial y la cercanía de la vacancia judicial.

Queda pendiente entonces la fijación de la fecha para los comicios, situación que debe conocerse en muy pocos días.

En conclusión la suerte de la revocatoria en la práctica no tiene reversa y el alcalde deberá someterse al escrutinio público, si están satisfechos con su mandato o este se debe revocar.

 

 Por amenazas de grupos de delincuencia común en Nunchía, varias  familias han llegado desplazadas a Yopal,  denunció el  personero Juan Manuel Nosa, quien prendió las alarmas por esta compleja situación que se viene presentando hace varios meses, y que no ha tenido la acción adecuada por parte de las autoridades para controlarla.

Las familias que llegaron ayer, corresponden a personas residentes en las veredas Barranquillita, Tacare,  y Caño Hondo, quienes manifiestan que la situación es alarmante porque existe un grupo que se autodenomina  las águilas negras y ha venido extorsionando.

Precisó el funcionario  que las familias han debido abandonar sus predios porque los integrantes de estas bandas chantajean, amenazan y matan.

El personero de Yopal confirmó  que ya se han presentado dos casos de muertes de campesinos, por presiones de extorsiones, lo que genera  una preocupación general.

Pidió la pronta actuación de las autoridades de Policía y el Ejército para que protejan a estas personas ya que hasta el momento solo se han tenido Consejos de Seguridad y declaraciones radiales, de los comandantes pero sin efectividad en el accionar contra los delincuentes.

“Los ciudadanos de estas zonas rurales de Nunchía requieren medidas efectivas y  prontas, para que se eviten nuevos desplazamientos, por amenazas de personas que no se sabe de dónde vienen”, indicó  Nosa.

Las denuncias del personero de Yopal habían sido hechas por su colega de Nunchía, Norberto Martínez en meses anteriores, quien ya había advertido estos hechos, pero al final todo se fue en reuniones y posteriores justificaciones de las autoridades que al final no han dejado ningún resultado positivo.

En Yopal se teme que se pueda presentar la llegada de más familias, por cuanto se ha conocido que las amenazas rondan varias veredas del plano de este municipio del norte del Casanare.

 

La medida de restricción en la circulación de motocicletas que irá desde las 11:00 de la noche y las 4:00 am durante el fin de semana y los días festivos en Yopal, pretende reducir los altos índices de accidentalidad de la ciudad.

Por ahora se espera que la Administración Municipal expida el Decreto con el que entrará en vigencia la prohibición del tránsito de motocicletas durante los días viernes, sábados, domingos y festivos por lo que resta del 2014.

Así lo informó, Domingo Conde Rueda, secretario de Gobierno Municipal, luego de un Consejo de Seguridad realizado el día anterior y en el que se adoptaron las medidas para salvaguardar la integridad y seguridad de la ciudadanía.

“Inicialmente teníamos previstas dos propuestas para la restricción de las motocicletas, la primera era prohibir la el tránsito de estos vehículos con parrillero hombre en las zonas comerciales y bancarias de la ciudad, iniciativa que fue analizada pero por ahora se determinó que  no va, una segunda alternativa era restringir la circulación de estos vehículos en horas de la noche, la cual fue adoptada de manera justificada”, dijo el funcionario.

Agregó Conde Rueda  que es una medida pertinente y necesaria para la ciudad partiendo de las estadísticas de accidentalidad que durante los fines de semana se elevan a más del 100% producto del consumo de licor.

Cifras del CRUE

Jorge Álvarez, líder  del Centro Regulador de Urgencias del Departamento, CRUE, informó que a corte 30 de septiembre de 2014 se han atendido 1.828 accidentes de tránsito, cifra que posiblemente podría aumentar a más de 2.500 eventos al final del año.

“Las estadísticas van en alza, de los 3.400 eventos de atención hospitalaria que el CRUE ha atendido en este año, el 54% corresponde a accidentes de tránsito”.

Añadió el líder del CRUE que los eventos de accidentalidad en la ciudad aumentan durante los fines de semana con mayor frecuencia en las principales avenidas del municipio (Calle 24, carrera 29, calle 30 y carrera 23).

“Antes los fines de semana atendíamos entre cinco y ocho accidentes, hoy la cifra aumentó a 45 y en algunas oportunidades a 54 eventos”, dijo Álvarez.

¿Qué opinan los motociclistas?

Las primeras reacciones de inconformismo  ante esta medida que será adoptada por la Administración Municipal al parecer durante este fin de semana no se hicieron esperar por los motociclistas, trabajadores de laboran en jornada nocturna (bares, establecimientos de comidas rápidas), estudiantes y comunidad en general.

“Para el alcalde la única media que hay para reducir la accidentalidad es arremeter en contra de los motociclistas a sabiendas que no solo las motos causan accidentes en la ciudad, los carros también se ven envueltos en situaciones lamentables”, dijo un motociclista.

Asimismo, hay quienes consideran que verán afectadas sus actividades académicas con la restricción de estos vehículos en las horas de la noche y los días festivos “los estudiantes de la jornada nocturna de educación superior y quienes validan el bachillerato se verán directamente afectados ya que la mayoría utiliza las motocicletas como medio de transporte porque a esa hora no hay servicio de colectivo, si bien es cierto existen los taxis, pero todos no pueden pagar esas tarifas”, señaló un docente universitario.

 

 

 

Con el fin de hacerle frente  durante 120 días a los delitos de alto impacto que se vienen presentando en Yopal y contrarrestar el abigeato en el sector rural, 150 uniformados de la Policía Nacional llegaron al Comando de Policía en Casanare.

“La estrategia hace parte  del Plan de Choque de fin de año, diseñado por la Dirección de la Policía y el Gobierno Nacional para ampliar el pie de fuerza en la calle y combatir  los ‘puntos calientes’ en 11 ciudades del país donde se concentran  los mayores delitos”, dijo el General Álvaro Pico Malaver, Comandante de la Regional 7 de la Policía.

Señaló el alto oficial que es un compromiso garantizar que este fin de año se pueda lograr efectivos planes y programas que reduzcan la criminalidad, lo que genera un parte de  tranquilidad y  de seguridad ciudadana. “Es la optimización del servicio en aquellos lugares donde se presentan los delitos”.

Frente  a los índices de inseguridad  de Yopal en comparación con otras capitales que hacen parte de  la Regional 7  Pico Malaver indicó que  según los registros que tiene  la Policía no reporta  altísima preocupación. “No es una de las ciudades con mayor afectación delincuencial o criminal, por lo que no es priorizada para la aplicación de estos planes, no obstante conocemos la situación y estamos trabajando para ello”, añadió.

 

Delitos a combatir

Por su parte, el Coronel Jairo López Borda, Comandante (e) del Departamento Policía en Casanare señaló que con la ampliación del pie de fuerza en la ciudad se van a contrarrestar los hechos delictivos que se presentan en sitios identificados por la ciudadanía y los uniformados.

Serán seis los focos delictivos a reducir en la capital de departamento: hurto en todas sus modalidades, micro tráfico, consumo de estupefacientes, micro extorsión, homicidio y  abigeato. Al robo de ganado se le hará frente  a través del apoyo del Escuadrón Móvil de Carabineros, EMCAR, que estará integrado por 50 uniformados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal negó por improcedente la tutela presentada por Carmen Oliva Ayala Herreño y otros firmantes, beneficiarios de la Ciudadela La Bendición, contra Corporinoquia, por la suspensión del uso del agua de los pozos profundos construidos en el sector.

La suspensión del servicio por parte de la Corporación se dio el pasado 20 de septiembre en cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo 200-57-14-07-80 del 12 de mayo de 2014 que ordena la suspensión de extracción de agua de pozos profundos por no contar con permisos ambientales.

Los accionantes solicitaban con la tutela que en amparo de sus derechos fundamentales se ordenara a quien correspondiera ejecutar medidas provisionales que se consideraran pertinentes e idóneas para garantizar el acceso al agua y al mínimo vital, de todos los habitante de La Bendición, ya sea la suspensión provisional del acto administrativo o el abastecimiento transitorio con pilas públicas o carrotanques o la medida que el juez considerara adecuada.

En contestación el jefe de la oficina jurídica de la Corporinoquia sostuvo que la tutela debía ser negada por improcedente debido a que se pretendía el amparo de derechos colectivos, cuya finalidad no correspondía a su esencia, además siendo un mecanismo subsidiario no podía desconocer ni sustituir los procedimientos contemplados para solucionar controversias como la planteada por los tutelantes.

Considera el Tribunal Superior Judicial de Yopal que “la tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar la solución a tan grave problemática, donde se hallan involucradas eventuales responsabilidades tanto del constructor a quien se le impone medida preventiva, como de las autoridades locales que han permitido la realización de un proyecto de vivienda a gran escala sin las licencias y permisos debidos, como el caso específico de la falta de concesión de aguas, de licencia para utilizar aguas subterráneas que le pertenecen al Estado, entre otros, tampoco puede servir la tutela, bajo la apariencia de solucionar un tema de suministro de agua a muchos pobladores del lugar para sanear irregularidades del constructor, y menos para evitar que las autoridades ambientales ejerzan sus funciones e incluso impongan sanciones de tipo administrativo, porque todo ese tema obedece a una regulación propia de carácter administrativo”.

También contempla que “no se puede pretender que por medio de la tutela se deje sin efectos un acto administrativo de competencia administrativa de una autoridad ambiental como Corporinoquia, y menos aún imponerle cargas a la misma, como si dentro de sus funciones estuviera la garantía de prestación y acceso a servicios públicos como el agua potable”.

Para el Tribunal, frente al caso existe un  mecanismo idóneo, expedito y eficaz, para proteger los derechos de todos los habitantes de la Ciudadela La Bendición, y es la Acción Popular, prevista por la ley 472 de 1998, la cual puede ser interpuesta por un ciudadano en contra de las autoridades y del urbanizador, para pedir el amparo de los derechos colectivos a la salubridad pública, medio ambiente sano, y acceso a los servicios públicos en forma eficiente y oportuna, Acción en la cual se pueden decretar  desde su  admisión medidas cautelares.

En consecuencia el Tribunal Superior Judicial de Yopal  resolvió negar por improcedente el amparo pretendido en la tutela por los accionantes de La Bendición,de hacer uso del agua de los pozos profundos construidos en la urbanización por su promotor, Jhon Jairo Torres.

 

 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 150 gallinas de despaje, procedentes de Venezuela, que fueron decomisadas en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Las aves de desecho o despaje son aquellas que han terminado su ciclo de producción.

La medida fue tomada con el fin de evitar el ingreso y la difusión de enfermedades de control oficial, al territorio colombiano y de esta manera salvaguardar la producción avícola nacional.

“Las Gallinas de despaje de procedencia extranjera, ingresadas de manera ilegal, representan un alto riesgo de difusión de enfermedades para la avicultura colombiana, hecho que pone en peligro el esfuerzo institucional en el proceso de erradicación de Newcastle e Influenza Aviar, obligando a las autoridades sanitarias a tomar medidas de carácter preventivo, que propendan por la protección del estatus sanitario del país”,  indicó Germán Silva Amézquita, gerente seccional del ICA en Arauca.

Teniendo en cuenta que las aves de desecho o despaje de otros países ( que han terminado su ciclo de producción), poseen esquemas de vacunación distintos a los colombianos y por lo tanto representan un riesgo, el ICA prohibió el ingreso de aves vivas de desecho mediante la resolución 003 del 2005 y especialmente teniendo en cuenta que Venezuela tiene hoy un estatus sanitario distinto del que ostenta Colombia en el sector pecuario y con el cual ha logrado la admisibilidad de varios productos en mercados internacionales.

De luto se encuentra el municipio de Tauramena, por la trágica muerte del ex concejal de esta localidad Isidro Alfonso Roa, ocurrida el domingo anterior en accidente de tránsito registrado en la vía Yopal- Aguazul, a la altura del sitio conocido como Valle Verde, en donde también murió el señor Jorge Sossa y resultaron heridas seis personas.

Isidro Alfonso Roa era oriundo de Tauramena, abogado de la universidad Libre de Colombia y fue concejal de Tauramena durante el período 1995-1997, en la administración del alcalde Gundisalvo Vega Sanabria, en donde fue presidente de la Corporación.

Era especialista en contratación, y en los últimos años se desempeñó como abogado litigante, presidente del partido Liberal de Tauramena, además fue aspirante a la Asamblea Departamental por esta colectividad.

Le sobreviven sus hijos, Fabián y Sebastián. Su esposa, la fonoaudióloga, Gladys Granados había fallecido hace cinco años de una penosa enfermedad.

El cuerpo sin vida de Isidro Alfonso es velado en el recinto del Concejo Municipal de Tauramena, en donde mañana a hacia las 10 am, se hará una exaltación a su labor cumplida en el municipio, “queremos honrar  la memoria de un ilustre hijo de esta tierra, quien se destacó por su carisma, profesionalismo y don de servicio”, dijo Dina Heredia presidenta de la Corporación.

Sus exequias se cumplirán a las dos de la tarde en la iglesia San Cayetano.

 

 

Accidentalidad no da tregua

Según el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE durante el fin de semana se registraron en la jurisdicción un total de 26 accidentes de tránsito en las vías de Yopal y del departamento.

A 30 de septiembre  de 2014 el CRUE ha atendido 1.828  accidentes de tránsito en  el departamento, “es una cifra totalmente desbordada y si la curva sigue así vamos a superar los 2.103 registrados en 2013 y en años anteriores”, dijo Jorge Álvarez, líder del CRUE.

En jurisdicción de Yopal se estudia la restricción nocturna de motocicletas durante los fines de semana y días festivos, y la prohibición de parrillero, con el fin de reducir  la alta accidentalidad en el municipio.

Además de Yopal, las ciudades de Casanare donde se presentan más accidentes son Aguazul, Paz de Ariporo y Villanueva,de acuerdo a cifras de la Dirección de Tránsito Departamental.

Según la Organización Mundial de la Salud OMS los accidentes de tránsito son un problema de salud pública y se han convertido en una epidemia difícil de controlar, con desenlaces fatales en millones de familias en el mundo.

 

 

 

 

 

 

Se abrió paso a una solución a los problemas de interrupción del suministro del gas en Yopal, Aguazul y la zona norte de Casanare, cuando colapsa la línea de conducción desde el campo Floreña.

La solución se ha venido trabajando, luego de una acción popular instaurada por el presidente de la Asociación de Juntas de Cupigua, Wilman Cuevas, ante el Tribunal Contencioso Administrativo  de Casanare, en agosto de 2013, respaldada por más de 2400 firmas de ciudadanos de Aguazul y otros municipios.

La acción tuvo un primer fallo que obligó a que se hiciera un pacto para concretar las inversiones que se requerían para adelantar las obras correspondientes y en ello se vinculó a la Gobernación, Ecopetrol y Fonade.

El magistrado del Tribunal Administrativo del Casanare, Néstor Trujillo Gonzáles, aseguró que  la  acción popular del plan B para el gas de Aguazul, Yopal y el norte del departamento continuó después del fallo,con la actividad que desarrolló Ecopetrol y que hará que el cinco de diciembre se entregue la válvula, que es la primera parte de dicho proyecto.

Con la ubicación de dicha válvula, en la vereda Los Esteros de Aguazul se podrá conectar el gas del complejo petrolero de Cupiagua  a un gasoducto que ofrezca la fuente alterna para el gas que necesita el departamento.

El alcalde de este municipio Fernando Camacho, manifiestó que de esta manera se hace justicia con Casanare, ya que el departamento tiene el gas y solo ve como lo llevan para el centro del país.

Resaltó el trabajo del magistrado Trujillo  Gonzáles, porque “se hace pensando en las necesidades de la región, sin desconocer el derecho y el aspecto legal”.

El caso continuó con una   audiencia reciente en la que se hizo una evaluación del avance del  pacto, en donde el magistrado informó que se tienen compromisos para noviembre y diciembre.

La entidad que está demorada es Fonade, que hizo un contrato para los estudios del gasoducto desde Aguazul a Yopal, pero hasta el momento la firma contratista no ha entregado nada.

En la audiencia, el Tribunal conminó a Fonade para que averigue que pasó con este estudio y cuanto se tiene de plazo para informar los resultados del mismo.

Ecopetrol por su parte si ha avanzado en la instalación de la válvula y según confirmó su representante en la audiencia Luz Milda Rueda, está quedará ubicada el cinco de diciembre.

El Tribunal dejó claro  quiénes son los responsables de cumplir los compromisos que se adquirieron en el  pacto respectivo, que en concreto son La Gobernación de Casanare, Ecopetrol y Fonade.

Finalmente el magistrado sustanciador del proyecto manifestó que la sola válvula no prestará el servicio que la comunidad requiere, por lo que las obras complementarias deben ejecutarse y el Tribunal estará pendiente de que se cumplan.