El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió no conceder la medida cautelar solicitada por el Consorcio Nacua, en el marco de una controversia legal que mantiene con el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (In).

La decisión fue emitida el 4 de septiembre de 2025 por el Despacho 002, de la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz.

La solicitud buscaba frenar temporalmente los efectos de la Resolución 0377, expedida el 28 de abril del mismo año, mediante la cual INDEV dio inicio a un procedimiento administrativo por presunto incumplimiento contractual, que podría culminar en sanciones económicas para el consorcio.

Los representantes legales de Nacua argumentaron que permitir la continuidad de dicho trámite administrativo, mientras se desarrolla un proceso judicial paralelo sobre un posible desequilibrio económico en el contrato, podría generar inseguridad jurídica y decisiones contradictorias.

Sin embargo, tras revisar los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el tribunal concluyó que no se cumplían las condiciones necesarias para otorgar la medida.

 La magistrada señaló que el acto administrativo en cuestión no resolvía el fondo del conflicto, sino que simplemente ordenaba la apertura de un procedimiento, por lo que no era susceptible de suspensión cautelar.

Además, se determinó que el consorcio no logró demostrar que el interés público se vería más afectado si se negaba la medida que si se concedía, debilitando así la solicitud presentada.

Con esta decisión, el proceso administrativo continuará su curso, mientras el litigio principal sigue en estudio por la jurisdicción contenciosa.