En el limbo quedó el proyecto de ordenanza que busca incorporar al presupuesto de 2025 el superávit que tuvo la Gobernación en la vigencia pasada.

La discusión de esta iniciativa no hay podido pasar del primer debate en la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda, de la Asamblea Departamental. Dos prolongados debates de más de cuatro horas han sido el común denominador.

La primera discusión de dio el pasado domingo 18 de mayo, la cual terminó con la suspensión del debate. Ante esta situación se convocó a una mesa de trabajo, la cual nunca se realizó y en estas condiciones entró el proyecto a una segunda jornada de debate en la Asamblea.

De esta manera este miércoles 21 de mayo a las 3:30 p.m. los diputados de la Comisión Segunda retomaron el análisis de la propuesta. Con el recinto a reventar por la cantidad de público que asistió a las barras, nuevamente entraron en controversia asambleístas y Administración departamental.

El origen de la controversia fue la legalidad del acto administrativo con el cual se radicó el proyecto en la Asamblea. Para los contradictores la ley es clara y determina que este tipo de iniciativas atinentes a presupuesto, deben ser radicadas por el gobernado y no por algún secretario de despacho, como ocurrió en esta ocasión.

En este sentido el asambleísta Henry Pérez insistió en que “la Constitución dice en el parágrafo del Artículo 300, que los proyectos de presupuesto, que son muy importantes, los debe presentar el gobernador”.

Basado en este argumento sugirió que el proyecto fuera retirado y que el Gobierno departamental corriera las falencias, que a su juicio tenía el proyecto, para luego volver a presentarlo. Esta propuesta no tuvo eco en las huestes oficiales.

De otro lado, para la Administración Departamental, la secretaria privada estaba facultada para presentar el proyecto, porque había sido delegada como gobernadora encargada, en ausencia del titular César Ortiz Zorro, quien para esa fecha se encontraba en Bogotá.

No obstante, para el diputado Carlos Eduardo García, el mandatario nunca se apartó de su cargo, porque en la capital de la República cumplió tareas propias de su cargo, como visitas a algunas entidades del orden nacional, con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De otro lado el director de planeación departamental, Alfonso Cárdenas, expresó que la Gobernación esperaba sensatez por parte de la Asamblea. Indicó que se presentaron los argumentos jurídicos para dar claridad al tema.

“Es clarísimo. La competencia en la discusión o en poner en tela de juicio un acto administrativo como es un decreto, no es competencia de la Asamblea Departamental”, aseguró el director de planeación.

Al final de la jornada el diputado Eduardo Antolines propuso una apelación para evitar que el proyecto sea archivado. En ese orden de ideas ahora la Asamblea deberá nombrar una comisión accidental para que estudie el proyecto y tome una decisión.