Año tras año las comunidades ribereñas del Río Cravo Sur, especialmente las que habitan las áreas rurales de La Manga y La Calceta, quedan expuestas a las inundaciones del afluente.

Aunque el tema no es ninguna novedad, los habitantes de estos sectores esperan una solución definitiva a esta problemática, sobre la cual ya hay una sentencia proferida desde el 19 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado.

El pronunciamiento de la mencionada autoridad judicial se dio como repuesta a la apelación de un fallo del Tribunal Administrativo de Casanare del 03 de abril de 2014, al cual le hizo algunas modificaciones.

En este orden de ideas, la próxima temporada de lluvias será el termómetro, para medir el grado de eficiencia en la respuesta por parte de las entidades oficiales relacionadas con el tema.

El problema

El río Cravo Sur ha sido protagonista de desbordamientos constantes en las épocas de invierno, generando inundaciones que han puesto en riesgo la vida y los bienes de los habitantes de las veredas de La Manga y La Calceta.

Los demandantes alegaron que, a pesar de ser un problema técnicamente previsible, las entidades responsables no han tomado medidas suficientes para prevenir estos desastres.

Entre las afectaciones más graves se encuentran:

- Pérdida de cultivos y animales.

- Deterioro de vías y puentes, como el puente La Cabuya, que conecta a las comunidades con la ciudad de Yopal.

- Daños al parque La Iguana, un área de protección ambiental que ha sido abandonada por las autoridades.

La demanda

La demanda fue presentada por Marco Julio Univio Chirivi y **Robert Jalil Preciado Cárdenas, quienes solicitaron al Tribunal Administrativo de Casanare que se declarara la vulneración de derechos colectivos y se ordenara a las entidades responsables realizar obras para redirigir el caudal del río a su cauce original.

También, construir infraestructura de protección, como diques y enrocados, así como recuperar el parque La Iguana y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de los demandantes, declarando la vulneración de derechos colectivos y ordenando a las entidades:

- Realizar estudios técnicos integrales sobre el río Cravo Sur.

- Construir obras de protección y recuperación de áreas afectadas.

- Suspender actividades incompatibles con las zonas de alto riesgo, como la construcción de viviendas en áreas inundables.

Recursos de apelación y decisión del Consejo de Estado

Varias entidades y empresas interpusieron recursos de apelación, alegando que las cargas impuestas eran desproporcionadas y que no tenían responsabilidad directa en el problema.

El Consejo de Estado, tras analizar los argumentos, confirmó en gran parte la sentencia del Tribunal, pero ordenó algunas modificaciones claves para ajustar las responsabilidades y los plazos de ejecución de las medidas.

Modificaciones ordenadas por el Consejo de Estado

1. Responsabilidad compartida: El Consejo de Estado aclaró que, aunque el Municipio de Yopal es el principal responsable de la gestión del riesgo en su territorio, otras entidades como Corporinoquía, el Departamento de Casanare y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deben colaborar de manera más activa en la ejecución de las medidas ordenadas.

2. Ajustes en los plazos: El Consejo de Estado reconoció que algunas de las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo de Casanare requerían plazos más realistas, especialmente en lo relacionado con la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y la ejecución de obras de protección

3. Exclusión de responsabilidades: El Consejo de Estado excluyó a algunas entidades, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), de ciertas órdenes, al considerar que no tenían competencia directa sobre el cauce del río Cravo Sur.

4. Medidas cautelares reforzadas: Se ordenó reforzar las medidas cautelares, como la suspensión inmediata de licencias de construcción en zonas de alto riesgo y la realización de monitoreos periódicos del río para prevenir futuras inundaciones.

Impacto y relevancia del fallo

Esta sentencia es un precedente importante en materia de protección ambiental y gestión del riesgo en el país. Resalta la responsabilidad de las entidades públicas en la prevención y mitigación de desastres naturales, así como la necesidad de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.

Además, el fallo pone en evidencia la importancia de proteger los recursos naturales y el espacio público, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y otros fenómenos naturales.

¿Qué sigue?

Las entidades demandadas tienen la obligación de cumplir con las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, lo que incluye la realización de estudios técnicos, la construcción de obras de protección y la recuperación de áreas afectadas.

La comunidad espera que estas medidas permitan finalmente solucionar un problema que ha afectado su calidad de vida durante años.

El fallo del Consejo de Estado no solo confirma la vulneración de derechos colectivos, sino que también introduce ajustes clave para garantizar una solución más efectiva y equitativa. Ahora, la atención se centra en la ejecución de las medidas ordenadas para proteger a las comunidades ribereñas del río Cravo Sur y garantizar su seguridad.