Nuevamente los carneadores asestaron un duro golpe a los ganaderos de Yopal, a pesar de los anuncios de las autoridades de implementar medidas para evitar este tipo de delitos, que junto con el abigeato se han incrementado en Casanare.

Los hechos se registraron en la vereda Picón, vía La Pedrera, finca Villa Gladys, donde los delincuentes descuartizaron uno de los mejores ejemplares del predio, dejando en el lugar la cabeza, extremidades y el cuero de los animales sacrificados.

De igual forma, un hecho similar se registró hace ocho días en la finca de un hermano de la víctima, Rodrigo Cely, socio del Comité de Ganaderos de Yopal, quien reclamó mayor presencia y vigilancia de las autoridades en el sector.

Una emergencia se registra en el puente sobre la quebrada La Curuché, vereda Llano de Pérez, municipio de Támara, tras socavación generada por la ola invernal, que amenaza con dejar incomunicadas cuatro veredas del sector.

Según Leonardo Barón Pulido, coordinador Departamental para la Gestión del Riesgo, la afectación se genera en la zapata izquierda de la estructura, inhabilitando completamente el puente para paso de vehículos.

De acuerdo al funcionario la Gobernación de Casanare envió maquinaria dedicada a la Gestión del Riesgo para proteger la estructura.

“Se realizará enrocado sobre la margen izquierda del afluente y se canalizará volviendo el cauce del mismo. La atención a esta emergencia debe realizarse en el menor tiempo posible, pues si se llega a presentar otra creciente podría perderse toda la estructura del puente” aseguró, el funcionario adscrito a la Gobernación de Casanare.

El puente comunica las veredas Teislandia, Campo Hermoso, Chitacote, Llano de Pérez con el casco urbano de Támara, además es el paso hacia el municipio de Paz de Ariporo y Sácama por éste sector.

Tal como lo indicó, Samuel Vega, secretario de Gobierno de Támara, por el puente transitan diariamente 35 estudiantes.

Los trabajos que adelanta la Gobernación de Casanare para volver la estabilidad del puente podrían extenderse por dos o tres semanas.

La Alcaldía de Maní se pronunció frente a lo anunciado por el director del Departamento Nacional de Planeación DNP, Simón Gaviria de suspender el giro de regalías en 125 municipios del país, dentro de los que se encuentra esta localidad y el municipio de Sácama.

“Nos permitimos comunicar que el municipio de Maní no ha sido notificado al respecto, ni se ha conocido acto administrativo que indique dicha suspensión”, expresó la Alcaldía.

Se reitera que el municipio de Maní se encuentra al día en el reporte de información en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del Sistema General de Regalías, por lo tanto, “no estamos expuestos a este tipo de medidas. Sin embargo, si se llegara a notificar algún acto administrativo al Municipio informando esta situación, se procederá a realizar los respectivos descargos según sea el caso”.

El ‘Taxista Profesional’ es el programa con el que la Cámara de Comercio de Casanare (CCC) capacitará a conductores de este servicio de transporte público en módulos de inglés básico, temas ambientales, manejo seguro y temáticas enfocadas al turismo.

El mismo que ya fue aplicado el año anterior en Aguazul, llegando a 50 taxistas, se desarrollará en dos meses en Yopal. Para la escogencia de quienes harán parte de la iniciativa, serán las mismas operadoras de taxis quienes se encarguen de ello.

En Yopal se tienen seis empresas, por lo cual los cupos serán asignados de manera proporcional al número de taxistas afiliados. Todas las operadoras suman 592 vehículos inscritos en sus bases de datos. En total serán 60 los conductores que se beneficien con el programa.

Transyopo: 289 afiliados, se le otorgarán 29 cupos.

Llanomotor: 256 afiliados, por lo que tiene 25 plazas.

Servitaxis: 18 vehículos, tendrá 2 asistentes.

Expresocusiana: 29 taxis, tendrá acceso a 3 cupos.

Transunidos: 8 taxis para un total de un cupo.

Cootrallanero: 2 taxis, se le dará un cupo.

La escogencia de quienes harán parte del proceso de formación estará en manos de cada operadora, que luego de tener el listado, deberá pasarlo a la CCC para dar inicio a los módulos.

Este 17 de junio se socializará el programa con los 60 taxistas seleccionados por las cooperativas, en un evento que se desarrollará en el Hotel Estelar. Al final del proceso, tanto el conductor como el vehículo, serán reseñados y tendrán un sello que los identifique como ‘Taxista Profesional’. 

“Entidades como la Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Policía Nacional, Cusiana Gas, Cruz Roja, Unicentro Yopal, cooperativas de taxis y representantes de diferentes estaciones de servicio se vincularon a la iniciativa, lo que permitió aumentar el número de beneficiados, pues en un primer momento solo se iba a dar cupo para 30 taxistas”, resaltó el presidente ejecutivo de la CCC, Carlos Rojas Arenas. 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) suspendió temporalmente el giro de regalías a 125 municipios de 24 departamentos del país por no suministrar de manera oportuna información sobre el avance y estado de los proyectos, una obligación contemplada en la ley que busca hacer más eficiente y trasparente el uso de estos recursos.

La medida, que cobija también a otras 19 entidades ejecutoras diferentes a entidades territoriales, no incluye a ninguna Gobernación, pues en esta oportunidad todos los 32 departamentos cumplieron con el compromiso de reportar información en los tiempos y las condiciones establecidos por el DNP. 

De los 125 municipios con suspensión preventiva de giros, 13 son reincidentes y en esa misma situación están tres entidades descentralizadas del orden territorial como empresas e institutos. Del departamento de Casanare se incluyen Sácama y Maní.

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, precisó que los entes ejecutores tienen la obligación de reportar información veraz y completa en los diferentes aplicativos dispuestos por el DNP para ser visualizada en MAPARegalías y así poder permitir que toda la ciudadanía pueda vigilar el avance y estado de las obras.

La medida se adoptó debido a que al 31 de diciembre de 2015 persistió el no reporte de información por parte de los ejecutores de los proyectos en los aplicativos web del DNP.

"El Departamento Nacional de Planeación les hará marca personal a los proyectos que se ejecutan con dinero de regalías. Por eso brindamos asistencia técnica a alcaldes y gobernadores que la requieran para superar las dificultades presentadas en las diferentes etapas de los proyectos. Esos apoyos se dan a través de una red de estructuradores del sistema de evaluación de puntajes para la viabilización y aprobación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), así como de proyectos, pliegos y contratos tipo y del índice de gestión, entre otros instrumentos", puntualizó Gaviria Muñoz.

Antioquia es el departamento que concentra el mayor número de suspensión de giros temporales con 18 casos, seguido por Bolívar y Boyacá con 15 casos cada uno. "El país y la comunidad necesita saber con claridad en qué van las obras y cómo se están invirtiendo los recursos del Sistema General de Regalías" precisó el Director del DNP, tras advertir que para el cumplimiento de esta obligación no se admitirán disculpas ni dilaciones.

El Director del DNP dijo que el país debe optimizar el uso de los recursos públicos y hacer más con menos. "Es imperativo hacer rendir cada peso, multiplicar la eficiencia y prevenir cualquier asomo de inconsistencia en el uso de los recursos".

Sin perjuicio de la medida de suspensión preventiva de giros, las entidades podrán seguir presentando proyectos de inversión que pretendan ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías ante el respectivo OCAD. Sin embargo, la ejecución de estos no podrá iniciarse hasta que la suspensión de los giros sea levantada.

Mientras se define su situación jurídica de acuerdo con la ley 600, en custodia de una guarnición militar en Tauramena quedaron el soldado profesional Diego Armando Martínez Vega y el suboficial del Ejército Nacional, Robinson Eduardo Bastidas Nasamuez, por hechos ocurridos en marzo y junio de 2007, en los municipios de Tauramena y Maní.

Según la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la orden emitida por una fiscalía especializada de Derechos Humanos y DIH, servidores del CTI de Casanare capturaron a los militares en las instalaciones del CTI de Yopal.

El caso en el que estaría implicado Martínez Vega, se relaciona con lo ocurrido el 12 de junio de 2007 en área rural de Tauramena, donde Diego Armando Heredia Monroy y Domingo Antonio Castro Zorro fueron asesinados y reportados como muertos en combate, por integrantes del Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” del Ejército Nacional, quienes presentaron los cadáveres para proceso de identificación.

Entre tanto, el proceso por el que es investigado el suboficial, tiene que ver con los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2007, cuando los ciudadanos Andrés Fabián Garzón Lozano y Kemel Mauricio Arteaga Cuartas fueron asesinados e igualmente reportados como muertos en combate, por tropas del Ejército Nacional en área rural del municipio de Maní.

En la reunión que se llevó a cabo entre los representantes del gremio arrocero y el profesional de apoyo de la cadena del arroz del Ministerio de Agricultura Carlos Ramiro Ortiz Escalante, los arroceros colocaron en la mesa sus preocupaciones en temas de seguridad, precios del cereal y vías.

A nivel nacional la necesidad más importante para toda la cadena arrocera es que se fije el precio del arroz , el Ministro Aurelio Iragorry ha estado interesado en resolver éste tema lo más pronto posible y por eso en las próximas semanas tratará  de llegar a un acuerdo con los industriales para que compren a un precio que les sirva a los mismos y a los productores, teniendo en cuenta algunos instrumentos de política nacional como lo es el incentivo al almacenamiento que también se debe fijar prontamente” indicó el profesional de apoyo de la cadena del arroz.

En temas locales los arroceros expresaron algunos hechos de inseguridad por los que han atravesado en los últimos días como el robo de tractores. Frente a esto la gobernación se comprometió a tomar medidas y recordó que dentro del plan de desarrollo está incluido éste sector.

Nelson Roa, Presidente de la cadena de arroceros en el departamento indicó que el área de siembra puede llegar a ser récord a nivel nacional y esto puede tener repercusiones en el precio del producto al agricultor, de 116 mi hectáreas, este año la cifra pasó a ser superior a las 130 mil hectáreas sembradas  en el departamento. 

Después del café, el cultivo del arroz ocupa el segundo lugar por área sembrada en el país, se prevé que para éste año en Casanare se recojan 550 mil toneladas  en el mes de julio que es donde se empieza a recoger lo que se sembró en los meses de febrero y marzo.

En sesión plenaria de la Cámara de Representantes la viceministra de Protección Social Carmen Eugenia Dávila Guerrero aceptó la propuesta del representante Jorge Camilo Abril Tarache sobre la utilización de recursos del Sistema General de Regalías para evitar que Capresoca sea liquidada.

Se acordó que los recursos de regalías serán girados directamente a las Ips acreedoras de la entidad, con el fin de darle celeridad al proceso de saneamiento fiscal que permitirá a Capresoca iniciar una nueva etapa de desarrollo y consolidación.

“Esto permitirá que ese flujo de recursos ayude a capitalizar la empresa pero además tendrán los hospitales de Casanare la posibilidad de recibir recursos que hoy día están en una cartera morosa, es una noticia buena para Casanare porque se aliviará la deuda de hospitales, de las Ips y se mejorará la atención para los afiliados” indicó Rafael Moreno, representante a la Cámara y uno de los ponentes del proyecto de sistema de seguridad social en salud.

Por su parte el representante Abril Tarache dijo que ésta es quizá la última oportunidad que tiene Capresoca para salvarse “es una de las pocas empresas que quedan del departamento y que se ha vuelto un barril sin fondo de recursos, pero independientemente de todo merece una oportunidad, la próxima semana se debatirá  el proyecto de Ley  que está cursando en último debate y esperamos que se pueda convertir en una Ley de la República”.

La viceministra se comprometió en adelantar una mesa técnica para evaluar la propuesta de Abril Tarache de clasificar a Casanare como zona especial de dispersión geográfica, para obtener una prima del 15 por ciento adicional de la UPC del régimen subsidiado, que igualmente inyecte recursos a Capresoca, no solo para el pago de deudas sino además garantizar recursos considerables para inversión.

Finalmente la gerente de Capresoca, Consuelo Urrego  agradeció a los congresistas el apoyo, y resaltó que el primer paso lo dio la Asamblea Departamental al aprobar el Plan de Desarrollo donde quedó contemplada la capitalización de Capresoca, “el segundo paso es éste, para que quede estipulado en la Ley que la Gobernación pueda con recursos de regalías capitalizar la entidad y ahora solo queda pendiente conseguir los recursos para que se haga efectiva la capitalización de la entidad” argumentó.

Durante la audiencia de verificación de cumplimiento que se cumplió ayer en el Tribunal Administrativo, en el marco de una tutela que se emprendió por la situación de saneamiento básico de la ciudadela La Bendición, no se mostraron mayores avances por las partes involucradas.

El magistrado Nestor Trujillo cuestionó durante la audiencia al alcalde Jhon Jairo Torres, quien fue escuchado en calidad de empresario y promotor del programa de vivienda, por no tener a la fecha licencias para lo que tiene que ver con la captación de agua y licencias por parte del municipio para continuar con el desarrollo del proyecto urbanístico.

John Jairo Torres  indicó que la única urbanización que cumple al cien por ciento con todas las características técnicas según la normatividad es la ciudadela La Bendición, por lo que sus habitantes cuentan con dos plantas de tratamiento de agua potable y  también con redes eléctricas para el servicio de energía a las diez mil familias que habitan en el lugar.

El alcalde Ad Hoc, Julián David Peña, designado para éste tema por parte del Gobierno Nacional, también fue cuestionado ya que hasta el momento no ha cumplido con las funciones para las que fue delegado, pues  no ha designado el Secretario de Planeación Ad Hoc, quien sería el encargado del proceso sancionatorio urbanístico ante el impedimento del titular de la oficina municipal de Planeación, Fabio Andrés Fajardo Restrepo.

Peña indicó que desde el pasado seis de mayo, fecha en la que se posesionó como alcalde Ad Hoc, se encuentra estudiando cada detalle del caso,  por la complejidad del mismo y que la lista de opcionados para el cargo de secretario Ad Hoc, presentaba a su criterio algunos reparos, motivo por el cual solicitó un concepto de orden nacional y se encuentra a la espera de la respuesta.

Así las cosas, quedó estipulado por el magistrado para la primera semana del mes de agosto la presentación del plan de trabajo para lo que tiene que ver con todo el tema saneamiento básico de La Bendición.

En la audiencia se hicieron presentes además los representantes de Corporinoquia, de la Sociedad de Activos Especiales  y la Defensoría de Pueblo.

La gerente de Cafesalud en Casanare, Aura María Peña se encuentra en arresto domiciliario por desacato a una tutela de un paciente que exigía un examen  de resonancia magnética.

La decisión judicial en segunda instancia tiene a la funcionaria desde hace aproximadamente 20 días en su vivienda pagando dicho arresto por la no autorización de un examen que requería un usuario de la Eps.

Según el secretario de Salud, Jairo Cristancho, la situación es injusta ya que el problema de las Eps es a nivel nacional, “vienen a pagar los funcionarios locales a los cuales no se les da autonomía directa para decidir en éste tipo de casos por el que  hoy está la funcionaria en arresto, en esas condiciones por más que se quieran hacer las cosas bien no se puede porque todo es desde Bogotá” dijo el Secretario.

Además, manifestó el mandatario de la cartera de salud, que la situación se ha prolongado ya que la Eps Cafesalud no brinda “ni si quiera” el servicio de asesoría jurídica a la Gerente regional. “Pagan justos por pecadores y ellos mismos deben asumir las consecuencias” expresó Cristancho frente a la situación.