Luego de varios minutos de diálogo con la prensa, las palabras se tornaron entrecortadas, el peso de la zozobra, la angustia y el dolor doblegaron la entereza de Xiomara Calderón quien no soportó tanta presión y rompió en llanto.

Cada lágrima era la muestra fehaciente del calvario que ha tenido que vivir, desde el día que su hijo desapareció aquella tarde en su natal Monterrey.

Desde ese día ha pasado algo más de una semana, pero para el corazón de madre, cada minuto sin tener a su hijo de 13 años, es una eternidad de un suplicio inmerecido.

De Juan Felipe Ortiz Calderón solo se tiene una pequeña pista y es que lo vieron por última vez, rumbo al terminal de Monterrey. Para cualquier novato en investigación, no sería tan complejo seguir el rastro del menor.

Solo bastaría indagar con las empresas que prestan el servicio en esta población, para detectar el destino que emprendió el niño de 13 años.

Premisa demasiado simplista y de excesivo optimismo, porque la realidad es muy diferente. La señora Calderón contó que en la empresa Los Libertadores, le comunicaron que tienen prohibido expedir tiquetes a menores de edad.

Sobre las cámaras de seguridad que hay en el sitio, narró la señora, que era necesario esperar primero autorización desde la oficina central de la compañía en Tunja y luego sí le remitían el contenido audiovisual solicitado.

En pocas palabras era necesario esperar un par de días más. Prolongar la agonía, porque en el escenario no se vislumbrada nada nuevo, que entregue una luz de esperanza.

Acudió entonces a las autoridades, pero hasta ahora para su corazón de madre, son más las dudas que las certezas. Todas las hipótesis están abiertas, algunas de las cuales Xiomara no comparte y desvirtuó frente a las cámaras.

Negó que se trate de un posible caso de acoso escolar, como lo planteó el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Efraín García, en rueda de prensa.

Sostuvo que su hijo no ha tenido ese tipo de inconvenientes, en el colegio donde estudia. Tampoco estuvo de acuerdo con otras versiones, donde se señala que el menor de edad habría decidido irse de la casa, debido a una discusión con una hermana mayor.

Descartadas estas dos opciones, entró en escena una tercera opción que llegó sin hacer ruido y perfectamente camuflada. Un subrepticio, pero que en realidad es un problema mayúsculo. El ‘sexting’.

Esta práctica consiste en el envío en el envío de mensajes, fotos o videos de contenido sexual, a través de dispositivos electrónicos. Aunque puede ser consensuado entre adultos, se convierte en delito cuando involucra a menores de edad o se comparte sin consentimiento.

Aunque todavía no se tiene un pronunciamiento oficial, que manifieste que está sea la causa por la cual Juan Manuel se fue de su hogar, si entra a jugar un papel preponderante en todo este tapete de posibilidades.

Xiomara dijo que desde el año pasado un individuo desde Medellín le ofrecía dinero a su hijo,  a cambio de fotos íntimas del menor de edad.

Comentó que puso en conocimiento de la Fiscalía toda esta situación. Entraron en contacto con esta persona, que según la señora Calderón tiene utiliza varios nombres en las redes sociales.

Xiomara agregó que esta persona le comunicó a un investigador de la Fiscalía, que había conocido a Juan Felipe por un juego en línea llamado Free Fire y que el dinero que le remitía al niño, era para comprar diversos elementos propios de video juego, como diamantes.

De todas formas, pese a que no se ha confirmado que esta sea la causa, tampoco se ha descartado. Pero faltaba un último actor en este patético cuadro.

Se trata de inescrupulosos que se han comunicado con la familia, diciendo que tienen el niño y que lo iban a liberar, alimentando una falsa esperanza que a la postre se convierte en la más cruel mentira, porque juegan con los sentimientos de toda la familia de Juan Felipe.

Otras personas han llamado a Xiomara para contarle que lo vieron en determinado lugar, pero aún no hay rastro de Juan Felipe. Su progenitora sigue a la espera de esa llamada que le ponga fin a su sufrimiento y tener regreso a su hijo.

Casi tres minas antipersonales diarias, han desactivado tropas de la Octava División del Ejército, en lo que va corrido de 2023 en toda su jurisdicción, que comprende los departamentos de Casanare, Arauca, Vichada y Guainía.

El informe oficial señala que han sido neutralizadas 640 minas y 2,5 toneladas de explosivos y 98 medios para el lanzamiento de este material bélico. Estos resultados hacen parte del plan de campaña operacional Ayacucho.

Así mismo el Ejército precisó que dicho material explosivo es elaborado de manera artesanal e instalado por grupos al margen de la ley, en cultivos, bebederos y caminos, lo que pone en inminente riesgo la integridad física y la vida misma de la población civil.

Recalcó igualmente la autoridad castrense que este tipo de elementos bélicos son violatorios de las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.

Destacó igualmente el reporte del Ejército el desmantelamiento en zona rural de Puerto Rondón (Arauca), de estructuras de grupos armados residuales, que funcionaban como área de entrenamiento y taller de explosivos.

En este lugar se encontraron 100 resortes de diferentes tamaños, empleados para la fabricación de material explosivo, 2000 percutores fabricados en bronce, 3000 fósforos eléctricos, 20 tubos en aluminio de diversos tamaños, 50 kg de balines usados y 30 kg de material usado como intensificadores.

También 100 metros de cordón detonante, 700 metros de cable dúplex, un troquel, una prensa, un esmeril, 2 taladros, una pulidora, una báscula y una planta generadora de energía, con los cuales este grupo fabricaba y almacenaba los explosivos. Cumpliendo los protocolos de seguridad, todo el material encontrado fue destruido de manera controlada.

12 impactos de con arma de fuego habría recibido un hombre de 40 años de edad, identificado como Aldumar Rodríguez Cruz de 40 años de edad quien perdió la vida el miércoles hacia las 7:30 pm en sector rural del municipio de Aguazul.

Según el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Efrain García, los hechos se presentaron, cuando la víctima junto a su pareja sentimental, se dirigían en motocicleta a su lugar de residencia, ubicado en Plan Brisas de Aguazul, luego de haber estado en Yopal haciendo algunas compras.

Según se pudo establecer, la persona fallecida tenía anotaciones en el SPOA, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y hurto calificado.

Según el coronel García, un testigo del hecho afirmó que dos personas en motocicleta serían los responsables del hecho, que también dejó herida de gravedad a Diana Viviana Pérez Cortés de 38 años de edad, compañera sentimental de Rodríguez Cruz

Detrás de las víctimas se desplazaba en otro vehículo un hijo del hombre asesinado, quien no sufrió ninguna herida.

“Por la cantidad de impactos se presume que no fue un intento de atraco sino un hecho con claras intenciones de acabar con la vida de las dos personas”, aseguró el coronel Efraín García.

Un laboratorio para la producción de cocaína y el decomiso de 40 kilos de sustancias psicoactivas, fue el resultado de un operativo de las autoridades en zona rural limítrofe entre Maní y Orocué.

El operativo en el que tomó parte el Ejército, Fuerza Aeroespacial, la Dijín, Policía y Fiscalía, se adelantó por información obtenida por inteligencia militar, que permitió la ubicación del laboratorio, que según las autoridades pertenecía al Clan del Golfo.

Era una estructura construida en madera y plástico. Se encontraba mimetizado en una zona boscosa. Allí fueron incautados 40 kilos de cocaína, así como insumos líquidos y sólidos utilizados para la producción de estupefacientes.

Las autoridades también incautaron dos teléfonos celulares, memorias USB, una máquina de centrifugado artesanal para mezclar químicos, un refinador artesanal llamado ‘marciano’; un destilador artesanal, ‘gusano’; un molde de empacado y máquina de plástico para contramarcar, 4 hornos microondas y 200 sobres de papel para secado, entre otros elemento.

El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes, y la estructura fue destruida de manera controlada.

Los elementos incautados estarían valorados en aproximadamente 1500 millones de pesos, por lo que las autoridades consideran que con el desmantelamiento de este laboratorio, se afectan significativamente las finanzas del grupo armado organizado, antes mencionado.