La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, por presuntas irregularidades en un contrato de 2012 relacionado con el plan de alimentación escolar.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le atribuyó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Los cargos no fueron aceptados por el exmandatario.

La investigación señala que el entonces gobernante habría direccionado de manera directa un convenio de asociación por 18.294 millones de pesos a una caja de compensación familiar del departamento.

Según el ente acusador, la normativa exigía un proceso de licitación pública y la entidad beneficiada carecía de la capacidad técnica, operativa y financiera para cumplir el objeto contractual.

En consecuencia, la caja de compensación tercerizó la responsabilidad mediante un contrato con una unión temporal por 16.694 millones de pesos.

Estas actuaciones habrían generado un detrimento patrimonial superior a 794 millones de pesos por pagos de legalización, contribuciones y pólizas.

El convenio tenía como fin garantizar el servicio de restaurante escolar para 62.825 estudiantes en 10 municipios de Casanare.