El secretario de convivencia ciudadana, seguridad y orden público del Tolima, Alfredo Bocanegra, se refirió en una reciente rueda de prensa en El Espinal, a un fenómeno que ha venido ganando especio en la economía, pero que cuenta con una buena dosis de ilegalidad.

El funcionario se refirió específicamente a la brujería, la cual se encuentra profundamente arraigada en la cultura nacional. Este tipo prácticas esotéricas tienen un impacto tan alto que ha trascendido las fronteras del país.

Según Bocanegra, esta coyuntura le ha permitido a la brujería convertirse en una actividad económica de alcance global, con una notoria incidencia desde México hasta California, y una fuerte presencia en la comunidad latina de Estados Unidos.

Esta práctica, que opera de manera autónoma, genera significativos rendimientos económicos desde hace varios años, manejándose en gran medida a través de transacciones en dólares estadounidenses, lo que le confiere un poder financiero considerable.

De hecho, se ha observado una "exportación" de practicantes colombianos a centros como Sinaloa en México, San Francisco en California y Nueva York.

Un aspecto crucial es que, a diferencia de épocas históricas como la Inquisición, donde se tipificaba como un delito religioso, la brujería no está legalmente clasificada como un crimen en Colombia. Esta laguna jurídica dificulta los esfuerzos de las autoridades para combatirla directamente.

La actividad se nutre de la desesperación, la angustia y la búsqueda de orientación, presentándose a menudo como la "última alternativa".

Con la ayuda de la tecnología, los practicantes pueden operar de forma remota, dificultando su detección y rastreo, con bases operativas que pueden ubicarse en cualquier parte del mundo, desde Tailandia hasta Irán.

Ante este panorama, la estrategia de las autoridades colombianas se ha reorientado. El foco ya no está en la persecución de la brujería como tal, sino en los delitos financieros asociados, como el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito.

Instituciones como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Interpol y unidades especializadas de la Fiscalía General de la Nación están trabajando para rastrear y confiscar los capitales generados por estas redes.

El objetivo es golpear la estructura económica que sustenta esta actividad. Al empobrecer a los involucrados y extinguir el dominio sobre sus bienes, se busca que este lucrativo negocio deje de ser rentable, siguiendo un modelo similar al utilizado contra el narcotráfico.

Cada peso, se subrayó el secretario, debe ser justificado, marcando una clara línea de acción en esta compleja batalla.