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Miércoles, 03 Septiembre 2025 15:48

Hallaron cuerpo sin vida entre Sácama y Hato Corozal

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En la mañana del 3 de septiembre fue hallado un cuerpo sin vida de sexo masculino, en la vía que conecta el municipio de Sácama con Hato Corozal, en el departamento de Casanare.

El hallazgo se produjo en la vereda La Colorada, aproximadamente a 12 kilómetros del casco urbano de Sácama, en un tramo donde actualmente se adelantan trabajos de mantenimiento vial.

La Inspección de Policía local y el Cuerpo de Bomberos de Sácama acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar las diligencias correspondientes. La alerta fue recibida vía telefónica por parte de trabajadores del Consorcio KMA, empresa encargada de las obras en el carreteable.

De manera preliminar, trascendió que el cuerpo presentaba signos de violencia a la altura del tórax. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la persona ni se han entregado detalles sobre las posibles causas del fallecimiento.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento de esta persona.

En la mañana del 2 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en la vía alterna que conduce de Tauramena hacia Monterrey. Un motociclista y su acompañante se vieron involucrados en una colisión con un vehículo tipo NQR.

El conductor de la motocicleta resultó con una fractura en la extremidad superior izquierda y múltiples laceraciones, mientras que su acompañante no presentó lesiones.

Debido a la gravedad del estado del herido, personal de emergencias procedió con su traslado al hospital de Tauramena para recibir atención médica especializada.

El reporte fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos de Tauramena, quienes atendieron la emergencia en el lugar del siniestro.

Un accidente de tránsito se presentó en la vía que conecta Trinidad con Yopal, específicamente en la vereda Macuco ubicada en el trayecto entre La Nevera y San Luis de Palenque. El siniestro se presentó en el momento en  que una buseta de la empresa Coocatrans, identificada con el número interno 2080, volcó tras colisionar con una camioneta Toyota Hilux de placas LZQ 084.

El siniestro dejó varias personas heridas, aunque hasta el momento del reporte no se había confirmado el número exacto de lesionados. Testigos en el lugar señalaron que los organismos de socorro se tardaron en llegar al sitio, lo que generó preocupación entre los pasajeros y transeúntes que presenciaron el hecho.

La falta de atención médica inmediata fue motivo de angustia para quienes se encontraban en el lugar, mientras las autoridades aún no entregaban un informe oficial sobre las causas del accidente ni el estado de los involucrados.

El hecho ocurrió en una de las vías más transitadas del departamento, y se espera que en las próximas horas se emita un parte oficial por parte de las entidades competentes.

Un hecho alarmante sacudió a la comunidad médica en México luego de que una mujer intentara agredir con una navaja a su médico durante una consulta rutinaria.

El incidente ocurrió en la Clínica Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Ávalos, ciudad de Chihuahua.

La paciente, identificada como Claudia T. G., reaccionó de forma violenta tras recibir una recomendación médica relacionada con su peso. El galeno le sugirió bajara unos kilos por motivos de salud, lo que provocó que la mujer sacara un arma blanca de su ropa e intentara apuñalarlo.

El médico logró protegerse utilizando una silla, mientras el personal de la unidad médica intervino rápidamente para evitar una tragedia.

El caso fue considerado como un presunto intento de homicidio. Tras la denuncia penal, la Fiscalía de Chihuahua emitió una orden de aprehensión y la agresora fue detenida días después.

Actualmente enfrenta una imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y permanece bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Este incidente ha generado preocupación entre profesionales de la salud, reabriendo el debate sobre la seguridad en los centros médicos y el manejo de situaciones sensibles durante las consultas.

Las autoridades continúan investigando el estado psicológico de la imputada y otros elementos del expediente que aún no han sido revelados públicamente.

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad general por diez años para ejercer cargos públicos al exministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Durán.

La sanción fue impuesta por haber declarado desierta, sin fundamentos legales, la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.

Según la decisión del Ministerio Público, Leyva Durán tomó una determinación que no tuvo como objetivo garantizar la selección objetiva en el proceso de contratación estatal.

La Procuraduría señaló que el exministro se basó en el hecho de que solo se había presentado un único oferente, lo que, según el ente de control, no era motivo suficiente para invalidar el proceso, ya que el proponente cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

La entidad disciplinaria determinó que el excanciller desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Por esta razón, su falta fue calificada de manera definitiva como gravísima a título de dolo.

La Procuraduría recaló  que por tratarse de un fallo en segunda instancia, no admite ningún tipo de recurso legal.

Un robo perpetrado esta madrugada del 3 de septiembre en el conjunto residencial donde reside el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, tiene sorprendida a la comunidad yopaleña.

Según las primeras informaciones que se tiene sobre el hecho, el hurto de presentó sobre las 3:30 de la mañana, cuando hombres vestidos de policía llegaron al conjunto residencial Valles de Guarataro.

Los maleantes arribaron con la excusa que iban a adelantar un allanamiento. Una vez dentro los falsos policías procedieron a reducir al personal de seguridad, los amarraron y acto seguido procedieron a ingresar a una vivienda de dónde, al parecer, hurtaron 100 millones de pesos en efectivo.

El acto delictivo fue confirmado a Casanare Noticias por el secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, quien aseguró que las autoridades se encuentran investigando este caso, para establecer con precisión lo ocurrido y dar con los responsables del hecho.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual perpetrada en el contexto del conflicto armado colombiano.

Este reconocimiento, que incluyó a 35 menores de edad al momento de los hechos, abarcando crímenes ocurridos entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba.

Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado fueron cometidos por grupos paramilitares, con la posible tolerancia o aquiescencia de miembros de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que la violencia sexual contra hombres y niños, identificados en su mayoría como heterosexuales, fue utilizada deliberadamente como un mecanismo de castigo, humillación y control, enmarcado en dinámicas de poder de género.

Esta actitud violenta también fue empleada estratégicamente por los actores armados para imponer control social, económico y territorial, atacando la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica.

De los 104 hombres acreditados, 35 eran niños cuando sucedieron los hechos; de ellos, 19 tenían entre cinco y 14 años, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años.

Los relatos incluidos en la solicitud de acreditación mostraron que los grupos paramilitares operaban de manera coordinada, ejecutando órdenes de ganaderos y realizando acciones estratégicas para controlar territorios y vías fluviales. Un punto crítico de estos crímenes se concentró en el año 2000, periodo en el que se cometieron 50 de los hechos documentados.

La magistratura de la JEP calificó la victimización sexual de hombres y niños —incluidos quienes se identifican como heterosexuales y cisgénero— como “una de las formas más silenciadas y poco reconocidas de violencia basada en género.

Un fatal accidente se presentó la noche del primero de septiembre en jurisdicción de Altamira, en la vía que de Garzón conduce a Pitalito, en el departamento de Huila.

Según la versión entregada a los medios locales por parte del capitán José Enrique Botello, jefe de la seccional de tránsito del Huila el hecho ocurrió cuando un grupo de ciudadanos se percató que un motociclista colisionó contra un camión NPR y quedó atrapado por el vehículo.

En ese momento varios conductores que pasaban por el lugar decidieron socorrer al motociclista. Descendieron de sus automotores para tratar de sacar el herido.

Cuando cumplían con este acto de solidaridad, un tractocamión que, al parecer, presentó fallas mecánicas los embistió. Como resultado de este percance cinco personas perdieron la vida y otras cinco quedaron heridas.

Dentro de las víctimas mortales se encuentra un exalcalde de la población huilense de Guadalupe, identificado como Héctor Alfonso Vergas Huertas. Otras personas fallecidas fueron Angélica María Witz Ome, de 26 años, y Alexander Álvarez Tapias, de 53 años. Faltan dos cuerpos por identificar. Los fallecidos fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Neiva.

En un operativo de la Unidad Nacional de Intervención Política y de Antiterrorismo en Yopal, fue capturado un hombre en flagrancia por hurto en el barrio San Martín.

La rápida respuesta de los policías y la información proporcionada por la víctima permitieron recuperar los objetos que le había sustraido y detener al presunto delincuente.

El capturado, quien cuenta con antecedentes por otros delitos, fue puesto a disposición de la autoridad competente y recibió medida de aseguramiento.

La Procuraduría General de la Nación ha sancionado a Ariel Colmenares Ovejero, quien se desempeñó como secretario de la Personería Municipal de Pore, Casanare, en 2021.

La sanción, que implica su destitución del cargo y una inhabilidad general para ejercer funciones públicas por 16 años, se da por el uso indebido de fondos estatales.

El ente de control manifestó que pudo demostrar que, entre enero y octubre de 2021, Colmenares Ovejero se apropió de $67’104.000, los cuales transfirió de manera fraudulenta desde la cuenta de la entidad hacia su cuenta personal.

Estas 30 transacciones ilegales impidieron que se efectuaran pagos cruciales, como salarios y aportes de seguridad social de otros empleados, afectando la operatividad de la dependencia.

A pesar de que su defensa argumentó problemas de salud mental, el Ministerio Público explicó que las pruebas presentadas, incluyendo testimonios y documentos, confirmaron que Colmenares tenía acceso directo a la cuenta corriente oficial y que desvió los recursos para su propio beneficio.

La Procuraduría ha tipificado su conducta como una falta gravísima, actuando con pleno conocimiento de sus actos, lo que justifica la severidad de la pena impuesta.

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