El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la activación de los mecanismos e instrumentos internacionales necesarios, para dar solución al grave problema ambiental que enfrenta más de un millón y medio de habitantes del municipio de Cúcuta y su área metropolitana, por causa de la quema descontrolada de residuos sólidos en el Estado Táchira, vecino en la frontera con Venezuela.

En carta a los ministros Claudia Blum y Ricardo Lozano, el Procurador precisó que “esta afectación ambiental se suma al contexto de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales por COVID-19, lo cual genera grandes riesgos para la población del área metropolitana de Norte de Santander y mayor demanda de los servicios médicos y hospitalarios de la ciudad”.. 

Sostuvo el procurador que por su origen, esta emergencia ambiental “desborda los límites de competencias de las autoridades locales de Norte de Santander”, por lo que le corresponde al Gobierno Nacional “activar los mecanismos e instrumentos internacionales que correspondan y que puedan conducir a la solución del problema de calidad del aire, que pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos de Norte de Santander”.