Los voceros de la movilización social en Casanare confirmaron la continuidad de las protestas y el establecimiento de bloqueos intermitentes en la vía Marginal del Llano, sobre la calle 30 en la salida para el municipio de Aguazul.

Esta decisión se tomó tras la finalización de una mesa técnica en la Gobernación de Casanare donde participaron el alcalde de Yopal Marco Tulio Ruiz, concejales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la personería.

El motivo de la protesta es el incremento en los avalúos catastrales y los cobros del impuesto predial, los cuales los manifestantes describen como desproporcionados.

Durante el encuentro, las autoridades locales y los líderes comunitarios acordaron mantener una mesa interinstitucional permanente para buscar soluciones jurídicas ante el Gobierno Nacional, dado que la competencia sobre la normativa catastral recae en el nivel central.

Los representantes del movimiento, Carlos Salazar y Nubia Pérez, informaron que actualmente dos delegados se encuentran en Bogotá para adelantar gestiones con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Presidencia de la República.

Los líderes rechazaron los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien vinculó la protesta con sectores latifundistas y orientaciones políticas específicas.

Salazar aclaró que la manifestación integra a ciudadanos de diversas tendencias políticas y sectores sociales, incluyendo personas sin propiedad de tierra y madres cabeza de hogar.

De igual forma denunciaron amenazas de muerte contra dos integrantes del movimiento, solicitando a la institucionalidad garantías para el ejercicio de la protesta.

En cuanto a la movilidad, se estableció un esquema de cierres programados para permitir el tránsito vehicular en intervalos específicos.

Los bloqueos se realizarán en la mañana de cinco a seis, de ocho a diez y de once a doce. En la tarde, los cierres serán de dos a cuatro y de cinco a siete, mientras que en la noche y madrugada se aplicarán de ocho a diez, de once a una y de dos a cuatro.

Las autoridades locales manifestaron su voluntad de mediar ante el Gobierno Nacional para revisar los incrementos que, según denuncias presentadas en la mesa, han llevado avalúos de viviendas de 40 millones a 623 millones de pesos. La protesta se mantendrá de forma indefinida hasta obtener respuestas desde la Administración central.