La Dirección de Rentas de Casanare, bajo el liderazgo de Yonny Silva Rivera, ha intensificado el programa departamental anticontrabando, priorizando la educación ciudadana y la vigilancia operativa como ejes para salvaguardar los recursos destinados a la salud y la seguridad de los consumidores.

En declaraciones del director de esta dependencia, el programa se fundamenta en la creación de una cultura de legalidad que vincula tanto a comerciantes como a consumidores finales.

Las líneas de acción se dividen en tres componentes estratégicos. El primero va dirigido a la capacitación sectorial a través de jornadas directas en centros comerciales, bares y licoreras.

En estos espacios, los propietarios de establecimientos reciben instrucción técnica para identificar señales de alerta en las estampillas y empaques de los productos.

Un segundo componente es la sensibilización al consumidor. En este punto el esfuerzo se materializa vía campañas de educación, donde se promueve que el ciudadano priorice la calidad y el origen legal del producto sobre el precio, enfatizando que el consumo de licor adulterado representa un riesgo directo para la vida.

El tercer y último ítem es el control a expendidos. El departamento insta a la compra exclusiva a través de distribuidores autorizados para garantizar la trazabilidad de las rentas departamentales.

Adulteración de licores

En articulación con la Policía Nacional, Casanare reportó una cifra récord de incautaciones durante el último año. Actualmente, el foco de vigilancia se encuentra sobre las marcas de aguardiente de mayor rotación, debido a que su popularidad las convierte en el objetivo principal de las redes de falsificación.

Silva señaló que el objetivo es evitar que en el departamento se alcancen índices críticos de adulteración, como los observados en otras regiones del país donde se ha reporta que cerca del 25 por ciento del licor comercializado es de origen irregular.

El Desafío del nuevo marco tributario

Pese a los esfuerzos educativos, la administración advierte que el Decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto a los licores en un 110%, supone un desafío adicional para la lucha anticontrabando.

Según el análisis técnico, el aumento sustancial en el precio de venta al público, que podría llevar una botella de aguardiente de $40.000 a $70.000.  

Se considera que este incremento incentivaría el contrabando y la adulteración de los licores, porque algunos compradores buscarían este tipo de mercado para conseguir mejores precios.

Ante este panorama, la Dirección de Rentas reafirmó que la vigilancia se mantendrá estricta para evitar la fuga de capitales que financian el sistema de salud (ADRES) y para proteger la integridad de los habitantes de Casanare frente a productos químicos nocivos.