Se escribió un nuevo capítulo en la historia del presunto caso de corrupción en el contrato entre la EAAAY y la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas SAS, para la construcción de una nueva PTAR de Yopal.

En esta ocasión el turno fue para la Contraloría General de la República. La entidad mediante comunicado de prensa hizo algunas precisiones, sobre las cuales emanó un pronunciamiento oficial.

Al respecto la Contraloría manifestó que, desde octubre de 2022, procedió con el análisis de los dos contratos que son objetos de diatribas y señalamientos.

El 811.14.01.00147.22 cuyo objeto es la construcción de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, que incluye su operación por 25 años.

El segundo contrato es el 811.14.01.00148.22 destinado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la operación del sistema durante 30 años.

Durante el proceso investigativo la Contaloría encontró que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal – Casanare, dio respuesta a una acción interpuesta por la Procuraduría 23 Judicial II Ambiente y Agraria.

La mencionada autoridad judicial decretó la suspensión del trámite de legalización y perfeccionamiento del contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica No. 00148.22, suscrito entre la EAAAY y la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas SAS.

Dicho fallo judicial originó una intervención funcional de oficio por parte de la Contraloría, que tuvo un proceso de seguimiento desde el 12 de diciembre del año pasado.

Al final de la jornada después de todo este trabajo de control, se pudo determinar que no hubo desembolso de recursos públicos, dentro de los contratos mencionados.

Basada en esta conclusión, para la Contraloría no se ha configurado detrimento patrimonial, porque no hubo desembolso de dinero.

Sin embargo, recordó que los referidos procesos contractuales son objeto de seguimiento permanente, cuyo objetivo es identificar y analizar cualquier riesgo al patrimonio público.