Una de las propuestas del Gobierno departamental para apoyar el sector arrocero son las plantas de secado. En las proyecciones de la actual administración se viene trabajando en la creación de tres de estas infraestructuras. 

En este sentido el secretario de desarrollo económico de Casanare, Alexy Duarte, ha entregado detalles de los avances de estos procesos que se adelantan en San Luis de Palenque, Paz de Ariporo y Nunchía.

La información ha sido compartida por Duarte en diferentes escenarios, como la pasada asamblea de Fedearroz, celebrada recientemente en la Cámara de Comercio de Yopal y que contó con la presencia del gerente de esta agremiación, Rafael Hernández.

Para el caso de san Luis de Palenque el secretario mencionó que ya se encuentra en ejecución la consultoría de obra. Agregó que una vez se tengan los resultados de este trabajo, se pasará a la fase de construcción.

Sobre la planta de Paz de Ariporo dijo que en este momento se adelanta el proceso de contratación de la consultoría, que entregará a nivel de prefactibilidad las estimaciones de ubicación, tamaño y unidades de negocio que se podrán implementar.

Finalmente, en lo que respecta a Nunchía, sostuvo el titular del despacho de desarrollo económico del departamento, que la idea es hacer en esta población una nueva planta de secado y almacenamiento de arroz.

Destacó el funcionario que este proyecto es liderado por la Asociación de Mujeres Arroceras de Casanare y que una sea entregado al Departamento, la Gobernación se hará cargo de la construcción de la obra.

El Concejo de Yopal anunció que ha venido haciendo seguimiento a todo el tema de atención a la población con discapacidad. Por ello tiene una comisión especial para este tema que adelantó recientemente una mesa de trabajo, para evaluar el avance de los compromisos que en este campo ha tenido la Administración Municipal.

Este encuentro reunió a diversos actores, incluyendo al personero municipal Yesid Camacho, representantes de la ESE Salud Yopal, madres cuidadoras, miembros del Comité Departamental de Discapacidad y funcionarios de la Alcaldía.

Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con la salud, como la necesidad de asegurar la entrega oportuna de medicamentos y proporcionar atención médica integral a personas con movilidad reducida.

También se discutió el apoyo psicológico para los cuidadores y se promovió el deporte inclusivo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de esta población.

La Administración Municipal informó que se están realizando visitas domiciliarias para caracterizar a las personas con discapacidad y responder a sus necesidades específicas.

Estas visitas se complementan con acciones del Banco de Ayudas Técnicas, que busca ofrecer el soporte necesario a quienes lo requieran.

Además, se presentó un espacio de descarga emocional gestionado por la Secretaría de la Mujer, destinado a brindar apoyo psicológico, talleres y otros servicios que favorezcan el bienestar de las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Este proceso incluye la certificación de discapacidad, lo que permite acceder a diversos beneficios.

Karen Vargas Unibio, presidenta del Concejo, junto a otros miembros de la Comisión, solicitó a la Secretaría de Educación un informe detallado sobre las acciones para adaptar la educación a las necesidades de niños y adolescentes con discapacidad.

Actualmente, se están capacitando docentes para asegurar una inclusión efectiva en las instituciones educativas, donde 1000 estudiantes con diferentes condiciones están siendo atendidos.

Este espacio también permitió que las madres cuidadoras conocieran los servicios disponibles en instituciones públicas, resolvieran dudas y se empoderaran sobre sus derechos y responsabilidades.

El secretario de gobierno del departamento, Julio Ramos, entregó algunos datos, que aún no han sido confirmados, sobre el homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado desembrado el pasado 03 de octubre, en inmediaciones del Torres de San Marcos, en Yopal.

Sobre este crimen generó repudio y preocupación en la comunidad por el grado de atrocidad que alcanzó, el funcionario sostuvo que todo lo que se tiene hasta el momento son versiones extraoficiales, que están siendo analizadas.

Esta información señala que la víctima, quien aún no ha sido identificada, posiblemente era oriunda del departamento de Antioquia. En este mismo terreno de los supuestos, se dice que el agresor, al parecer, sería un ciudadano de origen venezolano.   

Sin embargo, Ramos manifestó que es necesario esperar los resultados de las investigaciones, para poder confirmar o negar estas afirmaciones, así como para conocer todos los pormenores de dicho homicidio, así como de sus responsables.

El funcionario agregó que el Gobierno departamental se encuentra en una lucha frontal contra el delito y en especial contra el feminicidio. Por eso aprovechó la oportunidad para contar que, con motivo del día nacional en contra de la violencia contra la mujer el próximo 25 de noviembre, se adelantó una relevante gestión.

“Nos aprobaron un importante proyecto desde el comité de orden público y es tener la casa refugio para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar”, explicó Julio Ramos.

Cerca de seis mil millones de pesos aportará la Gobernación de Casanare para mejorar temas de movilidad de la Policía Nacional, así como la ejecución de diferentes proyectos que sean priorizados por la institución.

Así lo mencionó el secretario de gobierno departamental, Julio Ramos, en rueda de prensa realizada durante los actos protocolarios de ascenso de 155 patrulleros al nivel ejecutivo.

El funcionario precisó que son muchas las necesidades que tiene la Policía en Casanare. Citó como ejemplo la construcción de las subestaciones de policía en puntos como el corregimiento de Bocas del Pauto en el municipio de Trinidad; Caribayona en Villanueva; Tilodirán en Yopal; al igual que la estación en Támara. Además de reparaciones locativas en la sede de Nunchía.

Para el caso de Bocas del Pauto reconoció que se viene haciendo un esfuerzo grande con la alcaldesa, Dámaris Abril, para tener de manera provisional una subestación, porque calificó como inhumanas las condiciones en que se encuentran los uniformados en esta zona rural de Trinidad.

“En plazo de un mes o mes y medio estaríamos entregando esa subestación, pero estamos haciendo los estudios para tener más adelante y poder presentarle al Gobierno nacional un proyecto que nos pueda ayudar a tener esta subestación y mejorar las estaciones de Policía que necesitamos en el departamento”, subrayó el secretario de gobierno.

Fueron levantados los bloqueos que obstaculizaron el desarrollo proyecto de mejoramiento de la vía que conecta Maní con la vereda Armenia, tras varios días de protestas por parte de transportadores de las cooperativas de Maní y Tauramena.

Este acuerdo se logró gracias a la mediación del alcalde de Maní, Ferney Chaparro Perdomo y permitirá reanudar las obras de mejoramiento de dicha carretera, en este importante sector de municipio.

Los transportadores de Tauramena se encargarán de cargar material desde la cantera La Maporita y llevarlo al caño Piñalito, ubicado en el kilómetro 29, que marca el límite entre ambos municipios.

Posteriormente, los transportadores de Maní realizarán el traslado del material desde Piñalito hasta el punto central del proyecto en Armenia, lo que implica un recorrido adicional de 33 kilómetros.

Este tipo de acuerdos busca mitigar los efectos negativos de los bloqueos en la movilidad de la comunidad y evitar la creación de divisiones territoriales en Casanare.

La población espera que se cumplan estos compromisos para facilitar el avance de la iniciativa, que promete beneficios significativos en términos turísticos, empresariales y sociales para la región.

Desde la Gestión del Riesgo de Casanare se informó que lamentablemente fueron encontrados sin vida los cuerpos de los dos adultos mayores y el menor de edad, que se encontraban desaparecidos, luego que la embarcación en la que se transportaban con otra docena de personas naufragara en el río Casanare. 

El incidente se presentó el domingo 06 de octubre en jurisdicción de Santa María, sector de Las Cruces, municipio de Hato Corozal.  Desde esta población del norte de Casanare fueron desplazadas unidades de la Defensa Civil hacia la población de Puerto Rondón, Arauca, para contribuir con la búsqueda.

Finalmente, diferentes entidades se sumaron a esta tarea. De esta manera se adelantó un trabajo coordinado entre la Alcaldía de Hato Corozal, la Defensa Civil, Bomberos y familiares de las víctimas.

Según información de la información entregada por Gestión del Riesgo Departamental, inicialmente fueron localizados los cuerpos de los dos adultos mayores y posteriormente el del menor de edad.

Una vez concluida la búsqueda, los cadáveres serán trasladados hasta el municipio de Paz de Ariporo.

Hoy martes 08 de octubre en horas de la mañana, la Defensa Civil retomará las labores de búsqueda de tres personas que desaparecieron cuando se transportaban por el río Casanare.

Aunque los hechos se presentaron en Puerto Rondón (Arauca), unidades del mencionado organismo de socorro de Casanare, se desplazaron ayer lunes 07 hasta esta población del vecino departamento para prestar ayuda en esta tarea humanitaria.

Según la junta de la Defensa Civil de Hato Corozal, sobre la 4:00 de la tarde recibieron una llamada informando acerca del naufragio de una embarcación que llevaba 15 personas a bordo.  De este grupo aún se encuentran desaparecidos dos adultos mayores y un menor de edad.

Ante esta emergencia, por solicitud del comité de gestión de riesgo del municipio de Hato Corozal, se hicieron todos los preparativos logísticos y de personal para entra a apoyar los trabajos de búsqueda.

Fue así como enviaron dos voluntarios a la localidad de Puerto Rondón, quienes arribaron a esta población en horas de la noche. El objetivo es que, junto con unidades de la Defensa Civil de Arauca, adelantar hoy martes 08, desde muy tempranas horas del día, las acciones de búsqueda de las tres personas que se encuentran desaparecidas.

Las autoridades de Paz de Ariporo están investigando el fallecimiento de un joven en el barrio El Progreso. El incidente ocurrió este lunes 07 de octubre alrededor de la 1:50 p.m. en la carrera 9 # 4 - 23 sur, donde se recibió un aviso sobre una persona hallada sin vida.

La víctima, identificada como Fabian Andrés Martínez Horopa, de 21 años, fue encontrada por su pareja sentimental, quien notó que la puerta estaba asegurada.

Con la ayuda de un vecino, lograron ingresar a la vivienda a través de un muro y encontraron al joven suspendido de una cuerda en una de las habitaciones. Este trágico suceso ha generado preocupación en la comunidad Paz de Ariporo.

En los últimos meses se ha venido incrementando en el departamento los casos de fallecimiento por decisión propia. Situación que tiene prendida las alarmas sobre en el tema de salud mental. Pese a los esfuerzos de las autoridades las cada vez son más frecuentes este tipo de hechos.

Un año es el plazo estipulado que durará la intervención administrativa forzosa, a la cual fue sometida Capresoca por parte de la Superintendencia de Salud.

El superintendente, Carlos Leal Angarita,  estuvo en Yopal liderando la toma de bienes, posesiones y negocios de la EPS, como el mismo denominó a la intervención que tuvo lugar este 07 de octubre sobre el mediodía.

Angarita indicó que la medida fue adoptada por distintos incumplimientos al estatuto orgánico financiero, específicamente en su artículo 114, lo que conlleva a poner en riesgo la salud y la vida de los más 176 mil afiliados que tiene la entidad.

Adicionalmente calificó como un reto administrativo importante, el poder garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, que tiene a cargo Capresoca.

Recordó que la EPS tenía una medida de vigilancia especial por un lapso superior a los ochos años, por parte de la Superintendencia. Aseguró que durante este tiempo la EPS había incurrido en incumplimientos de las órdenes impartidas por parte de Supersalud.

Aclaró que la intervención es de carácter administrativo y que no se van a alterar los servicios que se viene prestando a los usuarios, durante el proceso que dure la intervención.

Es por ello por lo que insistió que no se trata de una liquidación de la empresa. Por lo tanto, no se presentarán cambios en la nómina. Dijo igualmente que, el agente interventor que se hizo cargo de Capresoca, será sujeto de vigilancia por parte de la Superintendencia.

Esta persona tiene como primera tarea hacer un diagnóstico y elaborar un plan de trabajo, que será la carta de navegación a través de la cual se deben cumplir los objetivos de la intervención.

Las palabras del superintendente fueron precedidas por un comunicado de prensa, donde la autoridad del orden nacional entregó por menores de las razones que llevaron a la intervención de Capresoca.

En el escrito se aseguró que la Supersalud puedo evidenciar “una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos, así como, un aumento importante en las quejas de sus usuarios”.

Para la Superintendencia esta compleja situación “pone en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud como la integridad y la vida de los afiliados concentrados principalmente en el departamento de Casanare”.

Otro factor que se tuvo en cuenta para la intervención está relacionado con el hecho que Capresoca “desde agosto del 2016 se encontraba de manera ininterrumpida bajo medida preventiva de vigilancia especial, y  a  la  fecha  no  ha  logrado  subsanar  las  falencias identificadas”

Por el contrario, la problemática ha venido en una curva ascendente. Citó el caso de las PQR que subieron en un “120% comparando los periodos de enero a julio de 2023 y 2024, que ubican a la EPS en el tercer lugar entre 12 EPS de régimen subsidiado con mayor tasa de reclamaciones”.

La Superintendencia sostuvo que “entre los principales motivos de estas reclamaciones se encuentran la negación y falta de oportunidad en: el  reconocimiento de reembolsos, asignación de citas o consultas, tecnologías en salud y/o otros servicios autorizados”.

Finalmente, en el terreno de la solvencia financiera, la autoridad nacional reportó que “se evidenció el no cumplimiento de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y el 2024 con corte al mes de junio”.

Igualmente cuestionó el hecho que “la EPS no remitió la información relacionada con la metodología del cálculo de reservas técnicas a corte de diciembre de 2023 y junio de 2024”.

A todo lo anterior se suma que “Capresoca presenta un incremento del 66% en la interposición de tutelas contra la EPS por las dificultades en la prestación de servicios de salud a los afiliados”.

Ahora solo resta esperar que el remedio no sea peor que la enfermedad, que la intervención logre sacar de la crisis en que se encuentra entidad. Sin embargo, la medida, para muchos, está inmersa en un ambiente de incredulidad, que tiene su asidero en las experiencias adversas que han tenido con esta figura de salvamento otras entidades.

Basta con mirar alrededor para encontrar un claro ejemplo en la EAAAY, que luego de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, ha presentado más dificultades y cuestionamientos que cuando estaba en manos del Municipio.

Comunidades de los municipios de Maní y Tauramena, denuncian manifestaciones en la vía que conduce del sector de Gaviotas a Maní, más exactamente en el denominado como la curva El Diablo,  donde transportadores han parqueado decenas de  vehículos de carga pesada, obstruyendo el tráfico de vehículos y personas que necesitan movilizarse por el lugar.

Las protestas se derivan de peticiones que realizan los representantes de las cooperativas de transportadores  relacionadas con su deseo de obtener mayor participación económica en el contrato que busca conectar a los dos municipios. Al no ejecutarse la obra  con normalidad, se generan graves afectaciones al desarrollo de localidades como Maní, Tauramena y Yopal.

Fuentes consultadas han expresado que el contrato cumple a cabalidad con los requerimientos legales en materia de mano de obra y contratación local, pero los líderes del gremio transportador buscan obtener más utilidades y para ello se han propuesto generar presión bloqueando ilegalmente el avance de la obra y con ello generando graves problemáticas a la ciudadanía que solicita se permita el derecho a la movilidad con normalidad.

Las cooperativas de transportadores de Maní y Tauramena aún no se ponen de acuerdo respecto a la participación que debe tener cada uno en la obra, por lo cual a esta hora se establece una mesa de diálogo en el despacho del alcalde de Maní.