Un fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare, ordenó  la pérdida de investidura de Jáder Andrés Flórez Castañeda, quien había sido elegido concejal del municipio de Aguazul para el periodo 2024 – 2027 por el Partido Conservador, en los comicios del 29 de octubre de 2023.

Sobre este caso había una Acción Popular que suspendía su elección, debió a que Jáder Flórez cumplió una condena de 56 meses de prisión por el delito de tráfico o porte de estupefacientes, impuesta por el Juzgado Tercero Penal de Yopal, en el año 2014.

Sin embargo la pena tuvo un descuento de 4 meses y 2 días, por trabajo. También se decretó la extinción de la sanción penal y Flórez fue cobijado con beneficio de excarcelación.

Pese a toda situación favorable para Flórez Castañeda y basados en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, la sentencia impuesta en su contra lo dejó inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular.

Para el Tribunal, Jáder Flórez estaba en la obligación de verificar si se encontraba o no inhabilitado para aspirar al cargo de concejal. Tarea que no hizo el entonces candidato.

Actitud que para la autoridad judicial se incurrió en un incumplió con los fundamentos constitucionales, legales y defraudó a su electorado al inscribirse y ser elegido como concejal luego de haber cumplido su condena por el delito antes mencionado.

Por estas razones el Tribunal ordenó la pérdida de investidura de Jáder Andrés Flórez Castañeda.

La noche del pasado 15 de enero, aproximadamente a las 23:30 horas, se registró un lamentable accidente de tránsito en la vía que conduce de Yopal a Paz de Ariporo, específicamente en el kilómetro 86.

Según informó la Policía de Carreteras, el accidente fue tipo volcamiento lateral y dejó como resultado la muerte de Jhon Sebastian Caicedo Bonilla, un joven de 17 años oriundo de Yopal.

De acuerdo con los reportes, Caicedo Bonilla se desplazaba en una motocicleta de color blanco y negro, placa BHO90F, en sentido de Paz de Ariporo hacia Yopal, cuando por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y sufrió el volcamiento.

El fuerte impacto le ocasionó la muerte en el sitio al joven motociclista. Las autoridades se encuentran adelantando la investigación para determinar las causas precisas del accidente.

Este nuevo incidente vial enciende las alarmas sobre la necesidad de mayor control y campañas de prevención en la carretera que une Yopal y Paz de Ariporo, donde los accidentes de tránsito, especialmente aquellos en que se ven involucrados motociclistas, son recurrentes y han cobrado valiosas vidas.

Un lamentable accidente se presentó en zona rural del municipio de Hato Corozal, cobrando la vía de un niño de tres años.

Versiones de lo ocurrido señalaron que el menor iba junto con su señora madre en un caballo, con destino a una finca ubicada en la vereda San Nicolás.

De un momento a otro el semoviente se asustó y emprendió carrera, tumbando a la mujer y al niño. Desafortunadamente el menor quedó enredado en una cuerda de nylon y fue arrastrado por el animal.

Tanto la mamá como el niño fueron auxiliados por los vecinos, quienes los trasladaron al hospital local, pero infortunadamente los golpes que recibió el menor le ocasionaron la muerte.

El álgido tema de inseguridad que se ciñe sobre Yopal, atraviesa por un laberinto de promesas y compromisos de las entidades del Estado, mientras que la comunidad reclama acciones concretas que pongan fin a esta situación que tiene al borde del desespero a la ciudadanía.

Ayer lunes 15 de enero habitantes de El Morro sentaron su voz de protesta, por el creciente número de hurtos a los que están expuestos, no solo los residentes de este sector rural, sino los visitantes que llegan en búsqueda de balneario para disfrutar de un paseo de río.

A este llamado se suma ahora una denuncia ciudadana de carácter anónimo, donde se describe todas dificultades que en materia de seguridad, a traviesa el barrio Progreso III.

“En el tranquilo barrio de EL PROGRESO 3, la creciente problemática del consumo de drogas ha sumido a los residentes en un estado de inseguridad y malestar.

A medida que el problema se profundiza, los habitantes se ven afectados, no solo por la amenaza directa de la delincuencia, sino también por las consecuencias tangibles en el mercado inmobiliario y la calidad de vida.

La presencia constante de traficantes de drogas ha contribuido a un aumento significativo de la inseguridad en las calles, generando un ambiente hostil para los vecinos.

Este fenómeno no solo ha desencadenado un sentimiento de vulnerabilidad, sino que también ha provocado un descenso en los precios de las viviendas locales, afectando negativamente la inversión y el patrimonio de los residentes.

A pesar de la cercanía de las fuerzas policiales, la comunidad se queja de la falta de acciones concretas para abordar esta problemática. La aparente inacción de la Policía ha dejado a los residentes sintiéndose desprotegidos y desesperanzados.

Peticiones reiteradas de controles más estrictos y medidas de seguridad adicionales han caído en oídos sordos, exacerbando la frustración de la comunidad.

Los vecinos, unidos en su preocupación, están exigiendo respuestas inmediatas de las autoridades locales y una intervención más enérgica por parte de la policía.

La necesidad de restaurar la paz y la seguridad en el barrio se ha convertido en una prioridad urgente, ya que la vida cotidiana de los residentes se ve cada vez más afectada por esta situación.

En este contexto, los líderes comunitarios están organizando reuniones y manifestaciones para sensibilizar a las autoridades sobre la gravedad del problema y buscar soluciones concretas.

Mientras tanto, los habitantes del  Progreso III siguen a la espera de efectivas que devuelvan la tranquilidad a su barrio y pongan fin a la espiral descendente causada por el comercio de drogas y la inseguridad.

La presencia constante de traficantes de drogas no solo ha desencadenado un aumento significativo de la inseguridad en las calles, sino que también ha expuesto a los niños y adolescentes del barrio a un entorno peligroso.

La proximidad de este fenómeno ha generado preocupaciones entre los padres y educadores, quienes temen que, en muy poco tiempo, la juventud local también pueda caer en las garras de los vicios y la delincuencia.

El impacto negativo en la niñez y la adolescencia se manifiesta en la falta de entornos seguros y saludables para su desarrollo. Los residentes, además de enfrentar la amenaza directa de la delincuencia, se ven obligados a lidiar con el temor constante de que sus hijos e hijas sean arrastrados hacia una vida marcada por la adicción y el crimen.

A pesar de la urgencia de la situación, la inacción de las autoridades y la falta de medidas preventivas específicas han dejado a la comunidad sintiéndose desamparada en la protección de su juventud.

Los vecinos, conscientes de la necesidad de salvar el futuro de sus hijos, elevan sus voces con más fuerza, exigiendo acciones inmediatas y programas de prevención que contrarresten el impacto devastador de la presencia del narcotráfico en el barrio.

La situación actual no solo amenaza la seguridad presente, sino que también pone en riesgo el bienestar y la integridad futura de la generación venidera en barrio el Progreso III.

La comunidad, en su totalidad, insta a las autoridades a considerar la protección de la niñez y la adolescencia como una prioridad crucial en la lucha contra la creciente crisis de seguridad y drogas que asola su barrio”.