Jaime Alberto Rodríguez, apoderado del alcalde de Paz de Ariporo, Licenciado   Edgar Bejarano García, presentó hoy a la Procuraduría Regional de Casanare en audiencia pública los descargos de la defensa con los que busca demostrar que el mandatario no incurrió en una presunta violación al Régimen de inhabilidades.

En días pasados, la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Bejarano García por presunta inhabilidad para aspirar ser elegido y posesionarse como alcalde del municipio de Paz de Ariporo, período 2011-2015, al intervenir un año atrás de la elección en la gestión de  recursos ante el Ministerio de Cultura para la realización del Tercer Encuentro de Vaquería (2011), a través del Club  Folclórico Estudiantil Alcaraván de Oro, del cual el mandatario actuaba en calidad de coordinador general y siendo su cónyuge, Martha Adelys González Girón la representante legal del mismo, y quien además celebró un convenio por 15 millones 700 mil pesos.

Durante la diligencia disciplinaria Rodríguez  aseguró que su defendido no se encontraba impedido para inscribirse  y ser elegido alcalde de dicho municipio porque en “ningún momento mi representado celebró contrato alguno con el Ministerio de Cultura a nombre propio, la Junta Directiva del Club El Alcaraván de Oro le otorgó facultades conforme a la Ley para gestionar un convenio, pero no a nombre de Edgar Bejarano”.

Agregó que la gestión ante el ente nacional se desarrolló según autorización de la Junta Directiva del club el 10 de septiembre de 2010, a más de un año de su elección como candidato.

Por su parte, Luciano Ramírez Mesa, Procurador Regional de Casanare aseguró “que el apoderado del mandatario asegura que la gestión se adelantó ante un órgano nacional por lo que los recursos nada tienen  que ver  con el ente municipal, situación que es contraría al concepto de la Procuraduría”.

Además, se refirió a las afirmaciones planteadas por Rodríguez, quien aseguró  posible vulneración de los derechos del implicado en el proceso, “tiene la concepción equivocada que el proceso verbal cercena o vulnera derechos a los investigados, cuando lo que se ha llevado es un proceso garantista”.

 “Lo que sigue en el proceso es la resolución de los alegatos planteados, esa es la recta final. Una vez cumplidos los términos en cinco días se conocería la decisión del fallo, y podría resolverse el proceso antes de terminarse este año”, añadió el procurador.

El abogado de Bejarano aportó las pruebas documentales que permiten demostrar que su defendido no incurrió en violación al régimen de inhabilidades. Mientras el ente de control las resuelve la audiencia estará suspendida y será reanudará el  2 de diciembre de 2014 a las 9:00 am en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Casanare.