En un operativo desplegado por unidades policiales adscritas a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se logró la desarticulación de la banda delincuencial conocida como “Los Pinto”, por los delitos de fabricación tráfico o porte de arma de fuego y hurto calificado y agravado.

Este grupo delictivo estaba conformado por tres personas, entre ellos Alias “Vacancito” de 22 años de edad, natural de Villanueva Casanare y jefe principal de la organización, alias “Niche” de 28 años de edad, natural de Caloto Cauca y segundo cabecilla de la banda y alias “Tomate” de 26 años de edad, natural de Villavicencio Meta, quien se desempeñaba como logístico, los cuales operaban desde los municipios de Santander de Quilichao, Mani y la ciudad de Villavicencio respectivamente.

 Mediante labores investigativas se logró establecer que este grupo delincuencial organizado, se dedicaba al hurto a personas y entidades financieras en el departamento de Casanare, las cuales eran cometidas mediante la modalidad de taquillazo intimidando las victimas con armas de fuego.

Gracias a las labores realizadas por parte de los investigadores judiciales, se emiten por parte de las autoridades competentes las respectivas órdenes de captura en contra estos sujetos, logrando así la desarticulación de esta peligrosa banda delincuencial “los pinto”.

Un balance positivo arrojó la Audiencia Pública: Agua Derecho Fundamental, convocada por el senador del Partido Alianza Verde, Jorge Prieto Riveros.  La participación de más de cuarenta fundaciones, organizaciones sociales, y sindicatos de todo el país, así como de cuatro Ministerios, senadores y representantes a la Cámara de diferentes partidos políticos, concejales, diputados, y la Defensoría del Pueblo, confirmaron el interés nacional que ha despertado el Proyecto de Acto Legislativo radicado por el senador casanareño con el respaldo de 42 de sus colegas congresistas.

Iniciativa que se destaca dado que en Colombia entre las zonas hídricas de la Amazonía y el Orinoco se concentra el 66% del agua con que cuenta el país (1.509 km3 agua/año), lo equivalente al 17% del agua dulce del planeta. Además, Colombia tiene 34 páramos, que representan el 50% de los páramos del mundo y ocupan apenas el 1.7% del territorio nacional, una reserva fundamental, dado que de ellos brota el 85% del agua potable que consumimos los colombianos.

El senador Prieto de la Alianza Verde resaltó los fallos de 1992 y 2016 de las altas Cortes, mencionando un apartado de la sentencia C-35 de 2016 que restringe la actividad minera en los páramos de Colombia expresando que “es perentorio proteger las áreas de especial importancia ecológica, para evitar poner en riesgo el acceso de la población al derecho fundamental al agua en condiciones de calidad”.

El congresista casanareño concluyó diciendo que “los colombianos tenemos clara nuestra responsabilidad y estamos tomando conciencia sobre la importancia de hacer valer la protección del agua como un derecho esencial. Le corresponde ahora al estado colombiano, más exactamente a este Congreso y al Gobierno Nacional dar el paso definitivo hacia el reconocimiento del agua como derecho fundamental de todos los colombianos (…) Llamo la atención de todos los colombianos para que exijan a sus Senadores y Representantes a la Cámara que responsablemente le den su voto positivo a este proyecto”.

Se espera que las próximas semanas se lleve a cabo el primer debate del Proyecto de Acto Legislativo en la Comisión Primera del Senado de la República, para empezar así el proceso de aprobación del mismo.

Condiciones familiares y personales argumentó Bayardo Santana, como las causas de su renuncia al cargo que venía ejerciendo desde hace 15 meses como gerente de la Empresa de Energía de Casanare. Su renuncia fue presentada a la junta directiva el día 30 de marzo.

Hoy fue presentado por parte del gerente el que sería su último informe de gestión en la Asamblea General de Accionistas y allí quedaron previstas algunas medidas que se tomarán en pro de la mejora tanto del servicio, como de la parte interna de la empresa.

“Agradezco a los accionistas de la compañía, a la junta directiva, al gobierno corporativo por estos 15 meses de trabajo en los que se cumplieron esfuerzos por el bien de la entidad. Esperamos que se tomen las decisiones responsablemente de aquí en adelante” señaló el ingeniero.

Por el momento la compañía está esperando la revisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por lo que se viene adelantando e implementando planes de recuperación de cartera y control eficiente de gastos. “Actualmente, hemos venido operando en circunstancias del fenómeno del niño, se ha tenido que venir asumiendo costos en la compra de energía que en estos momentos no están siendo reconocidos en la tarifa, viene hacia adelante una serie de medidas que adoptó el gobierno que tiene que ver con el ahorro voluntario, y con los problemas de capitalización” agregó Santana.

A mediano plazo se prevé la decisión de comprar activos y una metodología de remuneración. La idea es que se capitalice con activos la compañía y que pueda continuar con su operación.

“No me han pedido la renuncia, es una decisión que tomé debido a que ya cumplí mi ciclo de metas” aclaró el gerente, quien además sostuvo que seguirá ejerciendo su profesión como ingeniero.

Mientras la junta directiva toma las decisiones correspondientes a la gerencia de la entidad, Bayardo Santana estará en el cargo por dos semanas más.

William Quintero ex interno de la cárcel de Yopal, denunció en los micrófonos de La W  Radio, a la directora del penal, Gina Paola Ura. El ex interno relacionado con un grupo de narcotraficantes, asegura que la directora de la cárcel constituyó una empresa criminal dentro del penal en las que a cambio de jugosas sumas de dinero se cambian historias médicas y se pronostican enfermedades para lograr detenciones domiciliarias de los internos.

Quintero contó cómo se dio cuenta de los ilícitos al solicitar unos medicamentos en el consultorio médico de la cárcel.

Según Quintero, quien ahora se encuentra en detención domiciliaria, la directora de la cárcel, un grupo de dragoneantes, Pilar Farfán, jefe de sanidad del penal, y una juez, se concertaron para cobrar sumas que van desde los 12 millones hasta los 100 millones de pesos a cambio de una detención domiciliaria.

En un hecho más grave aún, Quintero, asegura que los funcionarios de la cárcel de Yopal estuvieron detrás de la polémica detención domiciliaria otorgada al jefe guerrillero de las Farc, Héctor Fabián Lombana, alias Hover, quien luego se fugó, el pasado 8 de abril de 2015.

Alias Hover es señalado como el responsable del crimen de 12 militares en el año 2012 en el caserío los pericos en Arauca y de la muerte de otros 55 militares.

Indagamos sobre la detención domiciliara otorgada al señor Lombana y coincidencialmente la jueza Fanny Achagua Velandia fue la funcionaria que le dio este beneficio al guerrillero.

Quintero dice que teme por su vida y dice que si llegan a atentar contra su integridad, será responsabilidad de los funcionarios del Inpec que denuncio.

Por otro lado, varios funcionarios del Inpec, cuyo nombre nos abstenemos  de revelar, nos dijeron que estas denuncias fueron colocadas en manos del director del Inpec, el general Jorge Ramírez, hace más de seis meses y nada se ha hecho.

(Tomado de la W)