Desde el asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes de lado de los habitantes ilegales de este predio, propuso como solución revisar planos parciales en el POT para intentar darle legalidad y proponerle a urbanizadores que desde hace 3 años pidieron la licencia, retomar el desarrollo de estas áreas y pedirles compensaciones, iniciativa que reitera su revisión.

“Una orden de arresto por 3 días en contra mía, por un presunto desacato de una orden judicial, me está ordenando básicamente, desalojar en 48 horas a las personas que habitan acá”, así inicio su intervención el burgomaestre, quien no entiende porque el Juzgado Primero Civil Municipal decidió esa orden, ante una invasión que comenzó en el año 2012 y no hace 72 horas.

Agregó, “si me tengo que ir a la cárcel, me puedo ir, pero eso no resuelve el problema de Mi Nueva Esperanza ni los demás asentamientos en Yopal”, postura que fue apoyada por el líder de estas personas, Javier Pérez.

Mientras tanto, el mandatario municipal planea visitar el viceministerio de Vivienda, para presentarle la situación de alrededor de 6 asentamientos ilegales que tiene el municipio y reitera que la solución de fondo no la puede resolver sólo, que requiere de una corresponsabilidad para un problema de hace casi una década.

Así mismo, con el trabajo de verificación de la caracterización realizada el año pasado, el IDURY pretende constatar quienes podrían ser beneficiados con un futuro programa de vivienda, porque para la Administración Municipal, hay personas en el asentamiento “con la capacidad de pago y casi en la búsqueda de hacer un negocio”.

Ricardo Corso, gerente del IDURY, apoyando la posible solución planteada por el alcalde, de revisar los planos parciales del POT, considera que esa posibilidad es demorada y no se puede cumplir en un año la solución definitiva, sin embargo, se manifiesta optimista con las otras etapas que se están proyectando en Villa David, que esperan tener formulado el proyecto para el próximo año y gestionar que a nivel nacional se apadrine.

De otra parte, Javier Pérez, también propone otra solución con un terreno que asegura tener la documentación y que está declarado como suelo urbano con los servicios de agua, luz y gas natural.

“Lamentamos la orden de arresto y presentamos una propuesta de diálogo social”, afirmó el líder de los habitantes de Mi Nueva Esperanza.