Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, no iría a la cárcel en estas fechas decembrinas, porque aún no está en firme el pronunciamiento del Juzgado Primero Civil Municipal que ordenó 3 días de arresto y la multa de 3 salarios mínimos legales vigentes por incumplimiento al desacato del año de 2016, debido a que desde esa fecha no se ha determinado la reubicación de más de 500 familias del asentamiento Mi Nueva Esperanza. Se espera que vaya a consulta a un Juzgado de Circuito.

“Vamos a esperar que el Juzgado Primero Civil Municipal pase esta decisión a la oficina de reparto judicial para saber a qué juzgado en segunda instancia es que nos tenemos que pronunciar, va a tener la Alcaldía Municipal otra oportunidad de decirle al juez, cuales son los adelantos y cuál es el trabajo que ha realizado en estos meses”, explicó Tatiana Ríos, defensa judicial del proceso.

Según las cuentas del equipo jurídico de Puentes Vargas, quienes aseguran desconocer si ya está en reparto o si alcanzó a asignar un juez en segunda instancia, están a la espera que sean notificados. Además, tienen en cuenta que ayer entraron en vacancia judicial por la temporada de fin de año, situación que podría alargar la decisión del Juzgado si revoca o confirma la orden.

Esta decisión de un juez se debe al incumplimiento de un fallo judicial del año 2015 y un proceso policivo del 2012, que no se ha resuelto en ninguna de las anteriores administraciones del actual alcalde.

El incidente de desacato a una tutela interpuesta por la propietaria del predio “Finca Los Sitios”, en la vereda la Guafilla de Yopal, que hoy fue denominado como “Mi Nueva Esperanza”, por las personas que lo habitan ilegalmente, ordenó desde el 2015, que la Alcaldía debe realizar el desalojo, sin vulnerar los derechos fundamentales de los invasores y evaluar la población asentada para garantizarle la ubicación temporal, mientras se solucione el problema de vivienda definitiva.

Defensa de la Alcaldía

Sin embargo, la Alcaldía expone que encontraron un censo o caracterización del IDURY, realizado el año pasado, donde arrojó que hay 516 núcleos familiares, dato que requiere verificación y son las acciones que estarán desarrollando ayer y hoy. Igualmente, hicieron una georreferenciación el 28 de noviembre de este año, porque la población impedía con trabas el ingreso del personal de la oficina de Obras Públicas del municipio en otros intentos durante el año.

Estos son los argumentos de la defensa de la Alcaldía, que pretenden presentar ante el Juez en el momento que sean notificados.

“No se ha podido darle cumplimiento al fallo, porque por parte de la comunidad también han existido trabas, no se ha dejado ingresar a personal de la alcaldía, igualmente al tratarse de un tema de gran envergadura, es muy difícil dar pasos en falso y entregar resultados de un momento a otro, esto debe ser fruto de una planeación, de una estructuración y unos procedimientos” explicó David Suarez, defensa judicial del proceso.

Agregan, que la Administración Municipal no puede sacar alrededor de 3 mil millones de pesos en 6 meses, para darle el albergue temporal a 516 familias que son 3 mil personas que están asentadas.

Por este desacato la ex alcaldesa Luz Marina Cardozo estuvo en la cárcel, al igual que el inspector segundo de policía.