Los predios no han podido titularse  por una restricción contemplada en la Ley 1728 del 18 de julio de 2014,  en la cual el gobierno  nacional decretó no adjudicar terrenos baldíos situados dentro de un radio de 2.500 metros  alrededor de las zonas donde se adelantan procesos de explotación petrolera.

Aunque la  medida fue modificada en junio del año anterior (antes 5 kilómetros), aún se  restringe el acceso a los predios  por parte del gobierno nacional. Otra situación que agudiza la problemática  de adjudicación de tierras en Casanare obedece a la falta de operatividad de la regional del Incoder, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

En Casanare se tiene represadas 7.900 solicitudes radicadas en la regional del Incoder para titulación de tierras, que no han iniciado trámite para la adjudicación de los predios, además hay   más de 3.900 actos administrativos para notificarse, pero la falta de personal técnico y de insumos no ha permitido cumplir esta diligencia.

“Ha sido tan pobre la operatividad del Incoder en Casanare, el presupuesto que se tiene  es de 110 millones de pesos, monto insuficiente para atender  las casi 8.000 solicitudes de titulación. Esta entidad no opera en el departamento”, precisó el diputado Ramiro Rivera.

Rivera espera que en los primeros días de abril, fecha en la que  fueron citados a la Asamblea de Casanare, el director del Incoder  y el representante de  la superintendencia de Notariado y Registro, para abordar esta difícil situación que se presenta de manera generalizada en todo el departamento.