Por: Martha Cifuentes

Por modificar y eliminar comparendos por embriaguez mediante falsas resoluciones durante los años 2014 y 2015 a cambio de dádivas, la Fiscalía imputó cargos contra 3 mujeres capturadas por delitos contra la Administración Pública. Dos de ellas fueron cobijadas con detención domiciliaria y la otra quedó libre. La ex inspectora de tránsito de Yopal Rocío Socorro Martínez continúa prófuga.

Luego de que el 13 de marzo Indira Yadarlyn Garrido Gualdrón, otrora Auxiliar Administrativo de la Inspección de Tránsito de Yopal, María Claudia Molina Rincón Técnica Administrativa de la Secretaria de Transito local y Yesica Yadira Salamanca Chipiaje, quien se desempeñaba entonces como Auxiliar de una concesión transportadora de la región, fueran presentadas para imputación de cargos relacionados con irregularidades en los comparendos por embriaguez en la Inspección de Tránsito de Yopal, ayer un Juzgado determinó que las dos primeras fueran cobijadas con detención domiciliaria mientras que la última quedó libre pero vinculada al proceso.

Las irregularidades por las que fueron detenidas, tendrían que ver con el manejo del sistema SIMIT a cargo de la Inspección de Transito de Yopal, con relación a comparendos expedidos por embriaguez, que presentarían modificaciones y eliminación de las infracciones mediante resoluciones falsas a cambio, al parecer, de dádivas solicitadas por funcionarios de la Inspección de Tránsito de Yopal y de una funcionaria de la concesión, que causaron la pérdida de por lo menos $392 millones de pesos para el municipio.

La Fiscalía con base en una rigurosa investigación de 8 meses luego de las denuncias realizadas en 2015 y teniendo como base una auditoría de la Contraloría Departamental que detectó hallazgos contra la Administración Pública por 1.500 millones de pesos aproximadamente, vinculó a 4 personas al proceso de corrupción de los comparendos.

Por todo lo anterior se imputaron cargos por peculado por apropiación, concusión, falsedad ideológica de documento público, prevaricato, supresión y ocultamiento de documento público.

Extraoficialmente se conoce que habría dos abogados y un secretario de despacho de la Alcaldía de Yopal salpicados por estos hechos.

Cómo se evidenció el carrusel de comparendos

Lo que inició en 2015 como una estrategia para reducir la alta accidentalidad fatal de tránsito en Yopal a través de retenes y controles de conductores en estado de embriaguez culminó en uno de los más sonados casos de corrupción en la Inspección de Tránsito local, con los denominados comparendos de infracción F, que implica conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias sicoactivas

En mayo de ese año hubo 3 operativos seguidos aprovechando algunos puentes festivos en los que la Secretaría de Tránsito en conjunto con la Policía de Carreteras realizó operativos para evitar más víctimas mortales o lesionadas. En estos fueron objeto de comparendos varios infractores. Uno de ellos afanado por solucionar su situación legal acudió al despacho de la entonces Secretaria de tránsito, Martha Mojica. Él le pregunta que a quién tiene que darle 8 millones de pesos para sanear la infracción. Ella, sin entender porque le hablaba de ese monto, le informó que debía acudir a la Oficina de la Inspección del Tránsito donde le informarían los procedimientos para hacerle frente al tema.

Pasado un tiempo y observando ciertas anormalidades en el tema de los comparendos F, la secretaria indagó con la inspectora del tránsito, Rocio Socorro Martínez, acerca del proceso de subida de los comparendos al Simit y evidenció que no solo ella tenía acceso a la clave para hacerlo sino que una funcionaria de la Concesión Setty también.

A través de algunas pesquisas se dio cuenta que comparando la relación de los comparendos efectuados en esos controles con los realmente subidos al SIMIT no cuadraban los comparendos ni las cifras. Al consultar por el comparendo de la persona que acudió a su oficina detectó que esa infracción había desaparecido y nadie dio razón.

Según el coordinador de Fiscalías de Casanare, Jhon Fredy Encinales, el modus operandi era que cuando las personas se acercaban a pagar los comparendos, en la Inspección de Tránsito eran abordados por las funcionarias que les ofrecía borrar las sanciones en el sistema Setty a cambio de dinero.

Martha Mojica denunció ante la Fiscalía lo hallado, pidió una auditoría de la Oficina de Control Interno, la Contraloría Departamental y acompañamiento de la Personería de Yopal, para que se investigara lo que estaba sucediendo en la Oficina del Tránsito.

Las denuncias fueron corroboradas por el entonces teniente Edgar Bonilla, Comandante de la Policía de Carreteras.

Lo que dice la auditoría de la Contraloría de Casanare

La Oficina de Control interno en su momento no hizo nada, pero la Contraloría realizó una auditoría exprés y detectó que en 2014 había 289 comparendos por embriaguez por valor de 3.136 millones de pesos no pagados; en 2015 se encontró que había 330 comparendos de este tipo, pendientes de pago, por 3.053 millones de pesos.

Igualmente se observó que durante 2014 se decretaron 56 caducidades por 31 millones, una de las cuales era por un comparendo tipo F, de embriaguez; en 2015 caducaron 34 comparendos por 63 millones de los cuales 3 eran tipo F y a 31 de mayo de 2016 se habían decretado 76 caducidades por 393 millones y de ellas 35 eran tipo F. En total sumaron 166 caducidades por 448 millones de pesos, constituyéndose en delitos contra la Administración Pública. (Ver figura Informe Contraloría sobre anomalías en comparendos).

También se encontró carpetas con 1.057 comparendos de los meses de enero a agosto de 2015 que sumaron 1.740 millones de pesos que no contenían resolución de sanción en donde se declara contraventor de la norma al infractor; también fueron hallados en el registro SIMIT 54 comparendos de la vigencia 2014 por 200 millones de pesos, con número de resolución ficticia lo cual se evidencia porque existe certificación de la inspección de tránsito. (Ver figura comparendos caducados).

En el informe de la Contraloría da cuenta que revisados los archivos no existe ninguna clase de resolución en medio físico para estos comparendos, tipificada esta conducta en el código penal como falsedad ideológica en documento público. Esto implicó que se perdió la oportunidad de iniciar acciones de cobro de estas infracciones tipo F por un monto total de 1.520 millones de pesos y de otras 951 infracciones por 419 millones de pesos.

En total se dejaron caducar entre 2014 y 2015 el 71% de los comparendos tipo F, alcoholemia, ocasionando un detrimento al Estado. Se evidenció según la Contraloría diligencia de los funcionarios para emitir fallos absolutorios a personas responsables de conducir vehículos en estado de embriaguez sin ningún tipo de amonestación. (Ver figura comparendos absolutorios).