En relación al comunicado emitido por la Confederación General del Trabajo –CGT-, como símbolo de rechazo a la amenaza de muerte contra Olga María Perilla Bautista, representante de la mesa de víctimas de Maní, el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Casanare, Milton Álvarez Alfonso, dijo que esta persona tiene medida de protección de la Unidad Nacional de Protección UNP.

En el comunicado de la CGT se entregan detalles, tales como, “el 19 de febrero hacia el mediodía, Perilla recibió una llamada de un grupo paramilitar en la que le ordenaban abandonar su finca en la que vive con su núcleo familiar y en horas de la noche del mismo día, dos sujetos a bordo de una motocicleta hicieron unos disparos y con la luz de la moto focalizaron la casa por unos momentos y al siguiente día 20 de febrero hacia las 2:00 pm incendiaron los potreros que rodean la casa”.

De acuerdo a estos hechos, se manifiesta en el documento que las autoridades poco han hecho para salvaguardar la vida de los integrantes del sindicato de la Federación Agraria Nacional FANAL.

“Si claro, la señora tiene medida de protección de la UNP, y hasta el día del pronunciamiento, no había ninguna denuncia oficial, llame a la personera, de Maní y me manifestó que se reuniría con ella por si necesitaba asesorarla por el tema de las denuncia. Hubo una reunión con el director encargado de la Policía, la UNP, Defensoría del Pueblo y la Secretaria de Gobierno para tratar el caso”, indicó Álvarez Alfonso.

Recalcó que, “solicitamos a la Fiscalía que manifieste si hay denuncias o investigación por amenazas contra ella, si es reclamante de tierras, si las tierras donde ella vive tienen algún proceso y la UNP ya hizo otro estudio a la señora Olga Perilla, para saber si es necesario fortalecer su seguridad. Vamos a reunirnos con ella, para saber si tiene un conflicto por la finca, donde ella vive, este es un problema incluso de  la Inspección de Policía”.

Confirmó Milton Álvarez que, ella hace parte de la mesa de víctimas del municipio de Maní y de una Asociación, la cual ha expresado también su inconformidad por el pago regulado que reciben para asistir a las reuniones, el cual es de 37 mil pesos. "Los representantes de la mesa de víctimas están pidiendo un aumento para poder hacer presencia en dichos encuentros que se realizan en Yopal".