_{Por: Martha Cifuentes}

Ante el auto del Tribunal Administrativo de Casanare de decretar pruebas dentro de la acción popular de Corporinoquia y el abogado Luis Arturo Ramírez sobre la actividad petrolera del proyecto El Portón, la petrolera Gran Tierra Energy rechazó que el Servicio Geológico Colombiano realizara el peritazgo sobre la perforación exploratoria e incidencia sobre los recursos naturales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA no quiere pagar gastos periciales sino que los asuma la petrolera.

El peritaje y los costos de la acción popular se han convertido en una piedra en el zapato en el proceso judicial que se adelanta en el Contencioso Administrativo. Ahora, Gran Tierra Energy argumenta que, “no está de acuerdo con que el dictamen decretado de oficio a cargo del Servicio Geológico Colombiano, SGC, pueda ocuparse de la temática de la prueba pericial de Gran Tierra, pues se pretende demostrar aspectos técnicos asociados a la perforación exploratoria, lo cual no es competencia del Servicio Geológico, luego lo que disponga carecerá de idoneidad”. Y agregó que el informe aportado por ella tomará un mes de realización.

Frente a las pretensiones de la petrolera y agencias estatales, el Tribunal manifestó que el SGC sí tiene la competencia y es la entidad idónea a aportar en el estudio sobre la presunta afectación del manto acuífero subterráneo. También dijo que Gran Tierra tuvo todo el tiempo para hacer su dictamen como prueba en el proceso y no lo hizo. Y es el juez popular quien determina la entidad o profesional que haga el respectivo peritaje en aras de que sea un tercero el que intermedie y no sea una prueba controlada por una de las partes, según sus intereses, sino para claridad común del proceso.

El Contencioso enfatiza que no se entiende que cuando se realizaron las audiencias del pacto de cumplimiento las partes acudieron al SGC para aportar sus estudios y ninguna descalificó su experticia y ahora se muestran en desacuerdo.

Igualmente la petrolera pidió que de los gastos y honorarios generados en el proceso la Corporinoquia y Arturo Ramírez asuman el 50% y el resto quede a cargo de las accionadas. Reprochó que la distribución hecha por el Tribunal fue arbitraria y no contempló que los accionantes contribuyan con la carga. Mientras tanto la ANLA, expresó que, debía ser la petrolera Gran Tierra la que asumiera los costos por ser la que pidió la prueba pericial.

Al respecto el magistrado Néstor Trujillo expresó que por tratarse de una acción popular los gastos los asume, en una parte, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo y la otra parte, entre las accionadas.

Mientras tanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, cuestionó que se le paguen honorarios al Servicio Geológico Colombiano ya que dentro de sus obligaciones esta apoyar este tipo de labores técnicas sin costos adicionales.

El abogado Luis Ramírez consideró que se requiere de una tercera parte para hacer el peritaje y está de acuerdo que el Servicio Geológico Colombiano lo haga.

Contexto

El Tribunal Administrativo de Casanare en providencia del 27 de abril de 2017 ordenó a la ANLA y a la empresa petrolera Gran Tierra Energy suspender el proyecto petrolero El Portón en Yopal como medida cautelar solicitada en dos acciones populares interpuestas por Corporinoquia y el abogado constitucionalista Luis Arturo Ramírez, respectivamente.

El Tribunal al haber admitido las acciones populares y con base en los argumentos esgrimidos de la protección del acuífero de Yopal, que abastece de agua al 60% de la población de Yopal, decretó las medidas cautelares a través de las cuales, “se ordenó a las autoridades, empresas y personas a las que se dirigen, la suspensión inmediata hasta nueva determinación judicial de toda actividad de prospectiva, exploración o eventual producción petrolera en el bloque El Portón-área Yopal”.