Con el propósito de alertar a las autoridades regionales sobre las causas más comunes de condena, de la jurisdicción contenciosa a las actuaciones de los estamentos departamentales y municipales, se realizó ayer el seminario “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”  por parte del Consejo de Estado con el apoyo de la Gobernación de Casanare.

El evento estuvo presidido por Danilo Rojas Presidente del Concejo de Estado y los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare.

Rojas, expresó que el objetivo era que se conocieran las fallas más recurrentes por las que se sancionan a funcionarios públicos por parte de los magistrados y que muchas de las mismas se comenten por falta de asesoría jurídica.

Dijo además, que en Casanare se cuenta con una administración de justicia que se encuentra  con un alto índice de evacuación por lo que todos los casos se resuelven dentro de los tiempos establecidos.

En la actividad además  se realizó una rendición de cuentas de la jurisdicción en la región, y se compartieron reflexiones sobre la jurisprudencia contencioso administrativa en asuntos ambientales, electorales y contractuales.

El magistrado José Antonio Figueroa se refirió en su intervención sobre problemas de contratación  e inveitablemente se tuvo que tratar uno de los ejemplos para este caso en lo que se refiere al tema de la planta de tratamiento de agua potable para el municipio, "es inconcebible y vergonzoso que tras cuatro años se siga suministrando agua en carrotanques" indicó.

De otro lado, el magistrado Nelson Briceño Chiriví dijo que en menos de tres años el Tribunal de Casanare ha falladoo 180 tutelas por violación del derecho a la salud.

Por ultimo, el magistrado Nestor Trujillo aseguró que la región tiene fallos por pagar por 17 mil millones de pesos y que el 16 por ciento de la litigiosidad en Casanare obedece a errores del sector defensa. Trujillo enfatizó que la administración no quiere cumplir con su deber de repetir contra los funcionarios renuentes al cumplimiento de sus deberes.

Finalmente,  Danilo Rojas se refirió al caso del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez a quien se le anuló su reelección  y dijo que este proceso se debía resolver desde hace dos años pero que su demora obedeció a más de 17 incidentes presentados durante el trámite propiciadas por la defensa del Procurador.