Cinco horas dura el recorrido en carro por un terreno destapado, entre el casco urbano de Paz de Ariporo y la vereda La Busaca. Una apartada zona rural de esta localidad del norte de Casanare, esencialmente arrocera y ganadera.

En La Busaca es muy fácil encontrar ejemplos, bastante llamativos, de la indiferencia estatal. Uno de los más icónicos de estos prototipos de abandono oficial, lo conforma una serie de vías terciarias que comunican varias de las fincas ubicadas en este territorio.

Las citadas carreteras construidas por la comunidad se convierten en la mejor respuesta dada por los habitantes del sector, no solo para mejorar la comunicación entre vecinos, sino como un testimonio irrefutable que la ciudadanía puede librarse de la sombra del olvido institucional y forjar las soluciones que le permitan superar las remoras que la agobian.

No obstante, en este oasis de buenas acciones, surgió de improvisto un nuevo tropiezo. El trabajo hecho por los lugareños se convirtió ahora en las vías de la discordia entre la Alcaldía y los habitantes de este apartado lugar de la vasta geografía de Paz de Ariporo.

La puerta que abrió el sendero de la controversia fue la expedición de una certificación por parte de la Administración municipal de Camilo Abril, que asignó el estatus de vías terciarias de bien  público a estas carreteras veredales. Decisión que provocó el inminente rechazo de la comunidad.

La discusión, seguramente, habría permanecido en el más absoluto anonimato, pero con la llegada al escenario de un actor clave, quien es llamado a cumplir un papel protagónico en el desarrollo de esta región, todo cambió.

Ese galán que muchos territorios anhelan hospedar en sus jurisdicciones es la industria petrolera. La misma que ya hace presencia en La Busaca y que adelanta un trabajo de sísmica que esta ad-portas de concluir.

Con el advenimiento de la exploración y explotación petrolera, nace el pago de las llamadas compensaciones, como la de servidumbres, entre otras.

Algunos de estos recursos benefician a los propietarios de los terrenos ubicados en el área de influencia, de las zonas donde se desarrollan los proyectos de hidrocarburos.

Este es el punto neurálgico de la controversia entre Alcaldía y comunidad de La Busaca. La versión de los locales afirma que con la decisión de convertir en públicas las vías antes mencionadas, se les cierra la posibilidad de recibir algunos beneficios económicos de la empresa Parex, por la vía de las compensaciones.  

El desacuerdo dista mucho de ser un tema novedoso. Ya se han realizado varias reuniones entre las dos partes. El más reciente de estos encuentros tuvo lugar el pasado 08 de abril, en la sede primara de la I.E. San Juan de los Llanos, ubicada en La Busaca.

Acudieron a la cita algunos trabajadores de Parex, una comitiva de la Alcaldía de Paz de Ariporo encabezada por el director de la Oficina de Asuntos Petroleros, Feícer Dueñas, los concejales, Cristian Vega, Carlos Julio Vivas, José Antonio Naranjo Ruiz y Denis Fernández, el presidente de la JAC, José Parales y comunidad en general.

La invitación a la actividad corrió por cuenta de Gobierno municipal. El objetivo era muy claro, socializar con la ciudadanía la certificación que confería el estatus de públicas a las carreteras veredales, que surcan La Busaca.

Una hora con treinta y siete minutos duró la reunión que se desarrolló al compás del ímpetu de los asistentes, quienes defendieron con bastante ahínco sus posiciones.

De esta manera la discusión osciló entre el frenético reclamo con altos decibeles de discordia, pronunciados por los cabildantes, así  como  varios residentes de la vereda y el apacible volumen de la tensa calma.

A la postre, en medio de la ‘bonanza’ de objeciones, los funcionarios de la Alcaldía cumplieron con su trabajo de socialización. No obstante, la controversia está lejos de llegar al final. Se vislumbra en el horizonte una avalancha de discusiones, con la posibilidad de llevar este tema a los estrados judiciales.

Para la Alcaldía la génesis de este desacuerdo se encuentra en una actualización plan básico de ordenamiento territorial, que data del año 2019. En este PBOT se consignó que las vías en discusión son públicas.

Así lo explicó Feicer Dueñas, quien agregó que dicho documento presenta varias falencias y que por este motivo fue demando. Aclaró también que hasta tanto no se tenga un pronunciamiento por parte de las autoridades, hay que acatarlo.

Por lo tanto, en este orden de ideas el actual Gobierno municipal lo único que ha hecho es cumplir con la norma. Recalcó la certificación fue objeto de revisión a la luz de la jurisprudencia. También mencionó que se llevaron a cabo visitas de campo a pie, en las cuales participó personalmente.

Precisó que la certificación no “afecta en nada el tema de la propiedad privada. La empresa de sísmica debe pagar las servidumbres de la vía principal hacia adentro”, manifestó el funcionario de Asuntos Petroleros de la Alcaldía.

Así mismo, recalcó que a este tema los concejales de la oposición le dieron un tinte político. Pero que este tipo situaciones son normales dentro del ejercicio de lo público.

Una opinión muy distinta expresó José Francisco Parales, propietario del predio La Paraulatas, que hace parte de la vereda La Busaca. “Llegaron las empresas y que no nos van a pagar la mansedumbre cuando salga un pozo petrolero, porque es privado y ellos arreglan con el municipio. Nosotros que vivimos aquí todo el tiempo vamos a quedar viendo un chispero”.

Agregó que vía en discusión se hizo en el año 2008, cuando fue presidente de la JAC. Para esa fecha la comunidad, sin la ayuda de la Alcaldía, gestionó todos los permisos en Corporinoquia y consiguió los recursos para hacer el terraplén, al igual que la escuela.

En este mismo sentido el concejal Cristian Vega subrayó que con la certificación se está cometiendo una injusticia, con los habitantes de La Busaca. Situación que no tiene ninguna relación con el tema político.

Añadió que cada vez que a la Administración municipal se confronta con argumentos legales sus yerros, responde afirmando que la oposición está haciendo política.

También enumeró algunas equivocaciones que se cometieron en este caso. “El mismo señor de hidrocarburos aceptó que no hubo topografía. Que posiblemente tomaron imágenes satelitales, que no conocían la vía, pero que al verla conformada quieren declararla pública, sin ningún requerimiento ni ningún cumplimiento que la ley ordena para este tipo de trámites”, dijo el cabildante.

Explicó que “la discusión está con unos predios que, incluso hoy, tienen títulos como el predio La Unión, la finca Paraulatas y que amerita para su entrada un ‘pisaje’, un pago y una solemnidad de una servidumbre a sus propietarios”.

En cuanto a la posibilidad de acciones judiciales para dirimir este conflicto, comentó que se tiene que buscar una nulidad simple, con la cual se pueda tumbar la certificación expedida por la Alcaldía.

Mencionó algunas de las faltas cometidas en el proceso. “Manifiestan que, si es una vía pública, sin demostrar planos, servidumbres, cesiones o que hubo, al menos, una concertación con la comunidad”.

Ahora solo resta esperar que la controversia siga su trámite, para que se conozca el desenlace de esta problemática, para que estas vías de la discordia se conviertan en senderos unión entre comunidad y autoridades municipales.