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Ante la aprobación del proceso de la moción de censura por parte del Concejo Municipal de Yopal al Secretario General de la Alcaldía, Luis Carlos Aponte y la moción de observación, al Jurídico Juan Carlos Suárez, a esta hora se presentan los descargos por parte de los funcionarios en la sesión plenaria de la Corporación.

Éste proceso se inició el pasado 21 de julio en el debate de control político donde los funcionarios se retiraron del recinto del Concejo sin que se hubiera finalizado el debate, adicional a ello, la sustentación de las respuestas al cuestionario elaborado por los concejales no resolvieron las dudas planteadas con respecto al nombramiento de la gerente de la ESE Salud Yopal, y la validez de una serie de actos administrativos emitidos por la Alcaldía de Yopal como es la resolución de encargo de la Alcaldesa y la fe de erratas a la que fue sometido este documento.

Luego de adelantar esta diligencia de descargos, el Concejo Municipal de Yopal, realizará el próximo 2 de agosto, la votación para aplicar la moción de censura al Secretario General, Luis Carlos Aponte  y de observación al Jurídico, Juan Carlos Suárez.

 

Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en el departamento, se presenta a esta hora un derrumbe de grandes magnitudes en la vía que de Yopal comunica al corregimiento de El Morro.

El deslizamiento de tierra se produjo en el sector conocido como El Mosquito, 200 metros arriba del puente la Cabuya, produciendo el cierre total de la vía.

Lucas Mendoza, líder comunal del sector, manifiesta que hay personas que están arriesgando sus vidas pasando a pié por el lugar, por lo que solicitan presencia de las autoridades, Defensa Civil y de Bomberos para ayudar a controlar la situación mientras se restablece el paso.  A su vez  hace un llamado a la comunidad para que se abstenga de pasar por el sector mientras se realizan los trabajos respectivos para habilitar el paso.

La empresa Equión, que es la encargada de intervenir la vía cuando éste tipo de situaciones se presenta, ya tiene maquinaria y personal en el sector, “por lo que se calcula que sobre el medio día ya se haya habilitado el paso, si las lluvias lo permiten” manifestó Mendoza.

 

En cumplimiento a lo ordenado en sentencia de fecha 09 de abril de 2015 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal Casanare, el Ejército Nacional ofreció disculpas públicas en el municipio de Yopal, por hechos ocurridos en años anteriores y donde la justicia administrativa, encontró que hubo fallas en el servicio por parte de los militares. 

El ente administrativo, declaró a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a la familia del difunto Jairo René Navarrete Sánchez (Q.E.P.D.), con ocasión de su muerte, ocurrida el 27 de mayo de 2007, en la vereda Mate Palma del municipio de Yopal, Casanare.       
 
Por tal razón, se acudió a la celebración de un acto público, para pedir perdón a todos los familiares, al Departamento de Casanare y al País, por la muerte del señor Jairo René Navarrete Sánchez  (Q.E.P.D.). El acto de disculpas públicas se llevó a cabo en el Parque Ramón Nonato Pérez de Yopal, como medida restaurativa simbólica.    
 
La ceremonia de disculpas públicas, estuvo presidida por el Brigadier General Luis Danilo Murcia Caro, comandante de la Octava División y delegado por el Ministerio de Defensa Nacional, quien pidió perdón a la familia de la víctima a nombre del estado colombiano e hizo entrega a la familia de un ramo de flores, como un acto de reparación simbólica.   
 
Al evento asistieron además, el coronel Marco Andrés Rodríguez Agudelo, Comandante de la Décima Sexta Brigada, comandante del Gaula Militar Casanare, secretario de Gobierno de Yopal, Personera Municipal, delegados de la Gobernación, la iglesia, el abogado defensor, familiares de la víctima, medios de comunicación y la comunidad en general.     
 
la hija del señor Navarrete recuerda a su padre como un hombre noble que se fue cuando ella tenia 13 años de edad, hoy en día aunque dice que acepta las disculpas ofrecidas, siempre existirá un vacío en su corazón por la ausencia de su padre. 

 

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia insta a gobernadores, alcaldes, organismos operativos, entidades públicas y privadas, consejos municipal y departamental de gestión de riesgo de desastres, sectores productivos, medios de comunicación y comunidad en general dentro del area de su jurisdicción para que se adopten las medidas tendientes a atender, prevenir o disminuir los riesgos ambientales, económicos y sociales que se pueden llegar a presentar por el aumento extraordinario de precipitaciones en la segunda temporada de lluvias del año 2016 y la primera del año 2017.

Estas medidas deben estar enfocadas a atender prevenir o disminuir estos riesgos frente a fenómenos naturales asociados a la temporada invernal como inundaciones, avenidas torrenciales, remoción de masa y vendavales, por tanto Corporinoquia entrega la siguientes recomendaciones:

A la comunidad en general

  • Elaborar o ajustar los planes comunitarios de gestión del riesgo.
  • Revisar, asegurar, cambiar y limpiar los techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas.
  • Organizar campañas de limpieza de bocatomas para que cuando lleguen las lluvias no afecten los acueductos veredales y municipales.
  • No desviar ni taponar caños o desagües, y evitar que el lecho de ríos y canales se llene de sedimentos, troncos o materiales.
  • En áreas rurales, identificar alternativas de cultivos y autoabastecimiento.
  • ​Conocer la señal de alarma establecida para su comunidad, si no existe acuerde con sus vecinos un sistema con pitos y campanas que todos reconozcan.
  • Informarse permanentemente con las autoridades locales sobre las condiciones climáticas de su región.

A los consejos municipales y departamentales de gestion del riesgo

Como instancia de orientación y coordinación, advertir y acompañar a las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, de igual manera adelantar campañas informativas dirigidas a las poblaciones que se encuentren en zonas de alto riesgo, las cuales deben estar enfocadas hacia la socialización de las zonas expuestas, de las condiciones de riesgo y de las acciones que se deben realizar en caso de que se den nuevas condiciones de riesgo.

A las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo

  • Realizar monitoreo a las áreas en donde se localicen los Sistemas de Tratamiento de Agua Potable (captación, aducción, PTAP, línea de conducción) y Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR.
  • Adelantar y/o actualizar los planes de contingencia de acuerdo con la temporada invernal.

A las empresas de energía

  • Realizar inventario de la red eléctrica localizada en zonas de alta amenaza por remoción e inundación.
  • Monitoreo y/o revisión de cableados y torres de energía, principalmente en áreas susceptibles a inundaciones y/o procesos de remoción en masa.
  • Adelantar y/o actualizar los planes de contingencia de acuerdo con la temporada invernal.

A las asociaciones y/o personas naturales o jurídica de canales de riego

  • Se INSTA a cumplir con las disposiciones legales proferidas en los actos administrativos emitidos por Corporinoquia, en función de la captación del recurso hídrico por canales de distribución.
  • Revisar y realizar limpieza de los canales perimetrales.
  • Realizar mantenimiento y/o revisión de las compuertas en cada uno de los canales.

 Conforme a lo anterior, Corporinoquia estará presta a brindar asistencia y acompañamiento técnico, respecto a la formulación e implementación de las  medidas ambientales tendientes a generar  conocimiento y reducción del riesgo, en los cuarenta y cinco (45) Municipios de la jurisdicción territorial de Corporinoquia, conforme a las recomendaciones y requerimientos expuestos.

 

Desde marzo de éste año se conoció de una denuncia que argumentaba que al parecer el coordinador del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Leonardo Barón Pulido, no cumplía con el lleno de requisitos para ostentar dicho cargo.

Por esta razón al funcionario se le estaría investigando por parte de la Procuraduría Regional y Fiscalía por presuntas fallas disciplinarias que tienen que ver con documentos falsificados que se habrían modificado para poder posesionarse.

Dichos documentos que se habrían alterado, tendrían que ver con  algunas certificaciones para sustentar experiencia laboral que el funcionario  relacionó  para el cargo, pues algunas fechas y funciones presuntamente no fueron desempeñadas en su época por el coordinador.  

 

Otra irregularidad se dio al parecer porque en el manual de funciones de la Gobernación se modificaron las exigencias, al parecer por parte de la pasada administración,  para incluir la carrera de ingeniería industrial, puesto que Barón Pulido es profesional en la misma y esta no se encontraba en la lista de programas profesionales relacionados con el cargo.

Frente a esta situación Leonardo Barón,  dijo que no tiene conocimiento oficial de que exista un proceso por Procuraduría o Fiscalía y que se trata de alguna inconformidad de personas  que quieren apartarlo del cargo.

“Para eso existen los entes de control  y estoy presto a llevar las pruebas necesarias que acrediten la verdad”  señaló el funcionario.

Dijo además que se entregaron los certificados correctos  para el caso de la especialización que era homologable certificando  dos años de experiencia general.

La denuncia fue interpuesta por el señor Marco Tulio Sánchez  y el proceso se encuentra en indagación por parte de la oficina de control interno.

La veeduría ciudadana del programa Familias en Acción Yopal, manifiestan que los funcionarios encargados de atender los beneficiarios del programa del Gobierno Nacional, no cuentan con contrato desde hace más de un mes.

Dice la veeduría que la situación se viene presentando desde enero de éste año, cuando los funcionarios comenzaron a trabajar gratis y que así duraron por tres meses. "En marzo se les realizó un contrato por dos meses y desde ahí no les han vuelto a renovar”  dijo Maite Bernal, Coordinadora de la Veeduría.

El día de hoy los funcionarios afectados decidieron no prestar más sus servicios, hasta tanto se les solucione la parte de contratación, la cual según la veedora, debería ser por mínimo de un año para garantizar la continuidad del  servicio. Dijo además, que el problema es preocupante teniendo en cuenta que éste es un programa de orden nacional y que se tienen establecidas ciertas fechas o rangos para el tema de documentos y de subir información a la plataforma para que se hagan efectivos los incentivos.  

“Esta situación no es propicia para la comunidad y más teniendo en cuenta que las oficinas están ubicadas en un sitio pequeño que con diez usuarios se llenan y prácticamente las personas  tienen que hacer fila  a la intemperie. Allí se ven señoras con niños aguantando sol y lluvia, adicionalmente, se cae mucho el internet y no pueden acceder a la plataforma con la que consultan datos y actualizan información” argumentó la veedora.

Dichas oficinas quedan ubicadas en el barrio Villa Nelly en la  Cra 13 número 43 A- 03 en un lote de la Alcaldía y fueron construidas mediante un contrato entre el DPS y la pasada Administración Municipal.  Pese a que la obra no tiene más de dos años,  la estructura física muestra  deterioro en baños, techos y demás y cuando llueve se inundan sus instalaciones.

Según la veedora, se le han radicado dos oficios a Luz Marina Cardozo, quien es la encargada de la oficina de Acción social, pero que hasta el momento no han recibido una respuesta que brinde soluciones frente a la situación.

De los siete funcionarios que se encargan de la atención de las aproximadas 120 personas que acuden diariamente a dichas oficinas, solo uno cuenta con su contrato al día.

Comunidad afectada por la situación realiza una protesta frente a las instalaciones de Acción Social Municipal, exigiendo una solución a éste problema.

 

 

Fernando Ruiz, viceministro de Salud,  afirmó que el país se convirtió en el primero del continente americano en declarar el cierre de la epidemia del virus del Zika, sin embargo, Fernando Torres, referente de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), de la Secretaría de Salud Departamental, señaló que en Casanare sí hay un descenso, pero aún se tiene un buen número de casos reportados. 

Según éste funcionario el país tiene una tendencia diferente a la que tiene el departamento de Casanare, “se debe aclarar que hay regiones del país que no están reportando los casos de zika, por esto se habla de un cierre de la epidemia, nosotros estamos a la espera de cómo sigue su comportamiento en el Departamento, estos virus llegaron para quedarse” afirmó Torres.

Por su parte la Secretaría de Salud dio a conocer un consolidado general en el número de casos registrados en la semana No. 28, con un total de 6.500 casos, de los cuales 408  son gestantes reportadas, hasta la fecha no se registran casos de mortalidad y se realiza seguimiento constante al control prenatal.

 

 

 

Tres menores de edad fueron detenidos de manera preventiva por agredir con piedras a la Policía, durante la cuarta diligencia de lanzamiento en los barrios Villa Nelly y Bella Vista, que contó con el acompañamiento de la Personería Municipal de Yopal.

El Personero Delegado en Asuntos Judiciales y Policivos, Guillermo Gaviria, expresó que al reincidir en la ocupación ilegal de un predio, la Policía podría iniciar la judicialización de los promotores de esta actividad.

Así mismo dijo que “la competencia de resguardar la tranquilidad y el orden público en el municipio corresponde a la Alcaldía”, y la ley ordena realizar estos procedimientos de desalojo.

Residentes del sector manifestaron su descontento con la situación ya que se han visto afectados por los gases lacrimógenos que ayer se lanzaron a causa de la manifestación. “Me tocó salirme de mi casa porque mi bebé de nueve meses se estaba asfixiando y tenía los ojos rojos, fue un momento de mucha angustia” expresó una mujer que vive en Villa Nelly.

Otro habitante de Bella vista dijo que inmediatamente comenzaron los disturbios con gases lacrimógenos, le tocó salirse de su casa junto con su familia porque el olor llegaba todo a su residencia y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades que les corresponda para que los ayuden frente a esta situación que ya viene generando molestias a los vecinos del asentamiento humano. “Queremos que regrese la tranquilidad que teníamos antes de que todo esto sucediera” manifestó.

Por otro lado, señaló el personero que varias mujeres, algunas de ellas embarazadas, estaban liderando las vías de hecho y en ocasiones anteriores se intentó persuadirlas de no ponerse en esa situación de riesgo.

A la diligencia también hicieron presencia miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Gobierno.

El personero delegado hizo un llamado al defensor de familia del ICBF para que se haga presente en todas las diligencias y vele por los derechos de los niños, pues ha estado ausente en varias de éstas. 

Los predios invadidos, que son propiedad de la Alcaldía, están destinados por la misma administración para realizar el parque del sector.

 

 

 

 

El Secretario de Educación y Cultura de Yopal, Fredy Alexander Montoya, dijo que una vez superadas las dificultades por el paro camionero se reinicia el Programa de Alimentación Escolar (PAE), para beneficiar a estudiantes de bajos recursos de instituciones oficiales urbanas y rurales.

Este programa contratado por la alcaldía de Yopal y financiado en parte por el Ministerio de Educación Nacional, busca incentivar la permanencia escolar en las aulas evitando la deserción por falta de este complemento nutricional.

En Yopal, estudiantes de familias de escasos recursos  se benefician de este programa con la entrega de 10.000 raciones diarias que están a cargo de la Fundación “Somos Manos Unidas”. 

 

 

 

Así lo dio a conocer Julián Giraldo, abogado defensor de Jhon Jairo Torres Torres quien manifestó que ya se pasaron todos los requisitos y documentos que se exigían por parte del Inpec para analizar la solicitud que radicó la defensa de que se trasladara al burgomaestre a una guarnición militar en la capital casanareña.

Según el abogado, en lo estipulado en el artículo 314 de la Constitución,  Torres Torres no ha perdido la calidad de alcalde y por lo tanto es un servidor público.  Además, “se le debe abonar que es el jefe de la Policía en Yopal, por tal motivo no debería estar en una prisión normal sino en una guarnición militar de la ciudad” resaltó.

"Por cuestiones impredecibles el traslado no se pudo efectuar la semana pasada, espera la defensa que a nivel administrativo se traslade en menos de una semana a Yopal pero nada es seguro hasta que se tenga la resolución por parte de la Dirección Nacional del Inpec" dijo el abogado. 

La próxima audiencia del alcalde se realizaría en agosto para la formulación de acusación. “Una vez se tenga el escrito de acusación inicia el juicio” indicó Giraldo.

Se espera por parte de la defensa y del alcalde que se defina lo más pronto posible el traslado del burgomaestre donde seguirá detenido privativamente mientras se termina el proceso que se lleva en su contra.