La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su rechazo ante los hechos violentos registrados en el campo Quifa, en Puerto Gaitán, Meta.

Allí, un grupo de personas ingresó ilegalmente a las instalaciones del clúster 242 y provocó un incendio, poniendo en riesgo a las comunidades, los trabajadores y la infraestructura energética del país.

Según la ACP, estos actos representan una amenaza para el orden público y el desarrollo regional.

La Asociación enfatizó la necesidad de diferenciar estas acciones de las protestas sociales pacíficas, que deben canalizarse mediante el diálogo institucional.

Desde el 6 de mayo, la zona ha sido escenario de bloqueos de vías, ataques a la Fuerza Pública y afectaciones a las operaciones, con impacto negativo en la vida cotidiana de la comunidad, el empleo local y la inversión social.

Ante esta situación, la ACP manifestó su solidaridad con los afectados y reiteró que el diálogo es la vía legítima para la resolución de conflictos.

Instó a las autoridades a intervenir con rapidez para restablecer el orden público y garantizar la protección de los derechos humanos y la infraestructura crítica.

La organización también alertó sobre hechos similares ocurridos en Sucre y Arauca, lo que evidencia un deterioro de la seguridad en varias regiones del país.

Para la ACP, esta problemática requiere una respuesta urgente y coordinada por parte del Gobierno y las entidades responsables.

Por último, la ACP insistió en que el desarrollo sostenible de las regiones depende de entornos seguros, una institucionalidad fortalecida y la cooperación entre el Estado, las comunidades y el sector empresarial.