Durante su intervención ante la Corte Constitucional, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo insistió en la persistencia de irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud.

El funcionario manifestó la existencia de contratos irregulares y el cobro de comisiones para la gestión de pagos. En este ecosistema de corrupción puso como ejemplo a Capresoca.

Responsabilizó de esta situación a la figura de las interventorías, sobre las cuales resaltó que no es de su competencia nombrar este tipo de funcionarios y que tampoco tiene autoridad sobre ellos.

Para el caso de la EPS casanareña expresó que denunció a la agente interventora que llegó a la entidad. Aunque no mencionó su nombre, el ministro hacía referencia a Betty Cecilia Anaya Nieto. Funcionaria quien ya se había recibido cuestionamientos por su gestión.

El titular de la cartera de salud trajo a colación la asignación de un contrato de 24.000 millones de pesos a la empresa Provitaly SAS para la distribución de medicamentos.

Según el ministro, al momento de la adjudicación, dicha entidad poseía un capital de ocho millones de pesos y carecía de puntos de atención en la región.

Igualmente mencionó la entrega de un contrato de salud mental por 20.000 millones de pesos a una firma de la capital del Atlántico con un patrimonio registrado de 18 millones de pesos, desplazando a una empresa que llevaba 15 años prestando el servicio.

“Y el señor gobernador me llama a mí y me dice que hasta los vigilantes los estaban trayendo de Barraquilla”, recalcó el ministro Jaramillo.

Agregó que “es el robo más descarado que se está haciendo, inclusive con personas nombradas por este gobierno, en donde el señor presidente ni el ministro de salud no tienen nada que ver”, recalcó el funcionario.

Dijo que este es solo un caso de una pequeña EPS pública, como es Capresoca.