Un grupo de 16 excomandantes de las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC), nombrados en noviembre de 2024 por el presidente Gustavo Petro como gestores de paz, anunciaron la suspensión de sus funciones y pusieron su cargo a disposición del mandatario.

En un comunicado, los exparamilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", denunciaron el incumplimiento reiterado de compromisos por parte de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), a cargo de Otty Patiño.

Aseguraron que su nombramiento se ha reducido a un acto simbólico, pues la OCCP no mostró intención real de apoyar sus gestiones.

Los firmantes acusaron a la mencionada oficina de falta de transparencia, dilaciones constantes y desobediencia a órdenes presidenciales directas, condiciones que, según ellos, hicieron imposible cumplir con su labor de manera eficiente y digna.

Uno de los puntos clave de la queja fue una reunión celebrada el 4 de mayo de 2024 con representantes de la OCCP, donde se acordó instalar una mesa para cerrar el proceso de Ralito y eliminar la Ley 975 de Justicia y Paz.

Sin embargo, la OCCP no cumplió con la instalación de esta mesa en las fechas pactadas y, sin explicación, cambió el enfoque de la gestoría, negando la posibilidad de avanzar en el cierre de Ralito.

Desde su designación, los exjefes paramilitares afirmaron haber intentado avanzar en gestiones humanitarias, identificación de bienes entregados a la justicia y cierre del proceso de Ralito, pero denunciaron que durante ocho meses no se convocó ninguna mesa técnica ni se asignó presupuesto para estas tareas.

La frustración aumentó cuando una reunión plenaria urgente con todos los gestores de paz ex-AUC, que contaba con resoluciones de traslado del Inpec, fue cancelada de forma unilateral 48 horas antes, por orden de altos funcionarios de la OCCP, sin que se presentaran razones técnicas, jurídicas o de seguridad.

Esta renuncia representa un revés para la estrategia de paz del Gobierno Petro, pues los exparamilitares responsabilizan directamente a funcionarios como Otty Patiño, Álvaro Jiménez y María Paz Lara de obstaculizar el proceso de reconciliación que ellos debían facilitar.

Esta situación pone en evidencia tensiones internas que afectan los avances en la política de "paz total" promovida por el ejecutivo.