Induarroz, que representa a una parte de la industria arrocera en Colombia, ha manifestado su profunda inquietud respecto a la reciente decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad de precios regulados.

Para la entidad esta medida, acordada durante las negociaciones con los líderes del paro arrocero, ha sido implementada sin considerar el origen de la problemática del mercado ni los comentarios técnicos presentados por la industria.

Un contexto de sobreoferta histórica

La industria arrocera, que genera más de 8.000 empleos formales en las zonas rurales del país, ha señalado que la situación actual se debe a una sobreoferta sin precedentes.

En 2024, Colombia alcanzó un récord histórico de siembra con 631.000 hectáreas, lo que resultó en la mayor cosecha de su historia. A pesar de los llamados a la racionalización de las siembras, la superficie cultivada continuó aumentando, especialmente en Casanare, donde en el primer semestre de 2025 se registró un récord de 216.000 hectáreas.

Esta expansión provocó que, para 2025, el país llegara a la cosecha con inventarios un 92% superiores a los de 2024, excediendo lo recomendado por el plan de ordenamiento productivo de la UPRA.

A este panorama nacional se suma una sobreoferta global que ha reducido los precios internacionales del arroz en cerca de un 30%.

Libertad regulada y sus riesgos

La resolución ministerial, emitida durante el paro arrocero, ha establecido precios mínimos de compra que, según datos de Fedearroz, son hasta un 17% más altos que los precios de mercado, dependiendo de la región, sostuvo Induarroz.

En este contexto la agremiación advirtió que esta medida podría generar varios riesgos significativos. El primero, un posible aumento en los precios del arroz blanco para los consumidores, afectando principalmente a los hogares de bajos ingresos.

Segundo, se generaría un "efecto incentivo" que podría llevar a un mayor incremento de las siembras, profundizando así la sobreoferta.

Un tercer desafío sería la pérdida de competitividad frente a las importaciones en un mercado internacional con excedentes del grano. Y finalmente, el aumento de la informalidad en la cadena de producción.

Respaldo de la Superintendencia de Industria y Comercio

Induarroz citó el concepto jurídico de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que respaldó varias de las observaciones de la industria.  En este sentido, la agremiación manifestó que la Superintendencia concluyó que la imposición de este régimen de libertad regulada constituye "una clara limitación al libre proceso de formación de precios" y podría afectar la eficiencia del mercado.

Además, señaló que esta medida solo se justificaría si fuera de carácter transitorio, lo que genera incertidumbre para los compradores y podría desincentivar el almacenamiento del cereal a largo plazo.

La SIC también advirtió que este tipo de medidas podría incentivar a los compradores a adquirir arroz en regiones con precios mínimos más bajos.

Dicha coyuntura podría generar una "dependencia estructural del sector respecto del apoyo gubernamental" que acentúe las distorsiones del mercado y comprometa su sostenibilidad.

La entidad recomendó trabajar en los problemas estructurales del mercado, en coherencia con los principios de libre competencia.

Por último, Induarroz ha reiterado su compromiso de trabajar en una solución estructural, basada en la implementación de una agenda de competitividad y el plan de ordenamiento productivo, con miras a la apertura comercial de 2030.