Trece años pasaron desde aquel 15 de agosto de 2011, para que se hiciera justicia en el caso de homicidio, del cual fue víctima Nancy Liliana Avella, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por aquella época, por miembros del Ejército, a orillas del Río Cusiana, en el punto de San Benito.

Nancy, de 25 años de edad quien trabajaba en Pacific Ruiales Energy, vivía en la población boyacense de Pajarito, junto con su compañero sentimental, Juan Carlos Salamanca Ariza.

El cadáver de Avella fue encontrado en tal estado de descomposición, que para poderla identificar su familia por un tratamiento de ortodoncia que ella tenía y por las prendas de vestir, que llevaba el día de su muerte.

Desde el inicio de la investigación, las autoridades fijaron sus ojos en Salamanca Ariza, quien para la fecha del crimen había viajado hasta Aguazul, localidad donde justamente ocurrieron los hechos.

Juan Carlos fue investigado por el delito de homicidio agravado, pero el caso no obtuvo los frutos esperados. Sin embargo, esta muerte violenta logró salir de olvido más de una década después, cuando el CTI de la Fiscalía en un trabajo coordinado con el grupo Sepro de la Policía, retomaron el proceso.

Un primer paso en esta nueva etapa del proceso, el ente investigador solicitó la exhumación del cadáver, con el fin de obtener nuevas pruebas.

Así mismo se tramitó la orden de captura en contra de Juan Carlos Salamanca, la cual se hizo efectiva el pasado 20 de febrero de 2024 en la ciudad de Sogamoso.

Una vez se procedió con el arresto del presunto victimario, el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 29. Las audiencias de legalización de captura se adelantaron en el Juzgado Segundo de Aguazul.

Al detenido se le acusó de homicidio agravado y no de feminicidio, porque para la época en que ocurrieron los hechos esta última conducta no estaba tipificada como delito, dentro de la ley colombiana.

De la misma forma se le imputaron los delitos de concurso heterogéneo, sucesivo ocultamiento y alteración de material probatorio, cargos que fueron aceptados por el sindicado. Finalmente el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.