Luego de varias horas de negociación entre el Gobierno nacional y líderes del gremio de taxista, se logró llegar a un acuerdo entre las dos partes y permitió levantar el paro nacional de la llamada mancha amarilla, que se hizo sentir de varias ciudades del país.

Los puntos centrales de las protestas giraban en torno al aumento constante al precio de los combustibles, la permisividad con plataformas de servicio de transporte, las cuales los taxistas consideran ilegales y también se incluyó el tema de la seguridad social.

Al final del día frente a la ilegalidad, informalidad y prestación de servicios no autorizados, “debemos indicar que la regulación actual (Ley 336 de 1996) establece que el servicio público de transporte debe ser prestado a través de empresas de transporte y en vehículos registrados en dicho servicio, por tanto exhortamos a las autoridades municipales y distritales a realizar el control al cumplimiento de dichas disposiciones”, dice en uno de sus apartes el acuerdo.

Acerca de las plataformas que prestan el servicio de transporte público, “vamos a trabajar, en conjunto con todos los actores del transporte, pero teniendo claro que cualquier regulación que se  pretenda expedir, corresponderá exclusivamente al Congreso de la República en el marco del debate democrático”.

Sobre el alza los precios de la gasolina, “los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía han indicado que el Estado debe resolver el desfinanciamiento en el Fondo de Estabilización y tal como lo ha indicado el presidente de la República”.

También se habló de energías limpias. “El Gobierno Nacional ha propuesto en el Artículo 205 del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que ha puesto a consideración del Honorable Congreso de la República, la creación de un Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico para los taxis, que permita ser una fuente de incentivos y recursos para la transición energética de este sector con la consecuente disminución en costos y en emisiones contaminantes”.

Sobre el transporte informal el acuerdo hace claridad que “El Ministerio de Transporte viene trabajando en un proyecto de ley para reformular el precario régimen sancionatorio para todas las modalidades del transporte”

Labor que una vez concluya se pondrá “a consideración del Congreso de la República, donde, entre otras cosas, se establecen herramientas e instrumentos concretos para el control del transporte informal e ilegal que pulula en varias regiones del país”.

En cuanto a la seguridad social el Gobierno se comprometió a elevar una consulta ante del Consejo de Estado “para resolver la inquietud sobre la obligatoriedad y responsabilidad frente a la misma en el transporte individual de pasajeros”.

Sobre el precio de las tarifas “le corresponde, de acuerdo con el modelo de autonomías territoriales constitucionalmente previsto, a las autoridades locales, en el marco de los parámetros que fije el Ministerio de Transporte”.