El abogado Gabriel Francisco Barreto Menéndez, quien fuera secretario General de la Gobernación de Casanare durante la administración de Nelson Mariño, ratificó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitido el 9 de julio de 2015, donde expresa que no pueden existir establecimientos de educación superior de carácter mixto.
Según el profesional, la Universidad debería ser pública, por cuanto los terrenos y construcción de infraestructura provienen de recursos públicos
Adicionalmente, a partir de ser una institución de carácter público de orden departamental, contaría con inversión de la Gobernación de Casanare para su funcionamiento y para acceder a recursos del orden nacional y coadyuvar a su sostenimiento se podría crear la figura de estampilla.
De esta forma según Barreto Menéndez, tres elementos serían claros; primero disminución de los costos de la matrícula que se realizaría acorde a los ingresos de los ciudadanos, segundo el nivel de profesionalización de los docentes mejoraría, y por último se crearía un buen remanente que podría invertirse en sectores de carácter público como ciencia y tecnología, dotación, campos deportivos en general en todo componentes que incluye el proceso educativo del nivel superior.
Recordó el abogado que el concepto fue solicitado desde la administración de Nelson Mariño, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional de la época, lo solicitó al Consejo de Estado, en virtud a que la Ley 30 de 1992 solo prevé dos formas de organización de la instituciones de Educación Superior, públicas o privadas, siendo las primeras conformadas por ordenanza emanada de la Asamblea Departamental, Acuerdo Municipal, o por Ley de la República, mientras que las públicas se constituyen a través de capital privado, de economía solidaria y/o comercial.
“La creación de Unitrópico es atípica”, reitera Gabriel Barreto, en razón a que no se contempló ninguna figura aprobada por la Ley, teniéndose como base el concepto de la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, en donde manifiesta que “la Universidad del Trópico Americano, está ilegalmente creada de acuerdo a los parámetros que define la Ley 30 de 1992”.
Es así que sugiere al Ministerio de Educación que a través de los mecanismos que consagra la Ley y la modificatoria 1740, intervenga y subsane, todas las anomalías de Unitropico desde su modificación, pero sin violar el derecho a la educación de los estudiantes,
Pública o Privada?
De ser privada existe el inconveniente de que son alrededor de ocho personas o entidades que aportaron $1.000.000 desde su fundación y que actualmente si se decidiera por la figura de privada habría que transferir las inversiones realizadas en obras pública que pueden superar los $30.000 millones, sin que se compadezca que los dineros públicos queden en manos de unos pocos.
Lo inmediato
Para Barreto Menéndez, los pasos a seguir deberían ser en primera instancia que la Gobernación de Casanare, inicie el proceso de creación del establecimiento público de educación superior (ya iniciado) y una vez se defina, la Universidad del Trópico Americano, debe ceder los bienes que aparezcan a nombre de la misma.
La segunda opción sería que los fundadores privados tomen conciencia en favor de la educación superior, y permitan la mutación de la naturaleza jurídica de la institución, para que se convierta en establecimiento público, sin perjudicar a los educandos.
“Con el concepto del Consejo de Estado, el Ministerio de Educación, tiene los mecanismos para tomar las medidas y emprender las acciones pertinentes”, reiteró Gabriel Barreto.