El Tribunal Administrativo de Casanare ha admitido una demanda de Acción Popular interpuesta por Jorge Leonardo Infante Tovar y Oromairo Avella Ballesteros contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Concesionario Vial del Oriente S.A.S. (Covioriente).

La demanda acusa a ambas entidades de ser responsables de la vulneración de derechos colectivos debido a presuntas deficiencias estructurales y de diseño en la doble calzada Yopal -Aguazul, en el sector de la entrada a la capital casanareña.

La magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz encontró que el tribunal tiene competencia para conocer del caso, ya que la ANI es una entidad de orden nacional y los hechos en cuestión ocurrieron en el distrito judicial de Yopal.

La decisión del tribunal confirmó que los demandantes, en su calidad de personas naturales, están legitimados para iniciar la acción, mientras que la ANI y Covioriente, como entidades públicas y privadas, son consideradas legalmente aptas para ser demandadas.

En su resolución, el tribunal ordenó la notificación personal de la providencia a los representantes legales de la ANI y Covioriente.

Además, se dispuso que la parte demandante debe comunicar la admisión de la demanda a la comunidad afectada a través de un medio masivo de comunicación⁶. Se notificará también al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo.

Finalmente, la magistrada concedió a las entidades demandadas un plazo de diez días para responder a la demanda y solicitar la práctica de pruebas^.

También se les solicitó que informen si tienen conocimiento de la existencia de otras acciones populares con identidad de objeto, fundamentos y partes.