En el proceso que se sigue por parte de la Procuraduría Regional de Casanare al alcalde de Sabanalarga Dúmar Alfredo Alfonso Roa   por ejercer con una supuesta inhabilidad sobreviniente el cargo, se cumplió ayer audiencia pública.

Según el Ministerio Público, el mandatario local tenía una sanción fiscal  impuesta por la Contraloría consistente en  el pago de 800 millones de pesos, por irregularidades en la ejecución en unos contratos de  vivienda, cuando fue Secretario de Planeación, en el año 2006 en el gobierno de Helí Cala López.

La Procuraduría le imputó cargos y el jefe del Ministerio Público, en este sector del país Luciano Ramírez Mesa precisó que la falta es considerada como gravísima.

Pese a todo al alcalde se le ha respetado el debido proceso y su defensa hizo la presentación de  los argumentos, para demostrar que éste no tiene vigente ninguna inhabilidad.

En la audiencia efectuada en el despacho del Procurador Regional se presentaron varios documentos donde se asegura, que el fallo de sanción fiscal de la Contraloría, fue revocado.

Entre los documentos entregados se encuentra un fallo   del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal que resuelve una tutela presentada por Alfonso Roa,  contra la decisión de declararle una responsabilidad fiscal en su contra.

Según la apreciación de la defensa, la determinación de la Contraloría quedaría   sin vigencia ya que en el fallo del Tribunal, correspondiente al 10 de julio del 2014 se resuelve la tutela a favor del alcalde.

Alfonso Roa, quien entregó como prueba   copia del fallo insiste en que con esto se queda sin base la sentencia de la Contraloría General donde lo sancionan fiscalmente con 800 millones de pesos.

Se argumenta por parte del abogado Joselito Bautista Acosta, apoderado del alcalde que a su defendido se le violó el debido proceso y no se le tuvieron en cuenta varios derechos constitucionales.

Explica el abogado que el fallo del Tribunal de Julio del 2014 anula la sentencia de responsabilidad fiscal número 002 donde se aplica la sanción.

Esta sentencia es la de primera instancia pero posteriormente se profiere otro fallo, donde queda ejecutoriada la sanción de responsabilidad fiscal y según  Joselito Bautista, también queda anulada con la decisión del Tribunal.

Ante la presentación de estos argumentos, el Procurador Regional manifestó que hará la verificación respectiva de los documentos, para comprobar la veracidad y procedencia que tengan en el proceso.

Estas pruebas se confrontarán con las de la Contraloría y luego se hará una valoración del tema.

Luciano Ramírez Mesa explicó que ahora la Procuraduría se tomará cinco días hábiles, contados desde el dos de diciembre   para analizar dicha documentación.

Posteriormente se dan otros cinco días hábiles a la defensa, para alegatos finales y luego el Ministerio Público en dos días hábiles producirá el fallo en primera instancia.