El juez Primero Penal del Circuito de Yopal profirió un nuevo fallo que ordena la diligencia de desalojo a las familias de la invasión “Mi Nueva Esperanza, para los días 20, 21, 22, 23 y 24 de junio de éste año.

Las familias que serían desalojadas se encuentran ubicadas en los linderos del caño Usivar en la carrera 3 entre calles  40 y 50 del municipio de Yopal, desde el año 2012.

El proceso de desalojo se ha venido dilatando puesto que el 29 de septiembre del año anterior se había proferido el  fallo en primera instancia para la diligencia, el 23 de noviembre fue ratificado en segunda instancia y  el primero de junio de éste año se declaró incumplimiento a fallo e incidente de desacato contra la Alcaldía de Yopal, por no realizar el respectivo desalojo, razón por la cual el juez ordenó que se cumpla lo estipulado sin más dilaciones. 

La semana anterior se había sostenido una reunión entre el alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres y las familias que habitan en “Mi Nueva Esperanza”, donde se acordó la posibilidad de reubicarlos en un programa de vivienda.

La dueña de los predios que están invadidos  es la señora Ana Josefa Pérez Rodríguez, quien interpuso la acción legal que conllevó al  juez a solicitar el respeto a la propiedad privada.

Según uno de los voceros de las familias que habitan el sector  “la Administración anterior hizo un desalojo que luego se declaró ilegal, ya que no se brindaron las garantías para realizar la diligencia sin que sean vulnerados nuestros derechos y respetado el debido proceso”.

Expresó además que nunca han pretendido quedarse en esos terrenos, “solo  necesitamos un plan de reubicación, que se cumpla lo estipulado en el artículo 51 y la ley 1448 de la Constitución Política colombiana que habla del derecho a una vivienda digna para las familias víctimas del conflicto por lo que se requiere un proyecto de reubicación”.

A 1200 millones de pesos asciende la suma  de los requerimientos que se solicita por parte del inspector Segundo Luis Gabriel Pérez  para realizar el operativo de desalojo.

“Esa suma de dinero que gastará la Administración para desalojarnos se podría utilizar para una parte del proyecto de urbanización que debería ser la única solución  para nosotros” indicó el representante de las familias.