El Tribunal Administrativo de Casanare ha emitió un fallo sobre la demanda de pérdida de investidura contra la concejal Karen Tatiana Vargas Unibo, debido a una supuesta infracción por, prepuestamente haber superado el tope de los gastos de campaña electoral.

La demanda se basó en una supuesta omisión en el reporte de los ingresos y gastos de la campaña electoral. Según la parte demandante la hoy concejal habría superado el tope máximo permitido.

Sin embargo, para el Tribunal en las pruebas allegadas al proceso, no lograron demostrar que se superaron los topes máximos permitidos para la campaña al Concejo Municipal de Yopal.

Además, las cotizaciones aportadas no corresponden a servicios prestados a título de donación en especie, ya que se tasaron a valor de mercado.

Es por ello que la autoridad judicial concluyó que no se demostró que se hubiese constatado la omisión del cumplimiento de los requisitos de presentación del informe de ingresos y egresos o la violación de los topes individuales de financiamiento de la campaña.

PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS TOPES MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEBIDAMENTE COMPROBADA; INEXISTENCIA DEL PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLACIÓN DE LOS TOPES MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS e INEXISTENCIA DE MEDIOS DE PRUEBA ALLEGADOS AL EXPEDIENTE propuestas por la parte demandada.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura promovida por la señora YULY YAMARY BARÓN VARGAS contra la señora KAREN TATIANA VARGAS UNIBIO, atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído”

Con esta decisión, Vargas Unibo mantiene su investidura como concejal del municipio de Yopal.

 

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El Concejo de Yopal eligió este jueves 06 de junio de manera anticipa su mesa directiva para el próximo año.  Ángelo Castellanos será el presidente. La primera vicepresidencia quedó en manos de Jhon Jairo y Karen Vargas Unibio como segunda vicepresidente.

Sin embargo, la elección ha generado controversia debido a que Peynado Correa, del Partido Liberal, enfrenta un proceso judicial que pone en riesgo su investidura, mientras que Vargas Unibio del partido Nuevo Liberalismo también está inmersa en un polémico proceso legal, por presunta violación de topes electorales en su campaña.

Peynado Correa se encuentra en un momento crucial, ya que enfrenta la pérdida de su investidura tras un fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare el pasado 23 de abril.

Aunque el proceso está en espera debido a una apelación ante el Consejo de Estado, la situación plantea incertidumbre sobre su permanencia en el Concejo.

En el caso de Vargas Unibio, la situación no es menos complicada, ya que enfrenta una demanda por presunta violación de los topes de gastos de campaña, la cual fue admitida en el Tribunal Administrativo de Casanare y que fue presentada por Yuly Barón, ex candidata del mismo partido al Concejo.

Ante esta situación, el concejal Felipe Becerra Vargas ha cuestionado la elección de personas con problemas legales, para ocupar cargos en la Corporación, advirtiendo sobre las posibles consecuencias que esto podría acarrear.

Además, Becerra Vargas criticó el proceso de elección de la mesa directiva, al considerar que no se realizó una convocatoria previa suficiente, añadiendo más controversia a esta situación.

 
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En la sesión de este miércoles 08 de mayo el Concejo Municipal de Yopal propuso a la Alcaldía, desarrollar una mesa de trabajo con el fin de ampliar y profundizar la discusión del plan de desarrollo.

Según el presidente de la corporación, Michael Castro Niño, la idea es "escuchar las opiniones de las diversas comunidades, ya que son fundamentales para construir un plan que refleje las necesidades y prioridades de todos los sectores de la ciudad".

La Alcaldía respondió afirmativamente a la convocatoria, con la participación del gabinete en pleno. Esta iniciativa del Concejo Municipal busca asegurar que el futuro plan de desarrollo de Yopal,  cuente con el respaldo y la contribución de los diferentes actores de la sociedad.

 
 
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El secretario de hacienda, Mauricio Moreno, fue el encargado de instalar el primer ciclo de sesiones extraordinarias de Concejo Municipal, donde se discutirán 6 proyectos de acuerdo. Dentro de las propuestas sobresale el plan de desarrollo “Yopal para todos 2024 – 2027.

El acto se adelantó en el recinto del cabildo este sábado 27 de abril  y el funcionario entregó varios detalles sobre las proyecciones que tiene para la ciudad, el gobierno de Marco Tulio Ruiz.

Sostuvo que el plan de desarrollo se elaboró de manera participativa, con el apoyo de la ciudadanía y es el instrumento de planificación más importante del municipio.

Agregó que en el documento quedó plasmada la intención que tiene la actual Administración de transforma a Yopal, para posicionarlo como líder en el contexto nacional.

Para lograrlo, es necesario dinamizar la economía y para ello se tiene pensado hacerlo a través de la ejecución de obras, de gran impacto para la ciudad.

Sobre los costos dijo que estos megaproyectos precisó que alcanzan los 500 mil millones de pesos y pese a que el presupuesto del Municipio para durante estos 4 años de gobierno es de 1 billón 837 mil millones de pesos, es necesario hacer gestión.

En este orden de ideas se espera acudir a entes departamentales, nacionales y organismos de cooperación internacional, con el fin de conseguir recursos para la financiación de las obras.

Una de las iniciativas que mencionó el secretario de hacienda, es la construcción de 3 mil viviendas, proyecto urbanístico con el que se espera generar empleo y dar soluciones habitacionales a igual número de familias yopaleñas.

En cuanto a la cifra del presupuesto, que es bastante alta, indicó que gran parte de estos recursos tienen destinación específica. “Más del 50 por ciento del presupuesto corresponde a agua potable, saneamiento básico, salud y educación”, recalcó el funcionario.

Es por ello que el Gobierno local busca robustecer sus propias finanzas. “El municipio le está apostando a fortalecer sus recursos propios, que van a jugar un papel importante y que van a aportar en la inversión a este plan de desarrollo 220 mil millones de pesos”, dijo Mauricio Moreno.

Y en materia de gestión recordó que el Gobierno seccional ha dicho que entrará a apoyar los megaproyectos de inversión del municipio de Yopal, en razón que en la ciudad se concentra el 41 por ciento de la población del departamento.

De otro lado, una de las herramientas para fortalecer las finanzas del Municipio es el catastro multipropósito. Manifestó que desde el 19 de abril se tiene un nuevo gestor para este tema.

La tarea es incrementar los ingresos del ente municipal vía del impuesto predial unificado, cuyo recaudo que históricamente no ha superado los 24 mil millones de pesos.

Moreno confía que en esta ocasión con los más de 57 mil predios urbanos que deben actualizarse, le aportarán adicionalmente a las arcas de Yopal, 20 mil millones de pesos.

Pero también se tiene la meta de actualizar los predios rurales, lo que va a representar otros 20 mil millones de pesos más. Sin embargo el resultado de todo este trabajo se verá reflejado en la vigencia 2026.  

 

 

 
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Se conoció en las últimas horas que el Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda por pérdida de investidura, en contra de la concejal Karen Vargas Unibio del Nuevo Liberalismo.

La demanda presentada por Yuly Yamary Baron, quien también fue candidata por esta misma colectividad política al Concejo de Yopal.

En la demanda se afirma que Vargas Unibio había incurrido a título de dolo, en la causal establecida en el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución Política y desarrollada en el artículo 26 de la Ley 1475 del 2011.

“Artículo 26. Pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos

. La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará con la pérdida del cargo, así:

  1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.
  2. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el procedimiento para declarar la nulidad de la elección. En este caso el término de caducidad se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional Electoral determinó la violación de los límites al monto de gastos.

Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo”.

La autoridad judicial igualmente estableció un plazo que la concejal conteste la demanda. “…dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la diligencia de notificación, podrá referirse por escrito a lo expuesto en la solicitud de pérdida de investidura, aportar pruebas o pedir las que considere conducentes”.

 

 
 
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En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare decretó la pérdida de investidura del concejal John Jairo Peynado Correa del partido Liberal.

La decisión se basa en una inhabilidad por haber suscrito un contrato de prestación de servicios con la Gobernación de Casanare en febrero de 2023.

El mencionado proceso contractual fue ejecutado en Yopal, dentro de los 12 meses previos a las elecciones territoriales, según el artículo 43, numeral 3 de la Ley 136, modificada por la Ley 617.

La mencionada normativa es precisa. “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.

El contrato de Peynado Correa implicaba la asistencia en la elaboración y ejecución del plan operativo 2023, de la Comisión departamental de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo que recibió un pago por los servicios prestados.

El Tribunal determinó que el concejal ejecutó el contrato en Yopal, a pesar de que el contratista indicó que la ejecución sería en dicho lugar.

La demanda de pérdida de investidura en contra del concejal Peynado, fue interpuesta por un líder de su  propio partido, Reyes Emilio Guanaro Vargas, quien también fue candidato al Concejo.

En caso de un fallo definitivo, Guanaro Vargas sería el llamado a ocupar la curul de Peynado Correa. Por el momento la decisión está en primera instancia, por lo que puede ser apelada y se tendrá que espera para un pronunciamiento final por parte de la autoridad judicial.

 
 
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En un documento compartido por el Concejo Municipal de Yopal y firmado por el presidente, Michael Castro Niño, la Corporación se comprometió con adelantar una serie de acciones que busca brindar alternativas a 60 familias destinatarias de una orden judicial.

El mencionado fallo precisa que se deben demoler todas las construcciones que se encuentran ubicadas en la ronda del caño Aguaverde, que atraviesa la vereda La Unión.

En este orden de ideas, el comunicado del Concejo señala que debe adelantarse un trabajo conjunto entre la Corporación, la Alcaldía y la comunidad.

Este esfuerzo estará enfocado en solicitarle al juez, que antes de emitir la orden para ejecutar la sentencia, se brinden alternativas que protejan los derechos de las familias inmersas en este decisión judicial

Un primer paso propuesto en este sentido, será adelantar una mesa de trabajo para redactar un oficio dirigido al juez, donde se le solicite que autorice una audiencia de verificación.

También se buscará la posibilidad para que la comunidad se pronuncie y luego se realice una inspección al sitio para constatar la problemática.

Finalmente en este escrito el presidente del Concejo consideró oportuno solicitar al juez, que antes de impartir las órdenes de desalojo o demolición, se le garantice a la comunidad que no se van a vulnerar sus derechos.

Este tema de la invasión de la ronda del caño Aguaverde, no es un tema nuevo. En el mismo pronunciamiento del Concejo se hizo un rápido recuento de la situación.

Precisa el escrito que en 2014 se instauró una acción popular, por el aprovechamiento que hicieron los propietarios de diferentes predios ubicados en esta zona de protección ambiental.

“El resultado de este procedimiento se dio en el 2019 con el fallo proferido que insta a la Administración a demoler las construcciones que se sitúan a menos de los 50 metros de la rivera del afluente.

A hoy este fallo, que ya es una orden judicial de obligatorio cumplimento no se ha dado, pero se podría dar en cualquier momento, por lo que las familias que tendrían que demoler o reubicar sus viviendas”.

Ante esta situación los destinatarios de esta orden judicial acudieron al Concejo Municipal en busca de alcanzar, junto con la Alcaldía, su intermediación, que permita llegar a unos  acuerdos con el juez de conocimiento que lleva el caso.

 “El Concejo ha puesto al equipo jurídico de la Corporación a disposición para que brinde asesoría. Lo que se busca es que, sin desconocer la orden constitucional, el Estado brinde ayuda para dar solución a la problemática que tiene la comunidad”, expresó el presidente del concejo, Michael Castro Niño. 

 No se les había notificado

Otra situación expuesta en el comunicado señala que la mayoría de estas familias no se les habían notificado sobre la orden judicial, por lo que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales.

Por lo tanto en el escrito se considera necesario “verificar si ha existido alguna irregularidad en el proceso que se pueda subsanar, o que se puedan tomarse decisiones previas a la ejecución del fallo”.

“La orden judicial ya está ejecutoriada, pero al ser una orden constitucional que busca la protección de los derechos colectivos constitucionales, le permite al Juez un amplio manejo para que, en cumplimiento a esa orden, no se afecten otros derechos”, sostuvo Michael Castro.

 

 
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Aprovechando que por estas fechas se celebró el día internacional de la mujer, varias de las integrantes del cuerpo de Bomberos de Yopal fueron homenajeadas por el Concejo de la ciudad.

Ellas recibieron el reconocimiento al mérito ciudadano. Las galardonas fueron la capitán Graciela García Chinchilla, quien lleva 27 años en la institución y la teniente Ángela María Moreno, quien ha permanecido 23 años vinculada al cuerpo de bomberos.

A las dos oficiales les fue exaltado su compromiso, integridad, valor, disciplina y disposición de servicio a la comunidad, durante todo el tiempo que hacen parte de la entidad de socorro.

 
 
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Finalmente se dio el esperado fallo del Tribunal Administrativo de Casanare en el marco de la demanda inhabilidad, en contra del concejal Michael Castro, quien venía ejerciendo el cargo de presidente de la mencionada corporación.

 

La demanda contra el concejal subrayó que se violó régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en el momento en que firmó un contrato con la Gobernación de Casanare, para adelantar trabajos en la red vial, así como proyectos de inversión en el departamento.

 

Según el demandante “Michael Jonathan Castro Niño suscribió Contrato de prestación de servicios profesionales No SECOP II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No. interno 0486 de 2023-02-08; con plazo de ejecución de 4 meses”

 

Sobre el objeto contractual se menciona: “Prestar los servicios profesionales como ingeniero civil, en la programación de los mantenimientos periódicos y rutinarios en la red vial secundaria y Terciaria del Departamento, emitir concepto técnico a través de la verificación y revisión técnica de los proyectos de inversión departamental pertenecientes a los sectores de servicios de agua potable, y saneamiento básico, infraestructura de vías secundarias, vías terciarias, vías urbanas e infraestructura de equipamiento del Departamento de Casanare”.

 

En este orden de ideas la inhabilidad se había presentado debido a que parte de las obras adelantadas por Castro se hicieron en el municipio de Yopal, por lo tanto no podía presentar su nombre como candidato al Concejo de la ciudad.

 

Luego de analizado el caso, la autoridad judicial emitió un fallo de 37 folios donde decreta la pérdida de investidura del concejal Michael Jonathan Castro Niño, del Partido de la U, para el periodo 2024 – 2027.

 

Para la autoridad judicial el cabildante “incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por ejecutar y cumplir el contrato de prestación de servicios profesionales No SECOP II CAS-OAJCDPSP- 0330-2023 y No. interno 0486 del 2023-02-08, de manera parcial en el municipio de Yopal”.

 

 

 
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Tras superar los dos debates requeridos en la corporación, el Concejo Municipal de Yopal aprobó de forma unánime el Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2024, "Por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos, gastos e inversiones de la vigencia 2024".

Este proyecto, presentado por la Administración Municipal, contempla la asignación de recursos para tres iniciativas consideradas claves para el desarrollo local.

La primera es el  aporte del Municipio a la sociedad de economía mixta "Terminal de Transportes de Yopal SAS", por un valor de $4.200.000.000.

La segunda iniciativa es la interventoría y apoyo a la supervisión del proyecto de inversión "Construcción centro de entrenamiento de deportes de contacto, en las instalaciones del complejo deportivo El Hobo", con una asignación de $996.000.000.

La tercera propuesta consiste en adelantar los estudios y diseños de proyectos macro, que sustenten la formulación de proyectos en la FASE III, específicamente estudios y diseños del malecón, con una inversión de $3.000.000.000.

 
 
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