La Procuraduría Regional de Casanare aplazó la lectura del fallo en primera instancia del proceso verbal abreviado en contra del alcalde de Sabanalarga, Dúmar Alfonso Roa, mientras se resuelve una solicitud de revisión de una tutela interpuesta por el implicado, y que al parecer deja sin piso la decisión de la Contraloría General por la que el Ministerio Público le imputó cargos.
“Tomamos un decisión en mi criterio sana, toda vez que está pendiente recibir una sentencia de la Corte Constitucional, la actual nos va a decidir si nos deja en firme la decisión tomatada por el Tribunal Superior de Casanare, o en su defecto, revoca esa decisión“, dijo Luciano Rafael Mesa Ramírez, procurador Regional de Casanare.
De ratificar la Corte Constitucional la sanción fiscal interpuesta por la Contraloría General en contra del mandatario de Sabanalarga, cuando actuaba como director de Planeación de Casanare; Ramírez Mesa aseguró que se “tendría certeza para proferir el fallo correspondiente”.
Respecto al estado de la solicitud de revisión de la tutela por la Corte Constitucional el funcionario del Ministerio Público indicó “se ha recibido una comunicación de la misma sala de revisión de la Corte Constitucional, en la que se informa que se está en proceso de decidir si se revisa o no esa sentencia”.
Durante la más reciente diligencia judicial celebrada este martes, el Ministerio Público no fijo una nueva fecha para la lectura del fallo en este proceso porque consideró “otorgar un compás de espera en aras de la administración de justicia para proteger los Derechos Humanos”.
Añadió que en lapso de diez días se podría conocer la respuesta de la Corte Constitucional que permita avanzar en esta diligencia judicial, “en un tiempo perentorio debe conocerse la decisión, una vez culmine la vacancia judicial”.
Los cargos:
Dúmar Alfonso Roa es investigado por la Procuraduría por presuntamente ejercer sus funciones a pesar de estar incurso en inhabilidad sobreviniente de una sanción fiscal impuesta por la Contraloría General de la República, que lo obliga a pagar una multa de 750 millones de pesos, situación que con lleva a una posible inhabilidad para ejercer el cargo público.
El mandatario ha logrado mantenerse en el cargo en razón a una Acción de Tutela, interpuesta por Alfonso Roa ante el Tribunal Administrativo de Casanare y que es materia de revisión dentro del proceso que adelanta la Procuraduría General.