En Yopal estuvo la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP, recibiendo el informe denominado “Ni delincuentes, ni combatientes” sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la Brigada 16 del Ejército en los años 2005 – 2007, que fue entregado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Social Para la asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), con el respaldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

El informe da cuenta de contextos, patrones, modus operandi y presuntos responsables de una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas en los departamentos de Casanare y Boyacá. A partir del proceso de acompañamiento y representación de familiares de víctimas, las organizaciones realizaron el estudio de 12 casos en los que se recogen 20 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas son atribuibles a la Brigada 16 de la Quinta División del Ejército Nacional, en esa época, que vincula responsabilidades de alrededor de 50 militares y al entonces Coronel Henry William Torres Escalante, primer General del Ejército llamado a juicio por su participación en ejecuciones extrajudiciales y actualmente compareciente ante la JEP.

El análisis del CSPP estableció que de las 9 unidades militares que componen la Brigada 16, 7 de ellas tuvieron una participación activa en la comisión de las ejecuciones. Después de identificar algunos criterios adoptados en una posible fase de planeación de la ejecución, el análisis de diversos métodos de encubrimiento, y finalmente, los mecanismos de impunidad en la jurisdicción penal militar y jurisdicción ordinaria, estos fueron algunos de los patrones identificados en el Informe:

1. En todos los casos existió simulación de combate.
2. El levantamiento de los cuerpos se realizó por la misma tropa que efectuó el operativo en los que resultaron muertas las víctimas.
3. En todos los casos existió una decisión favorable a los militares en la jurisdicción penal militar.
4. Si bien la generalidad de casos estudiados en el país reporta que las víctimas eran de mediana edad, entre los casos del presente informe se encuentran 4 menores de edad, 1 persona con condición especial de salud de otro departamento, 1 adulto mayor y 1 mujer en estado de embarazo.
5. De las 20 víctimas, 17 fueron señaladas por supuestos informantes o un documento de inteligencia que vinculaba a las víctimas con grupos guerrilleros.
6. En más de la mitad de los casos, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Seccional Casanare, tuvo un rol activo en las ejecuciones documentadas, ya sea realizando informes de inteligencia que vinculaban a las víctimas con grupos insurgentes o participando directamente de las operaciones junto con militares de la Brigada 16.

La mayoría de las presuntas ejecuciones del presente Informe se cometieron en 2007, coincidiendo con el periodo de la comandancia del entonces CR Henry William Torres Escalante y el entonces comandante de las Fuerzas Militares, GR Mario Montoya Uribe (2006-2008).

En otros capítulos del documento, se caracterizó la región donde se presentaron los casos (Departamento de Casanare y la antigua Provincia La Libertad de Boyacá). Además, se presentó la dinámica del conflicto y los grupos armados en Casanare desde la consolidación de los grupos insurgentes hasta el actuar de grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las cifras

Actualmente es incierto el número de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos. Según la Fiscalía General de la Nación, Casanare fue el segundo departamento que más registró muertes de inocentes presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional, superado únicamente por Antioquia.

De acuerdo a los informes iniciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos - CCEEU (2012), entre 2002 y 2008 se registraron al menos 82 casos que llevaron a la detención de más de 70 integrantes de la Brigada 16. Desde 2015, la Fiscalía General de la Nación adelanta 58 procesos contra miembros del Batallón de Infantería No. 44 “Coronel Ramón Nonato Pérez”, tan solo uno de los batallones que componen la Brigada, al que se han atribuido 63 víctimas.

Esta diferencia de cifras entre los informes de la CCEEU y las cifras presentadas por la Fiscalía General de la Nación en 2015 de solo uno de los Batallones que componen la Brigada 16, suponen la existencia de un subregistro. En Casanare, la falta de registros puede exceder las 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

En la actualidad, los casos se siguen presentando y denunciando en diferentes lugares del país. Según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2017 se presentaron al menos 11 muertes de civiles que fueron presentadas como bajas en combate en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.

Este es el primer informe que entregan las organizaciones de derechos humanos a la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, como una contribución para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El documento espera brindar elementos para la comprensión del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales como una práctica generalizada y sistemática de vulneración de derechos, que afectó especialmente a la población campesina de la zona.