Durante largas horas se desarrolló el fin de semana y lunes festivo la audiencia de legalización de captura de 22 personas detenidas por las autoridades y vinculadas por la Fiscalía a investigación por el supuesto delito de porte y tráfico de armas y concierto para delinquir.

Dicha audiencia se suspendió ayer debido a que, la juez de Garantías, envió el proceso al superior jerárquico para que asigne un nuevo juez para el desarrollo del proceso.

Según el abogado Lenin Bustos, defensor del algunos de los implicados en el caso, en horas de la mañana la barra de la defensa impugnó la competencia de la juez del municipio de Chámeza, sobre la base de que, existe una línea jurisprudencial que indica que la competencia del Juez tiene que ser en el lugar de los hechos o donde se realizan las incautaciones, en este caso el municipio de Yopal.

Así también lo advirtió el abogado Jesús Albeiro Ávila, quien dijo que, el cambio de la juez, debe ser en la medida en que los juristas son del municipio donde ocurrieron los hechos y son los jueces de Yopal, los que han debatido a través de suficiente jurisprudencia, sobre los derechos fundamentales, constitucionales y el debido proceso, lo que representa mayores garantías para los sindicados.

Irregularidades

Para Lenin Bustos algunos de los implicados son personas reconocidas por su labor de escoltas, presidentes de junta y “armeros”, quienes siempre han limpiado las escopetas a arroceros y ganaderos de la región o que compran municiones para fogueo y caza, quienes están siendo perseguidos como traficantes de armas o como posibles terroristas que preparan atentados.

Para el jurista se están violando los derechos de los implicados, especialmente a dos adultos mayores, quienes presentan  graves problemas de salud y fueron recapturados y tendrán que dormir en los pasillos de la URI de Yopal, según la orden del  Fiscal 33.

Familiares protestan

Frente al Palacio de Justicia, familiares y amigos de los capturados, pidieron mayores garantías para los acusados  y solicitaron presencia de representantes  de la  Defensoría del Pueblo y la  Personería  en las audiencias para que se vele por sus derechos.