^{Por: Martha Cifuentes}

Promotores de la consulta popular petrolera de Yopal radicaron en la Registraduría Civil, 3.780 firmas para continuar el proceso de legitimación que les permita realizarla. De estas al menos se requiere que 1.906 firmas sean avaladas para completar las 10.557 que se requieren y así cumplir el 10% del total del censo electoral exigido por la ley para entidades territoriales.

Durante la primera recolección de firmas radicadas el año pasado se obtuvieron 21.631 apoyos de los cuales, en informe de la Coordinación del Grupo de Verificación de Firmas de la Registraduría, se avalaron 8.651 y se anularon 12.980. Estas no fueron tenidas en cuenta porque se presentaron 5.016 registros uniprocedentes (conjunto de firmas suscritas por un mismo amanuense), 3.571 no correspondientes al censo Yopal, 1.155 registros duplicados, 1.056 de nombres que no correspondían, 906 por no pertenecer al Archivo Nacional de Identificación, ANI y las demás por otros motivos.

Este informe fue publicado oficialmente el pasado 14 de febrero en la página de la Registraduría y se detallan las firmas anuladas y el motivo.

Por ahora la Registraduría tiene 45 días para hacer la revisión de las firmas y si todo se encuentra bien y se consolidan el número de firmas mínimas el Concejo Municipal tendrá un plazo de 20 días para pronunciarse luego de haber sido convocados por el Alcalde para su aprobación.   Finalmente el  Tribunal Administrativo de Casanare  deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta. Cumpliendo todos estos procesos se tendrán hasta tres meses para realizar la consulta.

En el caso de Yopal, la pregunta planteada es ¿Está usted de acuerdo ciudadana, ciudadano yopaleño, que en el municipio de Yopal, Casanare, se realicen actividades de sísmica, fracking, exploración y explotación de hidrocarburos?

Contexto

Desde el pasado 29 de junio de 2017 se constituyó el comité Proconsulta Popular de Yopal que busca prohibir la actividad petrolera en esta capital, a raíz de inconformidad con el proyecto petrolero El Portón y con otras actividades petroleras que según los promotores solo han dejado desolación y tristeza en los habitantes.

En su momento Luis Arturo Ramírez Roa, abogado pro consulta popular de Yopal, explicó que esta iniciativa “tiene por objeto aplicar el principio de precaución y prevención establecidos en el Tratado de Río de Janeiro y de Tokio frente a la experiencia vivida  por los casanareños y, en especial, por los yopaleños, durante más de 30 años de explotación petrolera”.

Los líderes del comité pro consulta de Yopal buscan “rechazar mediante el mecanismo de consulta popular la forma como se ha entregado la riqueza a las multinacionales petroleras”, pues consideran que los contratos de concesión con las empresas extranjeras “son totalmente leoninos para la economía del estado colombiano,  donde la política central del gobierno desconoce lo establecido en los esquemas de ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento territorial frente al uso del suelo”.