Con el propósito de detener el proyecto de exploración petrolero El Portón, que adelanta la empresa canadiense Gran Tierra, en inmediaciones del casco urbano de Yopal; líderes comunales radicaron la solicitud de una consulta popular ante la Alcaldesa, y se han interpuesto ya dos acciones populares por parte de un ciudadano y la Corporación Autónoma Regional, Corporinoquia.

Acciones piden suspensión

La primera acción popular se radicó por parte el abogado Luis Arturo Ramírez Roa, el 24 de abril de 2017 ante el Tribunal Administrativo, “para buscar la protección de los derechos colectivos de las comunidades de Yopal y Aguazul” frente al proyecto petrolero.

Ramírez Roa ha asesorado procesos similares en el Meta, donde ya se avanza con una consulta popular en defesa del recurso hídrico.

En dicha acción involucra a 11 entidades públicas y privadas, empezando por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, e incluyendo las Alcaldías de ambos municipios afectados.

Por su parte Corporinoquia pide la suspensión del proyecto El Portón, como medida cautelar, luego de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se negara inmediatamente a la petición de hacer una audiencia pública sobre el tema.

La directora de la corporación, Martha Plazas, explicó que el Anla se limitó a responder que sólo intervendrá en el caso de que se evidencie un impacto negativo ambiental en el desarrollo del proyecto, lo cual “no podemos permitir, pues debemos actuar bajo el principio de precaución”.

Explicó que se exige que la Anla visite nuevamente el área del Portón y modifique la licencia (otorgada en 2009) teniendo en cuenta el estudio hidrogeológico realizado desde 2014 con apoyo del Servicio Geológico Colombiano, con el objetivo de no afectar los acuíferos subterráneos.

“Lo que evidencian los geólogos es que definitivamente Yopal está en un abanico permeable (…) esto implica que tenemos un riesgo”, dijo.

Las consultas

En la solicitud de convocar a una consulta popular en Yopal, los líderes manifiestan su total oposición a este u otro proyecto en ese sector (vereda la Unión) por ser un sitio estratégico donde hay nacederos de agua, los cuales se podrían ver afectados así como las fuentes de agua superficiales y subterráneas, con contaminación o afectación de la dinámica natural.

La pregunta planteada sería: “Está usted de acuerdo ciudadan@ yopaleñ@ que dentro de la jurisdicción del municipio de Yopal – Casanare se realicen actividades de sísmica, fracking, exploración y explotación de hidrocarburos? Si_ No_”.

Esto amparado en la Constitución Política de Colombia, aunque se está a la espera de la decisión de la Alcaldesa.

Igualmente el 31 de marzo se solicitó una consulta ante el Alcalde de Aguazul.

Luchando contra la corriente

Sin embargo, cada día parece más difícil luchar contra la ‘locomotora’ minero energética.

“Da tristeza que mientras se lucha por la protección del medio ambiente el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley vía Fast Track para evitar que las comunidades hagan realidad la Constitución de 1991 (buscan desconocer las consultas populares).

Que desconocimiento de los Tratados internacionales ratificados por Colombia y los principios de la Constitución del 91 por parte del señor Germán Arce, Ministro de minas que se encuentra arrodillado a los intereses de las multinacionales petroleras y mineras y anunció tal exabrupto jurídico para frenar y desconocer los principios constitucionales del Estado Social de Derecho.

Estaremos atentos y confiamos en los jueces constitucionales que sigan manteniendo los intereses colectivos por encima de los intereses particulares de las multinacionales”, expresó el abogado Ramírez al respecto.