Por posibles irregularidades en la construcción de cuatro pozos profundos (por $22 mil 752 millones 305 mil 793) para el abastecimiento de aguas subterráneas para el acueducto del municipio de Yopal (Casanare) y su interventoría; la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Helver Rossell Martínez Bohórquez, y Nelson Ricardo Mariño Velandia, en sus condiciones de gobernador encargado y gobernador del departamento del Casanare.
La decisión también cobija a Gustavo Adolfo Lara Sepúlveda, en su calidad de jefe de la oficina asesora jurídica de la gobernación del Casanare para la época de los hechos.
La audiencia pública se llevará a cabo el 17 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la sala de Audiencias de la Procuraduría General de la Nación (en Bogotá).
Los argumentos
Al parecer Mariño Velandia suscribió (en junio de 2012) el mencionado contrato de construcción y de interventoría sin verificar la capacidad, idoneidad, experiencia directamente relacionada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Yopal para realizar estas obras.
Agrega el pliego de cargos que siempre fue claro que la EAAAY no era quien iba a ejecutar directamente las obras. Por tanto, el entonces gobernador habría permitido que esta subcontratara las obras civiles pactadas. Además el contrato se habría celebrado de manera directa, cuando lo procedente para escoger al contratista era realizar un proceso de licitación pública.
Se advierte que mediante resolución firmada por el exgobernador encargado, Helver Rossell Martínez Bohórquez, se invocó la señalada causal de contratación directa para celebrar este convenio, tras señalar que el objeto de la EAAAY tiene relación directa con las obligaciones estipuladas.
Al respecto el Ministerio Público reprochó la conducta del entonces jefe de la oficina Jurídica, Gustavo Lara Sepúlveda, quien habría asesorado jurídicamente e impartido su visto bueno a la citada resolución, así como a la solicitud de oferta hecha por la gobernación de Casanare a la EAAAY y al contrato interadministrativo, sin verificar previamente la capacidad, idoneidad y experiencia relacionada de la firma contratista.
En el marco de este proceso los investigados podrán presentar su versión libre de los hechos, y solicitar, directamente o a través de sus defensores, la práctica de pruebas que resulten conducentes y pertinentes para esclarecer los hechos objeto de investigación.