Durante la audiencia de verificación de cumplimiento que se cumplió ayer en el Tribunal Administrativo, en el marco de una tutela que se emprendió por la situación de saneamiento básico de la ciudadela La Bendición, no se mostraron mayores avances por las partes involucradas.
El magistrado Nestor Trujillo cuestionó durante la audiencia al alcalde Jhon Jairo Torres, quien fue escuchado en calidad de empresario y promotor del programa de vivienda, por no tener a la fecha licencias para lo que tiene que ver con la captación de agua y licencias por parte del municipio para continuar con el desarrollo del proyecto urbanístico.
John Jairo Torres indicó que la única urbanización que cumple al cien por ciento con todas las características técnicas según la normatividad es la ciudadela La Bendición, por lo que sus habitantes cuentan con dos plantas de tratamiento de agua potable y también con redes eléctricas para el servicio de energía a las diez mil familias que habitan en el lugar.
El alcalde Ad Hoc, Julián David Peña, designado para éste tema por parte del Gobierno Nacional, también fue cuestionado ya que hasta el momento no ha cumplido con las funciones para las que fue delegado, pues no ha designado el Secretario de Planeación Ad Hoc, quien sería el encargado del proceso sancionatorio urbanístico ante el impedimento del titular de la oficina municipal de Planeación, Fabio Andrés Fajardo Restrepo.
Peña indicó que desde el pasado seis de mayo, fecha en la que se posesionó como alcalde Ad Hoc, se encuentra estudiando cada detalle del caso, por la complejidad del mismo y que la lista de opcionados para el cargo de secretario Ad Hoc, presentaba a su criterio algunos reparos, motivo por el cual solicitó un concepto de orden nacional y se encuentra a la espera de la respuesta.
Así las cosas, quedó estipulado por el magistrado para la primera semana del mes de agosto la presentación del plan de trabajo para lo que tiene que ver con todo el tema saneamiento básico de La Bendición.
En la audiencia se hicieron presentes además los representantes de Corporinoquia, de la Sociedad de Activos Especiales y la Defensoría de Pueblo.